(ca) Tierra y Libertad! La Insurrección de los Pueblos frente al Colonialismo y los Impérios - Resoluciones del VII Congreso de União Popular Anarquista - UNIPA II. (2/3)(pt)

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Dom Ago 2 12:13:42 CEST 2020


En este mismo sentido, la burguesía rural
1) económico: profunda articulación monopolística entre capital industrial-agrario-financiero, profundización de la dependencia del mercado 
exterior y de la fluctuación de precios;
2) políticas: el papel preponderante del Estado y los gobiernos "progresistas";
3) social: programas sociales y de asistencia desarrollados, en gran parte, a través de la captación de la renta extractiva por parte del 
Estado, sin alterar la profundización de las desigualdades sociales y agrarias;
4) ideológico: renovación del mito del progreso, apelación al interés nacional, la propuesta de un modelo de desarrollo "sostenible" y 
"participativo".
Sin embargo, este ciclo de gobiernos "progresistas" apoyados por una política neoextractiva y desarrollista ha llegado a su fin. Hoy, 
América Latina ha experimentado una radicalización de la lucha de clases y las disputas geopolíticas. Al mismo tiempo que está fuertemente 
influenciado por la dinámica global del neoimperialismo, con énfasis en la profundización del modelo colonial neoextractivista y la Nueva 
Guerra Fría, también hay peculiaridades y disparidades nacionales y regionales que determinan los escenarios en cada país y localidad.

2.1 El ciclo del progresismo latinoamericano: integración sistémica y un nuevo salto en el desarrollo capitalista

El modelo neoextractivista fue aplicado en general por los gobiernos latinoamericanos, tanto por los neoliberales más conservadores como por 
los gobiernos progresistas y desarrollistas. En este último, a pesar de los aspectos comunes, debemos diferenciar entre un modelo más 
nacionalista y estatista (casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador) y un modelo que combina el neoliberalismo y el desarrollismo a través de la 
participación del Estado en la economía, pero a menudo de una manera diferente, indirecta y financierizada, a través de subsidios a través 
de bancos estatales, exención fiscal, participación accionaria, capitalización de empresas estatales a través de la apertura de capital 
(casos en Brasil, Argentina, Uruguay).

Las diferencias en el "modelo" del neoextractivismo latinoamericano se materializan en un conjunto de instituciones políticas, económicas y 
sociales, es decir, en estructuras gubernamentales específicas, de acuerdo con su historia, incluidas las luchas populares, en cada país. En 
este sentido, vale la pena recordar que una gran parte de los gobiernos "progresistas" se originan en procesos de movilización sindical, 
popular o indígena en momentos previos a su integración sistémica. Algunos son fruto de insurgencias masivas (como Bolivia), y en estos 
casos, algunos cambios se han profundizado.

Sin embargo, la no ruptura sistémica por parte de cualquiera de estos gobiernos está en la base de la crisis actual en sus modelos de 
desarrollo del capitalismo dependiente y de su política internacional "no hegemónica". El ascenso y la caída de los gobiernos progresistas 
es el resultado histórico de la derrota de los movimientos antineoliberales, obreros y campesinos que surgieron hace más de dos décadas en 
América Latina.

En términos regionales e internacionales, el auge del ciclo de los gobiernos latinoamericanos "progresistas" representaba una política más o 
menos alternativa en relación con los intereses del imperialismo estadounidense, sin embargo, insertada en la estrategia imperialista del 
bloque China-Rusia. Los BRICS y la llamada agenda de cooperación Sur-Sur, así como el papel subimperialista de Brasil en América Latina y 
África, se han planteado retóricamente como un proyecto "antiimperialista", "cooperativo" y como un posible camino hacia la "soberanía 
nacional". En la práctica, significaban la cooperación militar entre estados (contra sus propios pueblos), internacionalización de compañías 
multinacionales brasileñas, aumento de la penetración de capital extranjero, ocupación militar de Haití y territorios marginados dentro de 
sus propios países a través de políticas estatales de contrainsurgencia, expropiación del campesinado, pueblos indígenas y bienes naturales 
y colectivos y profundización de las relaciones de dependencia a través de una economía centrada en la exportación de commodities, 
especialmente a China.

Un ejemplo del proyecto subimperial del PT fue el programa PROSAVANA, creado en 2009. Con la nueva ola mundial de colonización, África es 
vista como un destino estratégico para las inversiones capitalistas y estatales. PROSAVANA tuvo como objetivo ayudar al Estado de Mozambique 
a reproducir en la sabana africana el modelo de agricultura capitalista que expropió a miles de campesinos y devastó la sociobiodiversidad 
del cerrado brasileño. Esto es lo que el subimperialismo del PT llamó política internacional "antiimperialista" y de "cooperación". También 
lo hizo con la política de expansión internacional de Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Ambev, Gerdau y BRF, principalmente para América 
Latina y África.

La crisis del petroleo de 2014/2015 puso de relieve una serie de debilidades de los gobiernos progresistas. El principal fue la 
especialización productiva y la creación de corredores de exportación para productos agro-minerales y energéticos. Además, desde la crisis 
de 2008, varias luchas insurgentes han estallado en el mundo, que en gran parte tuvo, y todavía tiene, el contexto de disputas imperiales y 
coloniales sobre la privatización de los recursos naturales y energéticos. Tal es el caso del levantamiento popular en Brasil en junio de 
2013, la revolución en curso en Rojava desde 2012, los levantamientos populares en Irak, Haití, Ecuador y Chile en 2019. A través de la 
teoría bakuninista, podemos entender la interconexión entre los procesos globales contemporáneos de insurgencia y contrainsurgencia.

Por lo tanto, la crisis actual de los gobiernos progresistas se puede resumir en tres factores principales: 1) Al final del ciclo de 
apreciación de las commodities en 2014/2015; 2) La intensificación de las disputas en la Nueva Guerra Fría, que condujo al ataque 
sistemático del imperialismo estadounidense para colocar gobiernos que defiendan una política de privatización, especialmente en el sector 
energético; 3) En la ruptura del movimiento de masas con los pactos de conciliación de clases llevados a cabo por las burocracias sindicales 
y partidarias, y la ruptura ocurrió por los sectores más sobreexplotados de la clase; 4) Con el ascenso al Estado brasileño del bloque 
burgués-conservador en 2016, liderado hoy por el gobierno de Bolsonaro/Mourão, el papel subimperialista de Brasil se convierte en un 
instrumento fundamental de la geopolítica pro-estadounidense en la región.

Influenciado por el avance conservador, especialmente en Brasil, el imperialismo estadounidense articuló el Grupo de Lima (Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) y, contando con la complicidad de la UE, 
articuló un duro intento de golpe de Estado en Venezuela en 2019, que culminó con la autoproclamación presidencial de Guaidó. La derrota del 
golpe combinó factores internos, principalmente la resistencia civil armada a través de las milicias bolivarianas, y externos, el apoyo del 
bloque sino-ruso a Maduro. Lo que está en juego en Venezuela (así como en Brasil) no es una disputa ideológica "socialismo x capitalismo" 
(falsificación que mistifica la actual guerra fría e impide una política independiente del proletariado), sino disputas sobre los recursos 
energéticos. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo.

A fines de 2019, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales (MAS) fue depuesto. Los principales factores de la crisis fueron: 1) la política 
reformista e idealista de conciliación del MAS con la burguesía, incluidos los sectores golpistas; 2) El proyecto de un neo-extractivismo y 
desarrollismo con retórica "multicultural", que alimentó y fortaleció las fuerzas coloniales clásicas (minería, agronegocios, clericales); 
3) conflictos y rupturas con el movimiento popular e indígena; 4) La conspiración externa del imperialismo estadounidense y el 
subimperialismo brasileño.

Por lo tanto, la crisis en Bolivia no puede explicarse solo como una interferencia externa, sino también como un producto de las políticas 
imperial-coloniales del propio gobierno de Evo Morales. Es importante señalar que Morales entregó a Cesare Battisti a los verdugos de Brasil 
e Italia y fue el único presidente "progresista" en saludar y ser humillado en la toma de posesión de Bolsonaro. Con el golpe, el objetivo 
es extender el neoliberalismo para controlar el gas mineral y el litio (Bolivia tiene el 70% de las reservas mundiales de litio), con la 
privatización y penetración de capital extranjero. La realidad política post-Evo es de ofensiva conservadora e, incluso sin nuevas 
elecciones, el gobierno ya está comenzando a separarse de las viejas alianzas y a realinearse con el imperialismo estadounidense.

Un instrumento importante para el imperialismo estadounidense ha sido el trabajo de la OEA, en la forma de su secretario general, Luis 
Almagro. La OEA ha expresado una fuerte alineación con los intereses estadounidenses. No es sorprendente que Almagro haya sido proyectado 
políticamente por su participación como canciller en el gobierno "progresista" de Mujica en Uruguay. Además de Venezuela, Almagro participó 
activamente en el golpe de estado y la conspiración imperialista en Bolivia.

Con respecto a las discursividades del neoimperialismo, la declaración "democrática" que legitima e impulsa la misión civilizadora imperial 
en América Latina se ha convertido en un aspecto ideológico fundamental de la actual ofensiva liberal-conservadora asociada con los Estados 
Unidos. Mediante acusaciones contra la "corrupción", la "dictadura" y las "reelecciones", las diferentes fuerzas reaccionarias en el 
continente han tratado de explorar los sentimientos legítimos de las poblaciones para avanzar en sus intereses reales de expandir el dominio 
sobre los pueblos y la naturaleza.

Obviamente, la caída de la mayoría de los bloques progresistas-socialdemócratas del aparato estatal no significa que hayan sido eliminados. 
Permanecen bajo diferentes condiciones y reestructuraciones y, lo que es peor, como una fuerza hegemónica en el movimiento de masas en 
muchos países. En general, estos bloques socialdemócratas en crisis han buscado nuevas alianzas con la burguesía, incluidos los sectores 
golpistas. Algunos de estos bloques han regresado o es probable que vuelvan al poder, pero en una correlación de fuerzas diferente a la 
primera década del siglo XX. Algunos restos del progresismo latinoamericano son México y Nicaragua.

El actual gobierno de López Obrador (MORENA) de México, acogido con beneplácito por la socialdemocracia en Brasil (PT, PCdoB, PSOL, MST), ha 
estado implementando un paquete de megaproyectos para minería, agronegocios, hidroeléctrica, turismo e infraestructura. Con este fin, se ha 
basado en el antiguo poder del narcotráfico y los paramilitares, en la creación de la Guardia Nacional y un fuerte discurso desarrollista, 
democrático (uso de referéndum) y asistencial. Esta política colonial y extractiva se llama la "Cuarta Transformación".

México sigue profundamente apegado al imperialismo estadounidense. En diciembre de 2019, el gobierno renovó el acuerdo de libre comercio que 
reemplaza al NAFTA, la USMCA. Las comunidades indígenas y campesinas son los principales objetivos de la "Cuarta Aniquilación", pero la 
existencia de un fuerte movimiento de masas autónomo e insurgente (especialmente el zapatismo) ha resistido heroicamente a los 
megaproyectos, incluida la lucha contra los programas asistencialistas.

En Nicaragua, el gobierno "progresista" de Daniel Ortega (FSLN) maneja las estructuras neocoloniales del desarrollo dependiente periférico. 
El FSLN atraviesa, principalmente en la década de 1990, un proceso de burocratización y degeneración ideológica, del cual Ortega representa 
el ala más oportunista. En 2018, surgieron protestas masivas contra el megaproyecto de desarrollo del canal transoceánico y un paquete de 
medidas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial. El gobierno de la burocracia "sandinista" utilizó la represión más brutal, 
causando docenas de muertes y presos políticos.

Mismo frente a la clara subordinación de Ortega al imperialismo y al neoliberalismo, en toda América Latina el viejo progresismo 
socialdemócrata y el reformismo condenaron la insurgencia popular antineoliberal como un "golpe de estado" y "de derecha". Esto demuestra la 
miseria ideológica y teórica que enfrenta el progresismo en declive en América Latina.

2.2 Las fuerzas en conflicto en la lucha de clases en América Latina

Podemos decir que las fuerzas políticas que hoy disputan la lucha de clases en la región forman tres bloques o tendencias generales: 1) Un 
bloque de la reacción conservadora, clerical, neoliberal, compuesta hegemónicamente de la burguesía agraria, industrial y financiera y un 
sector de la pequeña burguesía, vinculado al imperialismo estadounidense; 2) Un bloque desarrollista, socialdemócrata y reformista, 
compuesto hegemónicamente de la burocracia sindical-popular, una pequeña burguesía y una tecnocracia de empresas y bancos estatales. En 
geopolítica está vinculada al imperialismo chino-ruso; 3) clase trabajadora y pueblos insurgentes, autoorganizados en colectivos, asambleas 
y movimientos populares autónomos.

La realidad regional en la que operan estas fuerzas está marcada por la continuidad del proyecto extractivo colonial (con una cara cada vez 
más conservadora y privatista), políticas neoliberales de destrucción de los servicios públicos, políticas de contrainsurgencia y la 
expansión del poder militar en la sociedad y en el Estado. En relación al empleo, el 53% de la población ocupada en América Latina trabaja 
en el sector informal, lo que dificulta e incluso imposibilita el acceso a los derechos y la protección social. En Brasil, la tasa es del 
46% y en México del 53,4%. Si bien la tasa de empleo ha aumentado ligeramente en Brasil, en Argentina, Chile y Perú se espera una ligera 
caída, incluso si estos países tienen un alto crecimiento por encima del 3%.

Brasil y América Latina están presentes en el índice analizado sobre las terribles condiciones de trabajo. Pero lo que era malo, empeoró. La 
llegada de las tecnologías de "plataformas digitales" de servicios empeora aún más las condiciones de trabajo, alcanzando los niveles más 
detestables de exploración y control de la fuerza laboral. Con la subcontratación, el trabajador todavía tenía acceso a la protección 
social, que no existe en los trabajos bajo el proceso de "uberización".

La nueva tecnología del poder de mercado se expande bajo las narrativas neoimperialistas de "emprendedorismo" y "autonomía total" ("¡sé tu 
propio jefe!"). La distancia entre los centros/sedes centrales de estas empresas y los trabajadores actúa para dificultar la identificación 
de los verdaderos culpables de la miseria, la inestabilidad, el agotamiento físico y emocional de los trabajadores (en general, que se 
culpan a sí mismos). La tendencia es que este tipo de control de la explotación laboral crezca en otros sectores económicos, expandiendo la 
fracción del proletariado marginal.

Todo esto no ha impedido la formación de la conciencia de clase en este sector. Las experiencias de organización y lucha han crecido y son 
fundamentales para la lucha de clases actual. El intento de regular para limitar la actividad de los repartidores, así como las demandas de 
derechos básicos, han generado movilizaciones y manifestaciones por parte de estos trabajadores y en algunos países y ciudades han formado 
asociaciones y sindicatos.

Detrás de la narrativa de la creación de "empresarios libres", los trabajadores están desenmascarando la realidad real: la sobreexplotación 
y la esclavitud moderna, que afectan principalmente a los inmigrantes pobres en los países centrales y las poblaciones negras e indígenas en 
los países periféricos.

Además, la articulación de los Estados para favorecer a las empresas ha generado una serie de denuncias de corrupción y autoritarismo de las 
empresas estatales en toda América Latina. Este escenario político y económico regional, integrado con las realidades nacionales, la Nueva 
Guerra Fría y la nueva ola de colonización han generado una intensificación de la lucha de clases.

Como parte de una guerra híbrida en la Nueva Guerra Fría, los bloques reaccionarios y derechistas han intervenido en procesos 
insurreccionales, de doble poder y de guerra irregular (Libia, Siria, Bolivia y Venezuela son algunos ejemplos) para avanzar en su proyecto 
imperial. La reacción ha desarrollado, según las condiciones, una política de ruptura con las instituciones y el orden, generando en ciertos 
contextos (como en Brasil) un aura "antisistémica", con el fin de expandir el poder del imperialismo estadounidense y de monopolios burgueses.

La política de la extrema derecha ha significado, en términos discursivos/ideológicos, el abandono de las declaraciones universalistas de 
multiculturalismo y ambientalismo. Han propuesto una agenda para la defensa de la cultura occidental, blanca, cristiana y patriarcal que se 
materializa en discursos dirigidos a los "buenos ciudadanos" (contra los inmigrantes en el caso de los países centrales, o la población 
marginada en los países periféricos, pero también contra las mujeres y lgbts) que ha servido de base para políticas antimigratoria, 
encarcelamiento masivo, expansión del poder clerical y racismo religioso, entre otros. La difusión de tales ideas se ha orquestado 
principalmente mediante la manipulación de contenido a través de las redes sociales, con el ex asesor de Trump, Steve Bannon, uno de los 
mejores articuladores de los movimientos de derecha en varias partes del mundo.

En Brasil, la extrema derecha ha relacionado la crítica a las declaraciones multiculturalistas del neoimperialismo a la ideología 
"izquierdista" y al "globalismo" de manera genérica. Esto ha servido para cubrir su política colonialista real con una apariencia 
ideológica, vendiendo la "guerra contra el poder del globalismo/comunismo" como una nueva agenda "emancipatória" para las naciones, 
religiones e instituciones occidentales. De hecho, la extrema derecha bolsonarista ha jugado un papel importante en este proceso regional de 
crecimiento conservador. Eduardo Bolsonaro ya había declarado que buscaba formar una "Internacional de Derecha" con la participación de 
líderes de extrema derecha de América y Europa.

Por lo tanto, él no solo es el hijo de Jair Bolsonaro, es un militante protofascista de extrema derecha que busca construir una cruzada por 
la cultura judeocristiana y los principios de Dios, Patria, Familia y Propiedad (estructura básica de los estados nacionales 
modernos-coloniales) y esas fueron las consignas en las resoluciones de la Cumbre Conservadora de las Américas, celebrada en diciembre de 
2018 en Paraná. En marzo de 2019, Eduardo Bolsonaro comenzó a representar el "The Movement" en América del Sur, el contradictorio consorcio 
de representantes europeos que apoya el "populismo de derecha".

Esta farsa de la "revolución de derecha" también ha tenido éxito debido a la posición que adopta el decadente bloque socialdemócrata y 
desarrollista: actuando como defensores del viejo orden "progresista", de la democracia como un valor absoluto, en resumen, con una política 
cada vez más conservadora en términos nacionales y, en términos internacionales, profundamente impregnado por las declaraciones 
multiculturalistas-ambientalistas-demócratas del neoimperialismo o por el fortalecimiento del bloque imperial chino-ruso.

Este bloque impone a los pueblos un rol de fuerza auxiliar en disputas interburguesas. Por lo tanto, ambos proyectos son dos caras de la 
misma moneda: sirven para unificar sus bases sociales para la realización de sus proyectos coloniales-imperiales para el dominio de los 
pueblos y la naturaleza.

Pero estas son solo dos fuerzas agentes de la lucha de clases en América Latina. Falta una fuerza esencial: las luchas insurgentes y los 
movimientos autónomos de la clase trabajadora. Estamos experimentando un nuevo ciclo global de luchas, una era de insurgencias, 
caracterizada por levantamientos y explosiones más o menos espontáneos y combativos, independientes de los sindicatos tradicionales y los 
organismos representativos. Este análisis es importante para pensar en dos insurgencias: el levantamiento popular indígena en Ecuador (2019) 
y el levantamiento popular en Chile (2019-2020).

En octubre de 2019, Ecuador fue escenario de una rebelión y huelga general campesina, indígena y popular, con barricadas en las calles, 
detención del personal militar por parte del pueblo, ocupación de campos petroleros, toma del Parlamento Nacional (e institución del 
"Parlamento de los Pueblos") y la consiguiente transferencia de la sede oficial del gobierno de Quito a Guayaquil.

La insurgencia comenzó en las jornadas convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) contra el paquete de 
reforma neoliberal del gobierno de Lenin Moreno, articulado con el FMI y la burguesía, lo que resultó en un aumento de la inflación, el 
avance de las empresas mineras y la flexibilización laboral. La insurgencia hizo retroceder al gobierno.

El levantamiento en Ecuador expresó algunos elementos fundamentales para pensar sobre las insurgencias populares en América Latina: 1º) Con 
el grito en las calles "¡Ni Correa, ni Moreno!" y la expulsión de sectores correístas de los actos, las masas populares abrieron una brecha 
estratégica más allá de los bloques conservadores y progresistas; 2º) La creación del Parlamento de los Pueblos en Quito y la experiencia de 
asambleas populares autónomas, centros de apoyo, viviendas y cocinas comunitarias como espacios de poder popular; 3º) La expansión de la 
lucha más allá de los liderazgos históricos, incluyendo el movimiento estudiantil, feminista y principalmente una juventud indígena y 
trabajadores precarios nacidos después del 2000, favoreciendo un diálogo intergeneracional y con sectores no vinculados al correísmo.

A finales de octubre de 2019, estalló una rebelión en Chile, iniciada contra el aumento de las tarifas de transporte, pero que revela un 
agotamiento de las condiciones de vida de las personas, un aumento de las desigualdades sociales y la destrucción ecológica, como resultado 
de décadas de desarrollo capitalista neoliberal y extractivista Se plantearon una serie de demandas colectivistas en manifestaciones 
descentralizadas, con expropiación de supermercados, ocupaciones, barricadas e incendios de trenes y edificios.

La revuelta golpeó los intereses imperialistas de frente con la cancelación de la Conferencia sobre Cambio Climático (COP25), el Foro de 
Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y la final de la Copa Libertadores, contradiciendo desde abajo a las potencias dominantes. La insurgencia 
derrotó el aumento de las tarifas, pero la revuelta continuó.

Las respuestas del Estado chileno se produjeron principalmente en dos direcciones: 1º) Una represión brutal que adquirió el carácter de una 
guerra interna de contrainsurgencia: decretos de estado de excepción, aprobación de leyes anti-barricadas y antirrobo, gastos 
multimillonarios en gases lacrimógenos, bombas, balas de goma, entre otras, que sirvieron para causar más de 3.000 heridos, más de 10.000 
presos, alrededor de 40 muertes y más de mil denuncias de tortura y violación por parte de la policía; 2º) El llamado "Acuerdo de Paz", 
firmado por todos los partidos de la orden (de derecha a la izquierda, incluidos los "libertarios") para canalizar la revuelta popular en un 
referéndum sobre la redacción de una nueva constitución para el país. Como no se logró el objetivo contrainsurgente, la respuesta del Estado 
fue profundizar aún más la represión.

A diferencia de Ecuador, la insurgencia en Chile no tenía articulaciones ni demandas unificadas y, a pesar de la propuesta constituyente, la 
resistencia duró (aunque sea irregular) hasta principios de 2020, destacando tres cuestiones fundamentales: 1º) La incapacidad de las 
fuerzas políticas hegemónicas (reformistas y conservadores) para controlar y "gobernar" a la clase trabajadora chilena; 2º) La creación de 
una serie de estructuras de (contra)poder popular, tales como asambleas comunitarias territoriales, cuerpos de autodefensa para protestas y 
barrios, etc. 3º) La alianza entre el proletariado y los pueblos originarios y campesinos, creando vínculos de las luchas en la ciudad y en 
el campo, que cuestionaron el modelo neoliberal y el neoextractivismo que avanza en la expropiación colonial de los recursos de tierra, agua 
y energía en Chile.

Estos procesos insurgentes latinoamericanos, así como las jornadas de junio de 2013 en Brasil, brindan lecciones importantes para los 
anarquistas y revolucionarios. La primera es que la lucha de los pueblos ha abierto una brecha entre la dualidad sistémica de los bloques 
conservadores y socialdemócratas. Esto puede indicar que estamos ante un giro estratégico, que se consolidará o no, dependiendo de cómo 
actúe cada una de las fuerzas involucradas. Este giro estratégico puede significar una reorganización global del movimiento de masas en 
América Latina con las características que marcan estos nuevos alzamientos y movimientos, que también expresan cambios generacionales, de 
clase y de género en el proletariado latinoamericano.

El segundo aspecto es la diferencia entre la insurrección y la revolución y cómo pasar de una a la otra. Este tema ya ha aparecido en 
diferentes formas en la historia de las luchas populares. Un hito es el concepto de "gimnasia revolucionaria" que históricamente dividió a 
los anarquistas contra los sectores reformistas marxistas o "libertarios". El reformismo que negaba la insurrección y la violencia como 
parte de la acumulación de experiencia y saber colectivo del proprio pueblo siempre tendió hacia el electorismo o el elitismo.

Sin embargo, la mistificación de la violencia y la insurrección como un fin en sí mismos también condujo a desviaciones como el idealismo y 
el aislacionismo. Por lo tanto, es importante presentar un análisis bakuninista, materialista y dialéctico, sobre la insurgencia y la 
revolución y, por lo tanto, contribuir a pensar y actuar en la lucha de clases actual.

Según la teoría bakuninista, la insurgencia es un tipo de proceso político que tiene una serie de características:

a) que tiene en el centro de las acciones el uso de la violencia colectiva (violencia civil no letal, que se une en las formas cotidianas de 
resistencia como el saqueo, las ocupaciones, el sabotaje, los incendios y que por esta misma razón se plantean anular las relaciones de 
dominación y explotación) y la violencia militar (en forma de guerra de guerrillas o guerra regular) como instrumento principal para lograr 
fines políticos o expresar puntos de vista y antagonismos;

b) es un proceso en el que se articula una variedad de sujetos no centralizados y su forma parece estar desorganizada, cuando en la realidad 
es multicéntrica y se rige por formas específicas de organización;

c) es un proceso en el cual una fuerza social relativamente más débil se desarrolla fuera de las estructuras estatales, buscando desafiar o 
anular un gobierno y cambiar las condiciones sociales;

d) que neutraliza el poder del gobierno sobre las regiones, creando formas específicas de dualidades de poderes que pueden ser estatales o 
no y durar más o menos tiempo;

e) que surge de una práctica y, por lo tanto, está sujeto a cambios y reversiones, de acuerdo con las contratendencias que actúan en el proceso.

La insurgencia, entonces, no equivale a una protesta o manifestación violenta. Las marchas, huelgas, piquetes y ocupaciones pueden ser parte 
de diferentes procesos (y proyectos) políticos, así como los procesos electorales. La insurgencia es un proceso político que tiende hacia la 
insurrección y la revolución (aun que esto pueda ser cancelado por otras tendencias contrarias). La insurrección es el evento culminante de 
la insurgencia como un proceso, una situación en la que esa insurgencia toma la ofensiva contra el poder al que se opone. La insurrección es 
el momento decisivo concreto para la insurgencia, porque es cuando la redistribución del poder y los ingresos puede avanzar o retroceder, de 
acuerdo con los propósitos establecidos.

La revolución es un proceso de transformación radical de un sistema de poder político, económico y social (y no solo la forma de gobierno). 
Partiendo de la teoría anarquista, las principales características de la revolución integral, en sus formas y contenidos, son:

a) La revolución es el resultado de un proceso de ruptura con el orden anterior y, por lo tanto, necesariamente violento (de ahí su relación 
con la insurgencia);

b) Los sujetos de la revolución son las masas trabajadoras del campo y la ciudad;

c) La transformación revolucionaria tiene lugar de abajo hacia arriba desde los organismos de poder popular y de la insurrección (y no desde 
arriba hacia abajo a través del Estado/elecciones);

d) El crecimiento y la expansión de los organismos de poder populares (asambleas, consejos, cooperativas, etc.) todavía ocurren bajo el 
sistema capitalista, directamente vinculados a la lucha de clases (huelgas, crisis, alzamientos, etc.);

e) Al reemplazar los poderes de los estados y las empresas capitalistas con los cuerpos del poder popular, se establece un nuevo sistema 
social basado en el autogobierno y el socialismo.

Sin embargo, para que este camino revolucionario se consolide, son necesarias tres condiciones básicas: 1) la existencia de un partido 
revolucionario o, al menos, de un frente revolucionario (como en el caso de Argelia) que garantice una estrategia y dirección de lucha 
unificadas y la militarización del movimiento popular en el momento adecuado (creación de un ala armada revolucionaria); 2) la existencia de 
un fuerte movimiento de masas, influenciado por tal partido o frente; 3) la formulación de un programa revolucionario que permitiría reunir 
a un sector significativo de las masas para la ofensiva insurreccional.

Por lo tanto, la insurgencia y la revolución no pueden confundirse, aun que estean profundamente relacionadas. Las insurrecciones que 
ocurrieron y que vendrán son fundamentales para una política revolucionaria en América Latina y Brasil. Sin embargo, la fuerza de la 
tradición socialdemócrata aún hegemónica en la mayoría de los movimientos de masas, así como la inexistencia o incipiencia de las 
estructuras de (contra)poder popular, son condiciones que tienden a socavar el potencial de los procesos insurgentes, llevándolos a la 
integración sistémica (reformas políticas, constituyentes, elecciones, etc.) o para la represión y contrainsurgencia.

La tendencia hacia el espontaneismo, desorganización o al radicalismo individual y simbólico por parte de los pequeños grupos "autonomistas" 
y "libertarios" ni siquiera rasca la política hegemónica, por el contrario, la refuerza. Sin presentar soluciones reales para la autonomía 
del movimiento popular, dejándolo como rehén de las disputas sistémicas, las crisis de capital solo tenderán a profundizar los niveles de 
explotación y dominación sobre los pueblos. Si continúa su profunda crisis organizativa, el proletariado se elevará de manera justa, pero 
desesperada y llena de límites a su potencial. La dependencia de los falsos líderes de la izquierda institucional, cada vez más cobardes, 
burocráticos y elitistas, inevitablemente dará lugar al avance de la tiranía, el autoritarismo y la sobreexplotación.

La única forma posible de resistir ahora y transformar las insurrecciones futuras en procesos revolucionarios es la constitución de furtes 
organizaciones sindicalistas revolucionarias, que organicen no solo a la clase trabajadora urbana y formal, sino a la masa de trabajadores 
marginados y pueblos oprimidos, negros e indígenas. Esta es una tarea emergencial para la mayoría de América Latina. Vivimos en una Era de 
insurrecciones y revueltas, y el momento de batallas nos llama al deber. Es necesario que los anarquistas y revolucionarios combinen 
paciencia, disciplina y coraje, con una línea correcta de acción, para construir un nuevo futuro junto a nuestro pueblo trabajador y explotado.

3. La conjuntura nacional: ofensiva burguesa-militarista-clerical frente a la nueva guerra fría y la ola global de colonización
El Brasil es estratégico en el cenario mundial y regional y presenta contradicciones a múltescalares que pueden conducir a soluciones aún 
más a derecha y al cierre del régimen, así como soluciones dentro de la democracia burguesa. Ambos convergen para el mantenimiento del 
sistema y la profundización de la represión y la explotación, lo que aumenta la tendencia a la explosión de revueltas e insurgencias 
proletarias.

Es importante caracterizar cómo esta disputa interburguesa, los nuevos proyectos de explotación y dominación del bloque gobernante, así como 
la agencia de la clase trabajadora brasileña, afectan la lucha de clases en Brasil.

3.1 Conspiración imperialista, extrema directa y la crisis de la democracia burguesa en Brasil

La crisis política que comenzó con las elecciones burguesas de 2014 comenzó a prepararse en 2007 y tiene como telón de fondo la disputa 
sobre los recursos energéticos y minerales de Brasil, especialmente el pre-sal. Como hemos dicho, las disputas imperialistas y colonialistas 
expresan relaciones y luchas de poder, en las cuales las conspiraciones son parte del repertorio (tanto conspiraciones interburguesas como 
las insurreccionales) y se intensifican en tiempos de crisis.

Veamos algunos datos que revelan la conspiración imperialista y conservadora en Brasil.

En 2005, Chevron abandonó el proyecto de investigación del pre-sal y vendió su parte a Partex (portuguesa) y Petrobras. Esta última 
permanece en el proyecto y encuentra el área de Tupi, lo que hace que la apuesta del pre-sal se haga realidad. En enero de 2008, hubo un 
robo de HD y computadoras portátiles de un container de Petrobras. Al principio, la policía federal trató la situación como un espionaje 
industrial, pero luego la línea de investigación cambió drásticamente a un robo común. En 2009, se lleva a cabo una conferencia en RJ con el 
PF, el MP y las autoridades estadounidenses, incluido el embajador estadounidense en ese momento. La agenda era la lucha contra la 
corrupción e incluía la participación del entonces desconocido Sérgio Moro.

En 2010, Wikileaks reveló que Serra, entonces un candidato presidencial, había intercambiado telegramas con un alto ejecutivo de Chevron, el 
mismo que había renunciado a Pre-sal, sobre la necesidad de realizar cambios drásticos en los hitos de producción y exploración en el 
pre-sal. En ese momento Petrobras era el único operador y participante mayoritario en las subastas. El compromiso de Serra con Chevron fue 
tal que el proyecto de ley que cambió la participación de Petrobras en el pre-sal fue suyo.

En 2011, Estados Unidos, bajo la dirección de Obama, detalló una redirección estratégica de su política energética en un documento llamado 
Blue Print for a Secure Energy, colocando a Brasil como un actor central en el área de pre-sal, biocombustibles e hidrocarburos. En el mismo 
año, Obama visita las instalaciones de Brasil y Petrobras. Las empresas de otros países también se acercaron a los líderes locales, como la 
visita de CNPC (China) a Alckmin con el fin de invertir en la cadena petrolera brasileña, especialmente en la cuenca de Santos.

En 2013, Snowden presentó documentos que mostraban cómo la NSA realizó un alto espionaje contra Dilma, ministros, altos funcionarios del 
gobierno y también la red informática privada de Petrobras. Ese mismo año, Estados Unidos cambió su embajador en Brasil, asumiendo el 
control de Liliana Ayalde (que participó en el golpe de Estado contra Lugo, en Paraguay) como parte del cambio en la estrategia 
estadounidense para fortalecer la política imperial en el continente.

Este análisis explica algunos pasos tomados por el imperialismo de EE. UU., relacionados con los cambios del gobierno que tuvieron lugar en 
Brasil hasta 2017 y nos proporciona ideas para comprender mejor la Segunda Guerra Fría, el papel estratégico de Brasil y los compromisos de 
Bolsonaro con la entrega de recursos minerales y energéticos a los Estados Unidos. Sin embargo, la evidente conspiración imperialista no 
explica la realidad actual en su totalidad. De hecho, esta narración unilateral sobre las "fuerzas imperialistas globales" ha sido utilizada 
por el Lulismo-Pestismo para eximirse de las contradicciones en 13 años de su gobierno de conciliación. Como ya dijimos, el golpe 
parlamentario de 2016 y la ofensiva conservadora actual tienen lugar bajo las estructuras políticas, económicas e ideológicas construidas y 
profundizadas incluso en los gobiernos del PT. Veamos algunos elementos.

La nueva ola de colonización se desarrolló en Brasil a partir del siglo XXI a través de las estructuras de desarrollo capitalista 
dependiente y una estructura de colonialismo interno, mientras que en otros países sudamericanos tuvo lugar a raíz de una relación 
neocolonial. La nueva ola de colonización en Brasil no se manifestó a través de una repetición de la "ocupación militar extranjera", sino 
que se produjo debido a un doble impulso: la inversión extranjera apalancó una política y estrategia neodesarrollista, de las cuales la 
expansión de la industria extractiva, de la agroindustria y la industria en general fue el componente principal.

Es en este contexto que podemos decir que las estructuras del colonialismo interno, que habían estado refluyendo desde la década de 1980, 
recibieron un nuevo aliento. Las políticas de colonización en Brasil serán conducidas por una burguesía monopolista nacional, asociada con 
el capital extranjero, y con una fuerte participación del Estado. De esta manera, se forma un consenso en torno a la necesidad de 
desterritorializar a los pueblos indígenas y campesinos, allanando el camino para un proceso de mercantilización de tierras y territorios. 
Así, entre los años 2005-2012, se formó un gran bloque, no solo en el sector de "agronegocio", que desarrolló una estrategia de 
desterritorialización.

Las políticas neodesarrollistas aplicadas por los gobiernos del PT revelaron su potencial destructivo a largo plazo. A fines de julio de 
2019, se registró una masacre en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el suroeste del estado, en el que murieron 57 reclusos, 
16 de ellos decapitados. La región sufrió la implementación de megaproyectos como la Usina Belo Monte, que causó varios impactos 
socioambientales, entre ellos, la hinchazón de la población carcelaria, debido a la ampliación de las condiciones de miseria en la región.

En Brasil, las grandes empresas capitalistas del siglo XXI, que llevaron a la expropiación de campesinos, pueblos indígenas, quilombolas y 
poblaciones periféricas, fueron apoyadas por el Estado brasileño a través de PAC y BNDES. Este proyecto neoextractivista es responsable de 
la ruptura de las represas de relaves en Mariana (2015) y Brumadinho (2019), lo que lleva a cientos de muertes y desapariciones, destrucción 
de territorios, viviendas, plantaciones, contaminación de ríos, matanza de innumerables vidas de animales y plantas. Ambos megaproyectos 
mineros estaban anclados en la alianza de la burguesía monopolista nacional con la burguesía extranjera y el Estado brasileño.

El proceso de autoafirmación y expansión territorial de este bloque de poder produjo (o reactivó) el discurso típicamente colonial y las 
formas de dominación: racismo-etnocentrismo, centralismo y monopolismo, extremadamente cruzados por las nuevas ideologías propias del 
neoimperialismo (como fue el caso con etanol/coche flex y la farsa del discurso "ambientalista" imperial). Este proceso expansivo se ha 
convertido en la antesala de un neoextractivismo cada vez más conservador.

Las estructuras coloniales ya naturalizadas y legitimadas a escala nacional bajo los gobiernos del PT llevaron a la burguesía, durante el 
tiempo de crisis política y la caída de los precios del petróleo, a profundizar la ofensiva conservadora y separarse de ciertos paradigmas 
"democráticos" y "ambientalistas", generando así un complejo escenario de disputas y contradicciones. Vemos la transición de una 
neoextracción "progresiva" a una cada vez más conservadora y neoliberal.

La revuelta popular de junio de 2013 indicó una ruptura entre el proyecto político subimperialista y neodesarrollista del PT y los deseos de 
las masas populares por los derechos colectivos. La extrema derecha reaparece como una fuerza precisamente en esta crisis, aprovechando (y 
al mismo tiempo negando) la insatisfacción política difusa y generalizada. Lejos de hacer un discurso de defensa de las instituciones (un 
papel que perteneció a la socialdemocracia), la extrema derecha se apoya en la insatisfacción popular, proporcionando una crítica de los 
problemas sociales experimentados. Desde allí canalizan la revuelta popular hacia una crítica del "comunismo" gobernante, la corrupción, la 
élite intelectual y cultural de izquierda, los inmigrantes, etc.

Las elecciones de 2018 fueron una combinación de tres elementos: la guerra híbrida aplicada en Brasil, la ruptura de las masas con el bloque 
socialdemócrata y el surgimiento de la extrema derecha (clerical y militarista) dentro del bloque conservador desde el golpe parlamentario 
de 2016. La victoria electoral de Bolsonaro, además del fuerte sentimiento de antipetismo, también fue el resultado de la intervención de 
Steve Bannon, un gran empresario y articulista de derecha.

Sin embargo, cuando asume el poder, la extrema derecha se encuentra dentro de las instituciones y la crisis difusa y generalizada contra el 
sistema tiende a volverse en su contra. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con el rápido crecimiento del rechazo del gobierno de 
Bolsonaro. Si Haddad (PT) hubiera ganado, la extrema derecha tendría una oportunidad de crecer aún más surfeando en el descontento popular 
reinante. Pero cuando gana, la insatisfacción en la que cabalga se dirige contra ella misma. La iniciativa tardía de formar un nuevo 
partido, "Aliança pelo Brasil", que rompe aún más a la derecha con el PSL, no parece lograr el éxito de reanudar la popularidad y la 
capacidad para manejar las crisis, que tienden a aumentar.

Las contradicciones del gobierno de Bolsonaro tienen una escala nacional, internacional e intersectorial. Internacionalmente, el gobierno 
está bajo una fuerte presión de las potencias europeas basadas en el discurso neoimperial (la posición de Francia en el caso de los 
incendios amazónicos es ejemplar). Además, y principalmente, la burguesía monopolista brasileña está profundamente vinculada a los mercados 
asiáticos, principalmente a los chinos. El Irán, al que Brasil exporta $ 2.5 mil millones al año, también es un ejemplo. Esta integración 
económica es el resultado de más de una década de gobiernos del PT.

Así, la burguesía nacional que apoyó a Bolsonaro lo presiona para mantener estas alianzas. Pero la política del nuevo gobierno es una de 
subordinación a los intereses estadounidenses, causando fricción entre los intereses "pragmáticos" de la burguesía y la ideología 
protofascista del bolsonarismo. Con el intuito de compensar los escándalos de Bolsonaro, el gobierno ha mantenido el apoyo de la burguesía 
al profundizar el colonialismo interno, favorecer el capital financiero y el ataque generalizado contra los derechos laborales.

Desde 2016, hemos evaluado que el carácter "masivo" de la extrema derecha y la política fascista tenía límites, debido a la naturaleza muy 
colonial de su programa, que tiene poco que ofrecer al pueblo además de una política neoliberal, la retirada de los derechos y la represión. 
Esta línea implica enfrentarse con su propia base social, principalmente los funcionarios públicos y la pequeña burguesía, lo que llevaría a 
un deterioro más rápido de su base electoral más difusa, formada por sectores de la clase trabajadora sin compromiso ideológico con el 
bolsonarismo. Esto es exactamente lo que ha estado sucediendo, con un gran sector de la clase trabajadora desilusionado y se posicionando en 
oposición al gobierno.

3.2 Estado de contrainsurgencia y la estrategia de contrarrevolución preventiva

Este proceso de ofensiva conservadora y liberal está anclado en estructuras militares, jurídicas y políticas que han quedado desde la 
dictadura civil-militar y modernizadas desde la década de 2000 por el bloque socialdemócrata/desarrollista. El Estado brasileño no abandonó, 
en el período posterior a la dictadura, sus características estructurales de un Estado de Contrainsurgencia (como se caracteriza por Ruy 
Mauro Marini), aunque sus mecanismos han permanecido en un cierto reflujo durante el proceso de "redemocratización" hasta los años 2000.

El concepto de Estado de contrainsurgencia expone las especificidades de la contrarrevolución burguesa en América Latina desde mediados del 
siglo XX, que se manifestó no solo por golpes militares, sino también en la reestructuración del aparato de los Estados 
democrático-burgueses, ampliando el papel tutelar e imponente de las fuerzas militares en la política y la sociedad nacionales, la 
transformación estructural de las burguesías nacionales (se internacionalizando y ampliando la dependencia al Estado y al capital 
extranjero) y los movimientos de masas (con una radicalización creciente, escapando del control de los partidos comunistas y socialdemócratas).

Uno de los aspectos centrales del proyecto de contrarrevolución latinoamericana es el cambio en las relaciones mundiales del poder y la 
dominación imperialistas y colonialistas. En la década de 1960, la hegemonía estadounidense había sido sacudida por una serie de 
revoluciones anticoloniales (Argelia, Congo, Cuba, Vietnam), que produjeron cambios en el sistema imperialista, como se mencionó 
anteriormente. Esto provocó un mayor equilibrio geopolítico entre los EE. UU. y la URSS, la llamada Guerra Fría I. Todo esto lleva al cambio 
de la estrategia norteamericana que tiene que operar una respuesta flexible e híbrida, capaz de enfrentar el desafío revolucionario (que, en 
la perspectiva de de los Estados Unidos, siempre es una cara del "peligro comunista") donde sea que surja y en las formas más variadas. La 
ideología anticomunista del "enemigo interno" es una de las características del Estado de contrainsurgencia.

Esta reactivación y modernización de las estructuras estatales de contrainsurgencia en Brasil fue impulsada por el proyecto neodesarrollista 
llevado a cabo por los gobiernos del PT. La creación de la Fuerza Nacional, la Ley Antiterrorista, la modernización e integración del 
aparato represivo y jurídico, las UPP y el aumento de la población carcelaria son algunas de las marcas de este proceso. Así, después de la 
insurgencia de junio de 2013 (y el aumento de las revueltas y huelgas combativas), las fuerzas conservadoras burguesas, en alianza con el 
imperialismo estadounidense, impulsaron el ascenso al poder y la conformación de un nuevo bloque con una estrategia de contrarrevolución 
preventivo, con la profundización del Estado de contrainsurgencia y el uso de las estructuras creadas o fortalecidas por el PT, incluso 
contra él mismo.

Sin embargo, no es correcto usar el término fascismo o dictadura para caracterizar la realidad política actual. Estos términos, aunque 
distintos, representan relaciones de poder y dominación que, al menos todavía, no se verifican. En relación con el fascismo, ya hemos 
abordado sus límites en la periferia y semiperiferia global, debido a las relaciones imperialistas y coloniales que expresan la inserción en 
el sistema mundial e impactan las relaciones de clase y la cuestión étnico-nacional, profundamente diferente de Europa.

En relación con la dictadura, es esencial señalar que el manto institucional de la democracia burguesa no ha impedido el avance del Estado 
policial y penal en Brasil y, por el contrario, ha actuado como su mayor legitimador, siempre dispuesto a modernizar las fuerzas represivas 
en favor de la "democracia".

Por lo tanto, no definir la realidad política actual como dictadura o fascismo no nos lleva a negar la ofensiva general del militarismo, la 
política contrainsurgente, el fundamentalismo religioso, el neoextractivismo y la sobreexplotación de la clase trabajadora. Por el 
contrario, nos lleva a despejar el terreno de los adjetivos y a considerar seriamente los posibles cambios en la coyuntura, incluida la 
posibilidad de un cierre real del régimen debido a la profundización de los conflictos de clase.

El contexto actual de profundización del estado de excepción y contrainsurgencia es impulsado por numerosas causas, algunas de las cuales son:

a) La crisis económica mundial, asociada con las nuevas tecnologías, impuso un declive completo en las vacantes de empleo e hizo desechable 
a una gran masa de la clase trabajadora. En estos períodos, es común aumentar la criminalización de la pobreza e incluso pasar del discurso 
de las medidas socioeducativas (para reinsertar al trabajador en la sociedad y el empleo) a un discurso de exterminio de la masa no 
empleable. El capital no está interesado en volver a socializar a los prisioneros, ya que no tiene interés en capacitar a los trabajadores. 
Las crisis ambientales y epidémicas también pueden favorecer estos intereses genocidas de las clases dominantes.

b) En 2013, estaba bastante claro que el PT perdió el control de las luchas que ejercia a través de la burocracia sindical, requiriendo una 
nueva forma de pacificación a través de una mayor represión y una estrategia preventiva de contrarrevolución.

c) La agenda de seguridad pública se ha convertido en un tema fundamental en la sociedad brasileña, ocupando todos los periódicos y las 
preocupaciones de la población. El ascenso de los delegados del ejército, la policía y el personal militar al poder político expresa una de 
las caras del Estado de contrainsurgencia que está aumentando la interferencia política de las Fuerzas Armadas. Y es precisamente en el 
aumento del poder punitivo del Estado que avanza un Estado policial que enfrenta cualquier militancia política y lucha popular.

d) Existe un claro avance en la ideologización de la aristocracia judicial, adoptada por el discurso anticorrupción, antipolítico y 
antiizquierdista, que se ha apoderado de casi toda la pequeña burguesía. Esto hace que los jueces y fiscales actúen de una manera claramente 
política a favor del fortalecimiento del poder punitivo del Estado, utilizando su autonomía y poder profesional para tratar de condenar a 
los militantes.

e) El avance de la agenda de seguridad pública combinado con la imposibilidad de establecer un pacto social también ha ampliado el poder de 
la policía, desde los gobiernos del PT, con el objetivo de la integración entre las diferentes fuerzas de represión y también el 
fortalecimiento de los servicios de inteligencia.

Brasil tiene una dualidad interna en su realidad política. Tenemos una dualidad de sistemas políticos, que operan simultáneamente y se 
complementan entre sí, pero al mismo tiempo, se excluyen mutuamente. Un sistema político formal, liberal y republicano, que agrupa el poder 
de las instituciones representativas (partidos, sindicatos, asociaciones civiles) y los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Este 
sistema, debido a la naturaleza colonial del Estado y al capitalismo brasileño, está restringido en términos de clase y etnico-racial. Es un 
sistema que existe para las minorías, pero que abarca y coopta porciones significativas de los oprimidos. Existe especialmente como un 
sistema de competencia de partidos para los poderes ejecutivo y legislativo.

Vinculado a este sistema, existe un sistema político informal, en el cual opera el uso de la fuerza policial y militar y las organizaciones 
estatales clandestinas con autorización para ejecuciones sumarias. Es un sistema en el que existe el poder absoluto de los jefes, en el que 
pueden mandar y hacer lo que quieren. Este sistema político es lo que llega a la gran masa de la población a través de la fuerza policial y 
las fuerzas paramilitares, pero también el abuso de poder por parte de concejales, diputados, jefes de empresas y organismos públicos, que 
monopolizan los recursos públicos (a través de la corrupción) y violan derechos basicos.

El proyecto de poder del bolsonarismo ha llevado esta dualidad política a su límite, ya que integra cada vez más paramilitares y grupos de 
exterminio (siempre existentes y fundamentales en la estructura colonial brasileña) en disputas de partidos e incluso en el gobierno federal 
(el asesinato de Marielle y Anderson demuestra esto). Esta cuestión presenta algunos escenarios importantes a considerar:

1) Un golpe militar que interrumpa de manera general las instituciones democrático-burguesas y republicanas a favor del sistema político 
dictatorial con una base paramilitar-clerical-burguesa que llegaría al ejercicio del poder de Estado;

2) Una ofensiva de la burocrácia partidária republicana (de derecha e izquierda), apoyada por la insatisfacción de los sectores populares y 
de la burgueses, para lograr un impeachment a Bolsonaro y mantener el orden burgués y republicano;

3) La articulación de la burguesía para una reestructuración política a través de las elecciones de 2022, que puede apuntar a una 
alternativa electoral más pragmática y neoliberal (sin el bolsonarismo) o un nuevo pacto de conciliación de clases con las burocracias 
sindicales de izquierda .

En todos los escenarios mencionados, la tendencia es expandir y mejorar la represión y aumentar la explotación de las masas trabajadoras. El 
programa protofascista y ultraliberal del gobierno de Bolsonaro-Mourão apunta a una nueva etapa de represión del pueblo acompañada de 
políticas anti-nacionales, con el avance de las privatizaciones, el desmantelamiento de los servicios públicos y la destrucción de los 
derechos sociales y laborales.

3.3 La ofensiva genocida, ultraliberal y clerical del gobierno de Bolsonaro

A pesar de ser vendidos como "outsider" y "antisistema", las bases de apoyo del gobierno de Bolsonaro/Mourão están plenamente establecidas 
entre los sectores de la "vieja política", es decir, los poderosos y explotadores de todos los tiempos. La agenda conservadora impuesta por 
este bloque ultraliberal, teológico y militarista en nombre del máximo lucro de la burguesía significará un aumento de la represión y el 
genocidio de nuestro pueblo, la sobreexplotación y la precarización de las condiciones de trabajo y la expropiación de los trabajadores y 
pueblos rurales.

El terrorismo de Estado, que impone el genocidio y el control en el campo y en la ciudad, tiende a asumir las características de una guerra 
colonial abierta (contrainsurgencia). Las fuerzas de represión deben actuar bajo la dirección de una guerra de exterminio contra los negros, 
los barrios marginales, los campesinos, los pueblos indígenas, las quilombolas y las comunidades tradicionales.

En la misma dirección, los paramilitares están aumentado su poder de influencia sobre los territorios de las periferias y avanza la 
institucionalización de los sicários de los terratenientes. El cambio en las reglas de posesión de armas en propiedades rurales, el paquete 
contra el crimen (aprobado con el apoyo de la izquierda institucional), la creación de la Fuerza Nacional Ambiental y los decretos de 
Garantía de la Ley y el Orden (GLO) son algunos de los cambios que tienen profundizado los mecanismos de violencia estatal-colonial contra 
el pueblo.

La militarización también se ha extendido a las escuelas y otros organismos públicos. Además del programa federal de militarización de las 
escuelas, varios gobiernos han llevado a cabo programas estatales, incluidos los gobiernos del bloque socialdemócrata, como Bahia y Ceará. 
En las universidades e institutos técnicos federales, el gobierno no ha tenido en cuenta las consultas electorales de los rectorios y 
direcciones e intervenciones fiscales. Además, el fenómeno de la "militarización" de las iglesias completa la imagen ideológica de reforzar 
el militarismo entre los más pobres.

Este aumento en la represión y el Estado policial-penal es la base principal sobre la cual se estructura toda la agenda neoliberal y 
anti-nacional. En relación con esta política de contrainsurgencia, las estrategias típicamente coloniales de catequización, modernización y 
expropiación de territorios indígenas, campesinos y quilombolas están avanzando. En julio de 2019, por ejemplo, los buscadores armados con 
ametralladoras invadieron la aldea indígena Waiãpi, en la región de Pedra Branca do Amapari, en Amapá, matando el cacique Emyra Waiãpi.

Junto con la guerra sucia de la policía y los paramilitares, el bloque en el poder está impulsando en el Congreso Nacional varios proyectos 
que refuerzan la impunidad y la legalización de las prácticas colonialistas más viles para atacar a la gente del campo, como el caso de PL 
191/2020 de la minería en tierras indígenas; MP 910/19 que facilita/legaliza el acaparamiento de tierras al aumentar la presión y la 
violencia especialmente en la frontera agrícola; Decreto N ° 10.252 que extingue el Pronera; reducir las inversiones en "agricultura 
familiar" como el PAA; la mercantilización de las tierras de la reforma agraria aumentando la presión sobre los campesinos hacia su 
desterritorialización; control flexible y liberación de pesticidas: cambio en la legislación ambiental; etc.

El bloque socialdemócrata, a través de los gobiernos estatales, también ha continuado con el modelo neoextractivista. En Ceará, el gobierno 
de Camilo Santana (PT), junto con el empresariado, aprueba el lanzamiento de una nueva planta termo-elétrica fósil que generará impactos 
climáticos y socioambientales en una región del estado que ya ha sido devastada por complejos industriales.

En Maranhão, el gobierno de Flávio Dino (PCdoB), junto con la burguesía industrial y extractiva, ha llevado a cabo una política de violencia 
y expropiación contra las comunidades locales causada por la concesión a los Estados Unidos de la base de Alcântara (de acuerdo con 
Bolsonaro), la duplicación BR-135, la construcción de una línea de transmisión de energía y un puerto internacional privado (con la 
multinacional china Acom).

En Bahía, el gobierno de Rui Costa (PT) también está detrás de una serie de ataques contra los pueblos rurales, como la expulsión de más de 
700 familias campesinas de sus tierras en noviembre de 2019.

Existe una tensión entre la burguesía rural y los camioneros que se expresa en la tabla de carga creada por el presidente Temer para tratar 
de poner fin a la huelga de camioneros. La burguesía rural ataca el arancel del flete a medida que aumenta el costo de su producto en el 
momento de la eliminación. Pero el gobierno de Bolsonaro, alertado por los servicios de inteligencia sobre la insatisfacción entre los 
conductores de camiones, ha evitado eliminar la tabulación. De todos modos, el gobierno de Bolsonaro ya ha informado que el objetivo es 
"destetar" a los conductores de camiones poco a poco. Es decir, poner fin a la mesa de carga lo antes posible para satisfacer las demandas 
de la burguesía rural, que puede abrir nuevos conflictos.

Además de estas tensiones, la burguesía rural también tensó a Bolsonaro con el movimiento de trasladar la embajada de Tel Aviv a Israel. 
Brfood (Sadia y Perdigão) dijo públicamente que esperaba más moderación del presidente, ya que tal hazaña podría generar represalias por 
parte de los países árabes en la exportación de productos brasileños. Lo mismo ha ocurrido en las relaciones externas con China e Irán, 
importantes importadores de productos agro-energéticos de Brasil.

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