(ca) grupovialibre¡Nos están matando! El recrudecimiento de la violencia política contra los líderes y lideresas sociales y el retorno del uribismo en Colombia

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Vie Jul 13 08:26:46 CEST 2018


En los últimos días, se registra un incremento sustancial de las amenazas y asesinatos de 
líderes y lideresas sociales en todo el país. Desde la elección presidencial del pasado 17 
de junio se han asesinado 22 líderes sociales, una persona cada día[1]. El panorama es 
bastante gris, pues mientras los grandes medios de comunicación se han dedicado a cubrir 
ampliamente el mundial de fútbol y el gobierno nacional continúa negando la sistematicidad 
de este fenómeno[2]en un intento por invisibilizar los patrones comunes de la masiva 
vulneración a los derechos humanos que se está produciendo en el país, tras bambalinas se 
encuentra la cruda realidad que está marcada por el asesinato, solo en lo corrido de 2018, 
de 123 líderes y lideresas sociales según las últimas cifras de Indepaz.[3]

La situación en el país, que concentra un tercio del total de asesinatos de líderes y 
defensores de derechos humanos ocurridos en el mundo en 2017 según Front Line[4], es tan 
alarmante que distintos organismos nacionales e internacionales han hecho llamados para 
que se atienda de manera urgente este proceso de exterminio que afrontan los líderes y 
lideresas sociales y populares. Y es que, desde finales del año 2016, según datos de la 
Defensoría del Pueblo, han sido asesinadas alrededor de 311 líderes y lideresas, fenómeno 
que afecta especialmente los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, 
Valle, Córdoba, Nariño y Arauca, que concentran el 65% del total nacional y vienen 
manteniendo esta tendencia desde 2016[5], además del aumento de estos hechos en otros 
territorios como el Chocó o el César[6].

Especialmente crítica resulta la situación de los líderes de organizaciones campesinas, 
étnicas o comunales que participan en conflictos en defensa de la tierra, el territorio y 
los recursos naturales, que concentran más del 80% de los casos este año, y más aún de 
quienes participan de la Cumbre Agraria que han recibido más de un tercio del total de los 
asesinatos, principalmente aquellos vinculados a la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) y el movimiento político Marcha Patriótica. En la inmensa mayoría de estos 
hechos los autores son desconocidos, aunque en los hechos en los que hay información sobre 
los responsables, 9 casos son atribuidos a el Ejército y a la Policía, y 2 más a 
organizaciones paramilitares. Existe además también un preocupante registro de asesinatos 
de activistas populares en manos de fuerzas guerrilleras[7].

Lo anterior pone de manifiesto, por un lado, la debilidad en términos reales de la 
construcción del escenario de paz derivados de los acuerdos con la insurgencia de las 
FARC, situación que se viene agudizando con la victoria electoral del uribista Iván Duque 
a la presidencia y la conformación de un congreso donde será mayoritaria la coalición 
reaccionaria liderada por el Centro Democrático[8]; y, por otro lado, la imperiosa 
necesidad de los movimientos políticos y sociales de defender lo conquistado, así como 
buscar estrategias de autocuidado y protección colectiva que permita defender la vida de 
sus integrantes al tiempo que se continúan las luchas por los derechos sociales y la 
defensa de los territorios.

El posacuerdo: Entre el miedo y la esperanza

Los Diálogos de La Habana y la posterior firma de los Acuerdos del Teatro Colón 
significaron un punto de quiebre en la historia contemporánea del país. Supusieron una 
disminución sustancial del conflicto armado, la instalación de un programa de reforma 
social hoy bloqueado y una tímida apertura política, condiciones que derivaron en la 
conformación de un escenario de polarización política en el país, que está marcada por el 
desacuerdo sobre temas que pasan por la solución al conflicto armado interno, el problema 
de la concentración y el uso de las tierras, las estrategias para la sustitución de 
cultivos ilícitos, los derechos de las víctimas y la multiplicidad de actores armados, 
sumado al tipo de justicia para juzgar quienes participaron de la guerra y el conocimiento 
de la verdad histórica y judicial.

En medio de este panorama, encontramos, por un lado, al uribismo y los sectores más 
retardatarios y guerreristas que han impulsado discursos de odio no solo anticomunistas o 
contra las guerrillas sino también contra todos aquellos sectores y comunidades que no se 
enmarquen en un orden transversalizado por el autoritarismo y el terror. Así, en el país 
todavía hay muchos que se aferran a la promesa incumplida de seguridad y confianza 
sostenida por el ex presidente Uribe Vélez, siendo apoyado no solamente por las 
recientemente reunificada burguesía colombiana[9], sino también por otros grupos 
pertenecientes a las capas medias y los sectores empobrecidos de la población, que, bajo 
el velo del miedo hacia lo diferente y lo otro, prefieren apoyar "el que diga Uribe".

Por otro lado, tenemos una gran variedad de posiciones y apuestas reunidas en torno a la 
defensa de los Acuerdos de Paz y un creciente sentimiento anti uribista liderado por la 
socialdemocracia, pero no exclusivo de ella. Este bloque diverso y contradictorio, ha 
jugado sus cartas a través de la construcción de un discurso y un sentimiento signado por 
el anhelo de un cambio social aún vago y brumoso, pero que reconoce en el uribismo un 
obstáculo real para avanzar así sea mínimamente en aspectos que refieren a la 
democratización de las instituciones, el desarrollo de políticas con enfoque de género, la 
restitución de tierras o la defensa de derechos sociales básicos. Vale la pena resaltar 
que se entiende al uribismo como obstáculo real no solamente en términos de oposición 
política sino como la posibilidad de volver a legitimar la persecución, las amenazas y el 
asesinato de todas aquellas que luchan y se oponen a todos aquellos proyectos, políticas y 
lineamientos que atentan contra la vida digna, nuestros territorios y la madre tierra.

Duque y el uribismo: Retos para los movimientos políticos y sociales

Así, en medio de un ambiente electoral crispado por el miedo y la esperanza, el pasado 17 
de junio, Iván Duque por el Centro Democrático ganó las elecciones presidenciales, y 
aunque el uribismo está debilitado, se posicionara nuevamente en el poder ejecutivo, 
contando además con una mayoría en el Congreso. Pero ¿qué ha significado esto hasta el día 
de hoy? Ad portas del cambio de gobierno, el Centro Democrático ya empezó a consolidar sus 
apuestas, ejemplo de ello, son las fuertes modificaciones a la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) en acuerdo parlamentario con las fuerzas que hasta hace poco integraban la 
Unidad Nacional, que elimina el enfoque de género en los Acuerdos de Paz y le confiere un 
tratamiento especial a las Fuerzas Armadas, lo que sin duda va a significar impunidad; sin 
contar la anunciada inclusión en el próximo gabinete ministerial de joyitas de las más 
rancia ultraderecha nacional.

Los grupos contrainsurgentes de derecha, armados por sectores de la burguesía y las 
Fuerzas Armadas, que expresan el fenómeno del nuevo  paramilitarismo, han entendido el 
panorama político nacional como favorable para dar desarrollar su política del terror y 
agenciarla sin mayor tapujo. Al igual que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos 
supuso un gran aumento de los crímenes de odio racial y la actividad de los grupos 
xenófobos, y la victoria de Mauricio Macri en Argentina y la asunción de Michel Temer en 
Brasil supuso una ofensiva contra las conquistas populares por parte de los defensores de 
la Operación Cóndor y las últimas dictaduras cívico militares, la victoria de la Duque en 
Colombia supondrá un aumento de la violencia contra los líderes y lideresas sociales, y un 
empeoramiento del asomo de genocidio político contra la izquierda y los movimientos 
populares que se viene experimentando desde finales del santismo.

Si las amenazas y los asesinatos han incrementado en los últimos dos años, en las últimas 
semanas se ha disparado de forma alarmante. Lo más preocupante es que la cifra pareciera 
ir en aumento. No más en los últimos días se hizo pública una amenaza a través de una 
llamada telefónica a Deyanira Ballestas, profesora en San Pablo, Bolívar, así como otras a 
través de panfletos y llamadas a tres estudiantes de la Universidad Nacional sede Palmira, 
o aquellas que salieron a la luz en el marco de las jornadas de concentración 
desarrolladas el viernes 06 de julio que denunciaban y rechazaban el asesinatos a líderes 
y lideresas sociales[10]; y en lo que llevamos del mes de julio, han sido asesinados 10 
líderes y lideresas sociales[11]: Iván Lázaro (Puerto Libertador, Córdoba), Luis Barrio 
Machado (Palmar de Valera, Atlántico), Santa Felicinda Santamaría (Quibdó, Chocó), David 
Mejía Prieto (La Montañita, Caquetá), Margarita Estupiñán (Tumaco, Nariño), Ana María 
Cortés (Cáceres, Antioquia), José Fernando Jaramillo Oquendo (Ituango, Antioquía), Ancizar 
Cifuentes Vargas (Chaparral, Tolima), Alexander Castellanos Triana (Cartagena del Chairá, 
Caquetá) y  Fernando Gómez (Guacarí, Valle del Cauca). Esto, sin contar los 7 jóvenes que 
fueron masacradas en hechos aún por esclarecer en Argelia, Cauca o los tres luchadores 
sociales asesinados en Ituango, Antioquia en las últimas semanas.

Sin duda, el panorama es bastante negativo para todas aquellas personas que apuestan por 
otras alternativas de vida. Por lo anterior, es urgente empezar a construir estrategias 
que, por un lado, blinden a los movimientos políticos y sociales, protegiendo de forma 
integral tanto a sus integrantes como a sus procesos organizativos. Se hace urgente luchar 
por la construcción de programas de protección estatal bien equipados y financiados, bajo 
el control de las propias organizaciones comunitarias, así como el desmantelamiento pleno 
y definitivo de los grupos paramilitares y la persecución de los empresarios, 
terratenientes, jueces, policías y miliares que los financian, amparan y organizan. Se 
hace urgente denunciar y visibilizar la sistematicidad de este fenómeno, derrotando la 
operación de ocultamiento que este gobierno ha sostenido y solo se profundizará en el 
gobierno entrante. Se hace necesaria la solidaridad entre las organizaciones sociales y 
populares de los más diversos sectores a nivel nacional, así como de otras organizaciones 
y movimientos a nivel internacional. Se hace necesario un mayor acompañamiento de los 
movimientos urbanos hacia los movimientos rurales, quienes hasta el momento se han visto 
más afectados[12]. Se hace necesario seguir fortaleciendo la esperanza por sobre el miedo 
para defender nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros territorios.

¡Nos están matando! ¡Basta de asesinatos a líderes y lideresas sociales!

¡Basta de persecución y amenazas a la izquierda y los movimientos populares!

¡Arriba las que luchan!

Grupo Libertario Vía Libre

Bogotá. Julio, 2018

Referencias bibliográficas:

[1]Indepaz, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica. Separata de actualización. Informe 
especial: Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 2018. En Indepaz.org.co. Link: 
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Separata-de-actualizaci%C3%B3n-de-INFORME-ESPECIAL-Todos-los-nombres-todos-los-rostros.-5-de-julio-2018.pdf 
Recuperado 08/07/2018

[2]Hace unos días el ministro del Interior, Guillermo Rivera, insistió en que esta 
situación no es sistemática y que, por el contrario, obedece a circunstancias diversas en 
cada una de las regiones. Para más información: 
https://www.lafm.com.co/politica/gobierno-insiste-que-asesinatos-y-amenazas-lideres-no-son-sistematicos 
Recuperado: 06/07/2018

[3]Indepaz, Separata de actualización. Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 
2018. En Indepaz.org.co.

[4]El Espectador. Asesinatos de defensores de DD.HHH en Colombia. Enero 9 de 2018. Pág. 1

[5]Indepaz, Separata de actualización. Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 
2018. En Indepaz.org.co.

[6]Nicolás Marín Navas. Un violento comienzo de año para los líderes sociales. El 
Espectador. Febrero 1 de 2018. Pág. 2-3

[7]Indepaz, Separata de actualización. Todos los nombre, todos los rostros. Julio 5 de 
2018. En Indepaz.org.co.

[8]Para un análisis de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio puede 
revisarse nuestro texto Perspectivas libertarias sobre la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales en Colombia. Link: 
https://grupovialibre.org/2018/06/23/perspectivas-libertarias-sobre-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-colombia/ 
Para una revisión de las elecciones de marzo a Cámara y Senado puede consultarse 
Perspectivas sobre las elecciones legislativas de 2018. Link: 
https://grupovialibre.org/2018/03/16/perspectiva-sobre-las-elecciones-legislativas-del-2018/

[9]Grupo Libertario Vía Libre. Perspectivas libertarias sobre la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales en Colombia. Junio 23 de 2018.

[10]El Espectador. Amenazan a líderes sociales en plena ‘Velatón'. Julio 7 de 2018. Link: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/amenazan-lideres-sociales-en-plena-velaton-articulo-798798 
Recuperado 07/07/0218

[11]Es importante resaltar que posiblemente está cifra se encuentra desactualizada pues 
cada día salen nuevas noticias sobre amenazas y asesinatos en el país.

[12]Algunas de estas demandas, que provienen de los movimientos sociales y populares, las 
desarrollamos en Grupo Libertario Vía Libre. Día Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras-2018. Link: 
https://grupovialibre.org/2018/03/08/dia-internacional-de-las-mujeres-trabajadoras-2018/ 
Recuperado 08/07/2018

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