(ca) FAI, Tierra y Libertad #259 - 19 de julio de 1936 -- El género humano de vacaciones (it)

a-infos-ca en ainfos.ca a-infos-ca en ainfos.ca
Dom Jul 8 09:09:29 CEST 2018


En su último parte de guerra firmado el 1 de abril de 1939, el general Francisco Franco 
proclamaba exultante la victoria definitiva de los "nacionales", dando por concluido un 
conflicto que había desgarrado España durante casi tres años. El júbilo de los vencedores 
estaba justificado: no se trataba simplemente de un triunfo militar o de un relevo en el 
gobierno; lo que el final de la guerra definió fue el establecimiento de una tiranía rapaz 
y asesina cuyos fundamentos nacional-católicos han perdurado en buena medida hasta 
nuestros días. ---- Atildado y pomposo, con aire de criatura grotesca y ridícula, el 
general Franco jamás pensó en resignar su poder autocrático. A lo largo de su reinado 
llevó a cabo minuciosamente el plan original diseñado por los militares, esto es: un 
asalto a la República que encubría la voluntad de aniquilar a un combativo movimiento 
obrero. Aunque no fuese el escogido en un primer momento, nadie más indicado que Franco 
para hacer prosperar aquél encargo: astuto, implacable, cruel, despiadado y profundamente 
resentido con la República, el "Caudillo" conocía bien su oficio. En 1917 había prestado 
sus servicios para sofocar una huelga general, y en 1934 capitaneó la violencia legal 
contra los trabajadores asturianos; bajo su mando, por primera vez los temibles 
"Regulares" y la Legión, integrados por tropas africanas, actuaron como cabeza de puente 
de la represión del Estado contra su propia población.

Tras el flirteo inicial con un fascismo de corte mussoliniano, el panorama internacional 
resultante de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, así como el proceso de 
industrialización masiva y la bonanza económica de los años sesenta, impusieron algunas 
correcciones ideológicas al régimen franquista. Sin embargo, ninguna de estas adaptaciones 
a las diferentes coyunturas fue tan audaz como para conmover sus sagrados fundamentos, 
esto es, el catolicismo, el militarismo y un contumaz nacionalismo. Carente de modelos de 
referencia históricos, el franquismo rescató el legado de los Reyes Católicos para cocinar 
una papilla ideológica donde no faltaron ni la exaltación del glorioso pasado imperial y 
del ejército, ni el elogio del racismo y el machismo más rampantes, ni elementos tomados 
del fascismo como las liturgias de masas o el culto al caudillo redentor. Abanderando las 
fuerzas de la "España eterna" contra las ideologías de importación, Franco simbolizó la 
victoria de la Contrarreforma, del patriotismo militante y del catolicismo 
fundamentalista; triunfo de la usura moral, pero también de la ambición personal sin 
límites encarnada en un hombre sediento de poder absoluto.
Es posible que las teorizaciones sociológicas del franquismo nos hagan perder de vista la 
verdadera naturaleza de un régimen mórbido y brutal. Durante casi cuatro décadas, una 
España de uniformes y sotanas albergó campos de concentración, prisiones abarrotadas de 
presos políticos y patios de ejecuciones, y fue escenario de torturas, extorsiones 
laborales, expolios, saqueos y robos de bebés. Pero sería un error pensar que un reinado 
de terror puede perdurar sostenido únicamente en la coacción y la violencia. No hay 
tiranía capaz de perpetuarse apelando al temor y al castigo como únicos estímulos. Cicerón 
ya advirtió de que "no hay poder tan grande que dure mucho tiempo bajo la presión del 
miedo". En estos casos, el descontento general acaba por tambalear el statu quo y se crea 
un estado de excepción permanente que hace imposible la gobernabilidad.
Como tantos otros tiranos que nunca se dejaron tentar por el remordimiento y jamás 
pensaron en abandonar la escena de la Historia por otra puerta que no fuese la muerte, 
Franco contó hasta el final con la lealtad de las élites y con la adhesión entusiasta de 
sus correligionarios, pero también con la pasividad y la aquiescencia de grandes bolsas de 
población beneficiadas por el ciclo de bonanza económica derivado de la industrialización 
del país. En efecto, Franco falleció de forma agónica en la cama de un hospital después de 
haberlo dejado todo atado y bien atado.
En cualquier caso, lo verdaderamente significativo del régimen fue su carácter inaugural; 
si obviamos los elementos puramente propagandísticos, el franquismo carecía de 
antecedentes históricos y de puntos de referencia en el pasado. Había, claro está, la 
remisión a los Reyes Católicos, forjadores de la gloria de España, a la proyección de un 
destino providencial, al bastión de la cristiandad, etc.; pero, desde un punto de vista 
estrictamente político, la ideología nacional-católica aquilatada en torno a un líder 
carismático era algo novedoso. De ahí que fuese necesario tejer una épica de la Guerra 
Civil y conferirle un sentido seminal, mítico. Así, definida como combate decisivo entre 
las dos Españas tradicionalmente en conflicto, la Guerra Civil habría puesto fin a siglos 
de insidias y maquinaciones de los enemigos de la patria, de los partidarios de nocivas 
ideologías ajenas a la esencia nacional, de los liberales, los socialistas, los sin Dios.
En los anales de la historia oficial quedó registrado que el general Franco, auxiliado por 
la Providencia, había arrancado el país de las garras del comunismo, un casus belli que 
poseía el inmenso valor de presentar al nuevo régimen bajo una luz heroica y salvadora. 
Los numerosos propagandistas del "espíritu del 18 de julio" difundieron sin desmayo la 
letanía de la lucha fratricida entre la España devota y eterna, y la anti España, 
diseminadora de desorden y anarquía. De este modo, la victoria militar significó para el 
franquismo una fuente de legitimación, una autoinvestidura que le permitió sentar las 
bases de su propia legalidad.

No obstante, más allá del barniz doctrinario y propagandístico, hoy en día restan pocas 
dudas de que la Guerra Civil española debe ser leída en clave de lucha de clases, más 
concretamente, como el último de los grandes conflictos marcados por un agudo antagonismo 
de clases. El movimiento obrero español de los años treinta había cobrado una dimensión y 
una capacidad de organización y combate realmente amedrentadoras para las élites 
tradicionales que fiaron, una vez más, la custodia de sus privilegios a un ejército 
ultramontano de raigambre golpista. Dados los antecedentes de las primeras décadas del 
siglo y la esgrima permanente entre tentativas revolucionarias y represión estatal que 
había generado un clima social inflamable, los sectores dirigentes comenzaron a temer por 
sus posiciones. La victoria del "Movimiento Nacional" dejó el camino expedito para llevar 
a cabo una "limpieza" definitiva que adquirió la categoría de genocidio.
La claudicación del movimiento obrero fue completa; a excepción de algunos focos de 
resistencia encarnados en el maquis, se vio abocado a una larga travesía en el desierto 
del exilio y únicamente lograría rehacerse durante los años sesenta, con la creación en 
Asturias de las primeras "Comisiones Obreras". De esta forma, los trabajadores resurgían 
tras un hiato de "25 Años de Paz" y emprendían el duro camino de la resistencia organizada 
contra el régimen.
* * *
Con independencia de las particularidades de sus respectivos análisis, vencedores y 
vencidos comparten una memoria de la Guerra Civil entendida como conflicto entre dos 
concepciones antagónicas del Estado. Aunque esta visión ofrece numerosas variantes sobre 
las causas y las consecuencias de la guerra, preserva la dicotomía esencial que opone a 
"nacionales" contra "republicanos". Naturalmente, no se trató simplemente de una lucha 
entre modelos estatales, sino de cosmovisiones contrapuestas. En todo caso, cuando se 
estudia la literatura producida por republicanos y "nacionales" lo que resta en el filtro 
de la crítica historiográfica es una batalla entre un proyecto de orden nimbado de 
patriotismo y clericalismo, por un lado, y un proyecto de democracia liberal, por el otro. 
Este contexto explicativo de la Guerra Civil ha ofrecido estupendas oportunidades para 
escamotear aspectos decisivos del conflicto. En primer lugar, se ha obviado la paradoja de 
que la guerra tuvo lugar debido a que el movimiento obrero, de fuerte impronta 
anarcosindicalista y consciente de la inminencia del golpe, se preparó para dar una 
respuesta armada, mientras los dirigentes republicanos hacían desesperadas concesiones 
entre bastidores a los militares.

Por otro lado, se ha negligenciado que durante el colapso del aparato estatal republicano 
los combates en muchos puntos del país no se saldaron con un claro vencedor. Fue 
precisamente durante ese periodo de indeterminación cuando el movimiento obrero español 
modificó de forma "espontánea" la respuesta defensiva inicial en un proyecto 
revolucionario de transformación social radical.
Principalmente en Barcelona, un tradicional feudo anarcosindicalista, la fisionomía urbana 
y el pulso de la ciudad se vieron alterados de forma espectacular. Tras contener y reducir 
los últimos enclaves golpistas, los trabajadores crearon nuevos órganos de poder popular 
que procedieron inmediatamente a colectivizar la producción: las fábricas fueron ocupadas 
y en algunos casos reconvertidas en centros de producción militar con el objetivo de 
contribuir al esfuerzo bélico. Se expropiaron casas de simpatizantes del golpe huidos o 
detenidos que fueron reformadas para dar cabida a mendigos, ancianos, niños y refugiados 
de otras regiones, o transformadas en bibliotecas y comedores populares. Los Comités de 
Distrito y la Federación de Barricadas controlaron la circulación de los vehículos e 
individuos en el interior de la ciudad y establecieron perímetros de seguridad para los 
habitantes de los barrios; en este sentido, algunos elementos considerados nocivos para la 
sociedad como los proxenetas y los traficantes fueron eliminados.
En estas y otras medidas resonaban los ecos de otros episodios en los que la clase obrera 
había tratado de anticipar su proyecto de una sociedad sin dirigentes y dirigidos; y tal 
como había sucedido en el pasado, surgieron los mismos problemas a la hora de superar una 
situación en la que una multiplicidad de poderes no federados competían con un poder 
estatal que iba poco a poco recobrando el aliento. A pesar de controlar la calle y la 
producción, los trabajadores no se desembarazaron por completo del Estado; destacados 
líderes anarcosindicalistas auspiciaron la creación del Comité Central de Milicias 
Antifascistas, un órgano que, apelando a la unidad con fuerzas políticas sin la menor 
representación en la calle, acabaría por convertirse en la palanca que expulsaría a los 
trabajadores revolucionarios de su posición de fuerza. Pero antes de ese desenlace, se 
organizaron columnas de milicianos con el objetivo de socorrer Zaragoza y apoyar la 
formación de las colectividades que habían ido brotando en diversos pueblos de Aragón.
Animados por un ideal de igualdad y fraternidad, estas milicias precariamente 
pertrechadas, compuestas en su gran mayoría por trabajadores y trabajadoras sin formación 
militar, apelaron a la responsabilidad individual y no a la tradicional jerarquía 
castrense. Acatando los acuerdos adoptados en asamblea, sus integrantes recibían la misma 
remuneración y no se contemplaban ni jerarquías ni estados mayores, aunque existiese un 
mando escogido según un principio electivo y sujeto a revocación inmediata. Este espíritu 
suplió, al menos en un primer momento, todas las adversidades; sin embargo, con el 
desarrollo de los eventos y los giros internacionales del conflicto, en especial la 
intervención de Italia y Alemania, y el fortalecimiento de la influencia comunista en la 
retaguardia, el vigor inicial fue cediendo frente a las carencias militares y el boicot 
soviético.
A medida que las milicias avanzaban hacia Zaragoza asistieron al surgimiento o la 
consolidación de colectividades rurales que plasmaban en la práctica décadas de 
decantación de las ideas libertarias en la Península. El vacío de poder dejado por el 
derrumbe del Estado propició en numerosas localidades la puesta en funcionamiento de una 
organización social horizontal y democrática. Como consecuencia de este proceso, se 
produjo un colosal cambio de clima mental, una transformación que apenas tenía parangón en 
la historia contemporánea.
* * *
Hoy disponemos de un saber bastante aproximado de estas colectividades. En las últimas 
décadas el interés por el estudio de diferentes aspectos de la experiencia colectivista 
dio como resultado un buen número de obras rigurosas desde el punto de vista metodológico, 
así como trabajos más acentuadamente ideológicos, a los que debemos agregar una extensa 
lista de memorias y testimonios de los protagonistas, nos ofrecen una pintura general del 
proceso colectivizador. Sin embargo, en los años sesenta, cuando Frank Mintz comenzó a 
preguntarse por el alcance real de las colectividades, no disponía ni de una vasta 
bibliografía ni de una base empírica documental accesible. Mediante una ardua labor de 
investigación y con el espíritu del buen estudioso que busca la verdad más allá de sus 
propias preferencias, trató de calibrar el impacto del proceso autoinstituyente que los 
campesinos españoles habían emprendido y de verificar si poseía algún valor de ejemplo 
para el presente. La minuciosidad de Mintz en el manejo de las fuentes y de la 
documentación permitió contemplar desde otro ángulo un acontecimiento sometido hasta 
entonces al disimulo académico. El estudio fue enriqueciéndose con nuevo material con el 
paso del tiempo y a mediados de los años setenta obtuvo su primera edición en español, 
convirtiéndose de inmediato en una obra de referencia.
Mintz nunca ocultó su simpatía por la obra de los anarcosindicalistas, pero no se dejó 
llevar por el entusiasmo militante y subrayó la complejidad de un proceso rodeado de luces 
y sombras. Desde el primer momento entendió que una hagiografía de las colectividades 
obstaculizaría el camino para un entendimiento cabal del fenómeno; la única forma de ser 
fiel al espíritu que animó a aquellos hombres y mujeres del 36 era estudiar con rigor sus 
actos y analizar sus posibles movimientos en falso. No se trataba en absoluto de erigir un 
tribunal desde el que emitir un veredicto post festum, jugando con la ventaja de conocer 
el desenlace. Mintz cobró distancia tanto de la glosa aduladora como de la resentida 
acusación del purista. Por encima de todo trató de entender.
Con ese talante, su trabajo situó en su justa perspectiva una de esas contadas brechas 
históricas en las que se rompe con la inercia de lo establecido y se esbozan formas de 
organización democráticas. No era una alternativa a un liberalismo refutado 
exhaustivamente tres décadas antes por la realidad y la academia, ni un precoz esbozo del 
Estado del bienestar; se trataba de otra cosa completamente diferente: la impugnación del 
capitalismo.
Las colectividades esculpieron en la fachada de su obra constructiva un único lema: "Queda 
abolida la explotación del hombre por el hombre". Con ese bello principio bastaba, o casi, 
ya que como toda declaración de intenciones tuvo que enfrentar de inmediato la realidad de 
los hechos. En el inflamable contexto rural español de los años treinta, marcado por la 
enorme concentración de la propiedad de la tierra, la explotación despiadada de los 
jornaleros, la represión estatal implacable, tasas de desempleo exorbitantes y una 
deficiente productividad, los campesinos comenzaron su transformación por la puesta en 
común de la propiedad del suelo. De modo general, tras la fuga o la neutralización de las 
fuerzas represivas del Estado se procedía a convocar una asamblea general que involucraba 
a todos los miembros de la comunidad, excepto a los "individualistas", poseedores del 
derecho de voz en la asamblea, aunque excluidos de las votaciones. Se decidía cuál sería 
el funcionamiento de la colectividad y el papel de los técnicos, y se formaron brigadas o 
grupos de trabajo para atender las cuestiones perentorias como la recogida de la cosecha.
Los comités dimanados de la asamblea coordinaban los diferentes sectores de la vida 
social, y en muchos casos se apeló a un sistema rotativo para que todos, por lo menos 
durante un pequeño periodo, participasen de las tareas propias de gobierno, teniendo la 
prudencia de someter a los cargos a revocación inmediata por parte de la base.
La abolición de la propiedad privada de los medios de producción vino acompañada de un 
reparto horizontal del poder que trataba de dar voz a todos los implicados sin 
consideraciones de fortuna personal o posición social. En muchas colectividades el dinero 
fue suprimido y reemplazado por vales. Se realizó un extraordinario esfuerzo educador: se 
crearon bibliotecas por doquier y se organizaron cursos de capacitación profesional; de 
igual modo, se tejieron vastas redes de solidaridad para atender a los ancianos, los 
enfermos, los huérfanos y las viudas.
No podemos olvidar que estas medidas fueron desplegadas en el fragor de una guerra civil, 
en un contexto económico devastado, con una carencia absoluta de apoyos entre la burguesía 
nacional e internacional y en un marco geopolítico claramente hostil a los 
anarcosindicalistas en el que las potencias europeas, a pesar de su neutralidad, evitaron 
por todos los medios establecer acuerdos comerciales con las colectividades. Sin embargo, 
a pesar de este cuadro catastrófico y contra todo pronóstico, el nivel de vida y las 
condiciones de trabajo de los miembros de las colectividades se elevaron de forma 
considerable.
Este descuidado e incompleto cuadro general pretende esbozar de forma esquemática la 
naturaleza del impulso que orientó la construcción de un poder democrático en 
circunstancias tan dramáticas. Es probable que la ambición de los campesinos españoles de 
vivir según los principios del comunismo libertario tuviese trazos de puritanismo 
revolucionario, como se podría inferir del rechazo al dinero o la condena del alcohol y 
los cafés, o que incluso estuviese impregnado de un cierto utopismo mesiánico como 
apuntaron insistentemente sus abundantes críticos. Sin embargo, esa visión de los 
campesinos como furibundos milenaristas dispuestos a erigir el Reino de Dios en la Tierra 
pasaba por alto que, en un sentido muy profundo, el campo español asistió a la reedición 
de uno de los artefactos más valiosos para la vida en sociedad creado por los hombres: la 
política como democracia.
Resulta sintomático comprobar cómo las críticas elaboradas por los detractores de las 
colectividades coinciden punto por punto con las que Platón y Aristóteles dirigieron al 
régimen democrático ateniense veinticuatro siglos antes. En primer lugar, para estos 
críticos, la concesión de la capacidad de decidir a "ignorantes" equivale a la ruina de la 
ciudad, puesto que no conocen, ni pueden conocer, el arte de gobernar. En segundo lugar, y 
estrechamente relacionado con lo anterior, se ha afirmado que la ausencia de un poder 
centralizado coloca la suerte de la polis a merced de los más hábiles sofistas. En 
consecuencia, la deliberación y la toma de decisiones en común son un camino seguro para 
la parálisis de la vida social y una invitación para la proliferación de tiranos. Por 
último, contra la organización democrática se ha argüido que la supremacía del poder 
público restringe la autonomía y el círculo de acción de los ciudadanos, sistemáticamente 
expuestos a las exigencias de lo común.
A estos argumentos genéricos tan antiguos como la democracia debemos agregar un rosario de 
críticas específicas al proceso revolucionario español que en la mayor parte de los casos 
son fruto de la obstinación ideológica. Entre ellas, la favorita del Partido Comunista, 
que atribuía a la impaciencia revolucionaria de los "aventureros" libertarios no haber 
respetado las necesarias etapas de desarrollo capitalista prescritas por Marx y 
determinadas por los Comités centrales de los respectivos partidos comunistas. Para los 
exégetas del materialismo dialéctico, el desconocimiento de las leyes de la historia no 
exime de su cumplimiento. No nos detendremos en estas mistificaciones ideológicas.
En definitiva, ¿cuál era, en realidad, el motivo de tanta inquina, de tanta injuria en 
relación al proceso colectivizador? ¿Por qué atrajeron la cólera indisimulada de todo el 
espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda?
* * *
En el siglo XVIII, Rousseau espetaba a sus conciudadanos ginebrinos: "No sois ni romanos 
ni espartanos, ni siquiera atenienses. Sois mercaderes, burgueses, siempre ocupados en 
vuestros intereses privados, en vuestro trabajo, en vuestro tráfico, en vuestro lucro. 
Gentes para quienes la libertad no es más que un medio para adquirir sin obstáculos y 
poseer en seguridad". En el muy improbable caso de haber recorrido el campo español en 
julio de 1936, Jean-Jacques tampoco podría haber acusado a los campesinos 
anarcosindicalistas de ser romanos o espartanos, mucho menos burgueses. Su puesta en común 
del suelo, la prohibición de contratar mano de obra de forma privada por constituir un 
acto de explotación del prójimo, la nivelación de los salarios o la posibilidad de 
participar de forma efectiva en el poder eran medidas que reflejaban coordenadas mentales 
muy alejadas de la sed de beneficio y del deseo de acumulación. Sin embargo, Rousseau 
habría tenido más problemas para negar un cierto aire de familia con los atenienses. De 
hecho, lo supiesen o no, la arquitectura social que implementaron enraizaba en la Grecia 
del periodo clásico. Veamos brevemente algunos rasgos en común.
En primer lugar, de igual manera que los atenienses del siglo V a. n. e., los campesinos 
anarcosindicalistas inauguraron un proceso instituyente cuya última fuente de legitimidad 
era la propia colectividad. La consigna: "fue decidido por el pueblo", institucionalizó el 
poder del demos y situó a la Asamblea como su marco fundamental de actividad política. De 
este modo, los campesinos de las colectividades se erigieron en legisladores supremos sin 
ajustarse a un corpus jurídico dado desde fuera y desde lo alto de la propia comunidad. 
Fue el conjunto de ciudadanos, de politai, y no sus representantes, quien se dio las 
pautas para el desarrollo de la vida en común. En este elemento residía la cuestión 
central de la reedición democrática: la recuperación de la isonomia entendida como reparto 
equitativo del poder bloqueaba la emergencia de una autoridad suprema ajena al demos. Esto 
suponía una ruptura radical en relación a cualquier forma de organización estatal. Al 
autoerigirse en juez supremo y exclusivo de su destino, el demos anuló la soberanía 
popular y el imperio de la ley. Ejerció la soberanía debatiendo, deliberando y decidiendo 
qué ley debía ser aplicada y cuál, llegado el caso, derogada. En consecuencia, al 
perfilarse la asamblea como el único órgano capaz de legislar y definir los códigos de 
conducta se imposibilitó la existencia de una instancia superior que pudiese contravenir o 
revocar las decisiones tomadas por el demos.
Esta medida, lo suficientemente profunda en sí misma como para suscitar un debate de 
calado sobre la naturaleza del poder, refuta, además, las acusaciones de milenarismo, pues 
deja sentado que más allá de las leyes que la propia colectividad se otorgó no existía 
ninguna profecía que plasmar ni ningún mandato divino que cumplir. Las leyes dimanaban del 
pueblo para el pueblo y a través del pueblo, hic et nunc.
Pero a partir de esta premisa elemental del reparto del poder, es decir, de la "política", 
surge una enorme cantidad de cuestiones complejas y profundas. El demos se otorgó la 
potestad de autogobernarse, ¿pero quién integraba el demos? En principio, las asambleas 
eran fundadas sin diferencias de clase ni género; sin embargo, esta afirmación merece una 
elucidación. Por un lado, el mundo del trabajo tenía una representación mayoritaria debido 
al sustrato anarcosindicalista del proceso; y, por otro lado, la inercia de la tradición y 
la vigencia de prácticas inveteradas de discriminación de género constituyeron un grave 
obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres, imposible de ser eliminado en apenas 
unos meses. No obstante, exceptuando a todos los afectos al golpe y a los que libremente 
decidieron no adherirse al proceso constituyente, el demos no estaba pensado en virtud de 
la hegemonía de determinadas categorías profesionales; no era ni la mayoría ni la minoría, 
ni los ricos ni los pobres; era, antes, un colectivo que involucraba a todos en la 
necesidad de poner en común el kratos, el poder.
La rotación del ejercicio de ese poder limitado, no ejecutivo y sometido al control de la 
base, trasparentaba la intención de incluir a todos los ciudadanos en el proceso. De 
hecho, el desprecio por el mando propició situaciones que ilustran el poso dejado por 
décadas de pedagogía libertaria en el campo español. Los cargos "representativos" se 
remuneraban según lo percibido por un trabajador cualificado, aunque hubo individuos que 
decidieron voluntariamente rebajar sus emolumentos en un veinticinco por ciento con la 
intención de conjurar posibles suspicacias sobre sus expectativas en relación al cargo. 
Contrariamente a lo que sucede en nuestros días, la voluntad de servicio constituía una 
auténtica pasión y no un vil pretexto para la promoción personal.
Por otra parte, tal y como había sucedido en Atenas, la oralidad fue el vehículo principal 
para la participación de los ciudadanos. No eran necesarias grandes construcciones 
intelectuales ni una sólida base teórica para que cada individuo expusiese lo que 
consideraba más beneficioso para la colectividad. En ese espacio verdaderamente público de 
la toma de decisiones, la ekklesia, nadie era rebajado por sus carencias intelectuales. 
Los especialistas, especialmente los juristas, no jugaron ningún papel en un proceso de 
transformación que no fundaba su legitimidad en leyes elaboradas sin la participación del 
demos.
Sin duda, la oralidad como terreno de la democracia entrañaba el peligro de la ápate, de 
la persuasión mendaz propia de los demagogos y los arribistas sin escrúpulos. De hecho, en 
Atenas fueron los propios ciudadanos quienes, prestando oídos a sus enemigos, votaron 
contra la continuidad del régimen democrático. En esencia, lo que la oralidad exigía de 
los ciudadanos era una mínima claridad para la exposición de argumentos a favor o en 
contra de determinada propuesta. Reflexionar, fundamentar y emitir un juicio político es 
algo muy diferente de deglutir toneladas de propaganda electoral y decidir quién ha de 
decidir por nosotros.
Análogamente, en el lenguaje usado por los campesinos en las asambleas para defender sus 
posiciones con credibilidad y rigor no hay resonancias de la habitual retórica sibilina de 
los representantes políticos. La publicidad de la discusión política es exactamente lo 
contrario del secuestro de la toma de decisiones por una burocracia partidista. Lo que 
estaba en juego no era el habitual cinismo de los políticos ni la mejora de la imagen del 
partido en las encuestas ni la necesidad de crear las condiciones para la reelección. En 
ese sentido, el derecho a tomar la palabra, la isegoria, y la libertad de hablar sin 
censura, la parresia, incluso para los menos instruidos, acarreaba la obligación de ser 
responsable de sus palabras. La libertad para hablar no autorizaba la estupidez espontánea 
ni el rebuzno sabihondo que se pretende ilustrado; por encima de todo, demandaba 
responsabilidad personal.
No se trataba únicamente, entiéndase bien, de "verdad" o de "mentira", sino de ser 
conscientes de las repercusiones del discurso y las decisiones de cada uno. En la arena 
política no existen, ni pueden existir, verdades definitivas. Las decisiones alcanzadas 
por la asamblea no podían ser consideradas "verdaderas" o "falsas", puesto que eran 
verdaderas en virtud de la fuente, es decir, la propia asamblea. Determinar verdades 
políticas de antemano significa anular el debate; si esa verdad existiese y no emanase de 
la colectividad, la única cuestión a elucidar para una colectividad sería encontrar al 
responsable de ejecutarla. Toda tiranía comparte con los partidos políticos "democráticos" 
esta mistificación.
Por otro lado, la forja de un politai consciente de las implicaciones de hacer parte de un 
régimen democrático no era una cuestión de enseñanza, educación o formación en un sentido 
político del término. "La erudición llega, la sabiduría tarda", afirmó Lewis Mumford, en 
una síntesis perfecta de lo que para los atenienses constituía la necesidad vital de 
vincular de forma estrecha las tareas propias de la política democrática y las de la vida 
cultural. La elección de formas organizativas basadas en la horizontalidad y la igualdad 
proporcionaron una vívida educación política a los integrantes del movimiento libertario 
español. Además, la paideia, entendida como proyecto integral de formación de ciudadanos 
autónomos que no rendían culto a la obediencia ciega en política ni a la ignorancia 
complacida en la cultura, fue reeditada por los libertarios a través de la creación de una 
vasta red de ateneos, bibliotecas, grupos de teatro, cursos de alfabetización y escuelas 
populares.
La participación efectiva en organizaciones no jerárquicas, así como el esfuerzo 
continuado a lo largo de los años por generar pasión democrática, fueron la clave del 
desarrollo del proceso transformador de 1936, un proceso colectivizador que mostró a las 
claras que no son necesarios Estados, partidos, burócratas, militares profesionales, 
gendarmes y pastores de almas para construir un modelo de sociedad donde la libertad, la 
autonomía y la dignidad sean algo más que conceptos huecos y lugares comunes del léxico 
político.
Sin dejar nunca de lado el deseo de revelar las cuestiones más estridentes y de iluminar 
sus puntos más oscuros, el estudio de Mintz llegó a la conclusión de que la importancia de 
esta experiencia radicaba en la decisión de organizarse sin necesidad de tutelas y 
jerarquías. Los historiadores no afines a los postulados libertarios que siguieron el 
surco abierto por la obra de Mintz aportaron posteriormente nuevos datos y ángulos de 
interpretación; gracias a todas esas contribuciones es posible afirmar que las 
colectividades no fueron un fracaso. Por el contrario, el nivel de vida de los habitantes 
de los miserables pueblos organizados en comunas mejoró, y, más aún, después de ser 
arrasadas militarmente por la República, muchos campesinos porfiaron en reconstruirlas. En 
cualquier caso, lo verdaderamente importante no son los resultados materiales, sino el 
testimonio de grandeza y amor por la libertad que legaron al futuro.
Lo cierto es que esos escasos episodios históricos en los que los individuos toman las 
riendas de sus propias vidas siempre tuvieron perturbadoras implicaciones para los amantes 
del orden. Nadie las expresó mejor que Chateaubriand cuando, refiriéndose a la Revolución 
francesa, escribió que en una sociedad consumida por el cambio traumático "el género 
humano de vacaciones pasea por las calles, libre de sus pedagogos, volviendo por un 
momento al estado de naturaleza, y no siente de nuevo la necesidad del freno social más 
que cuando lleva el yugo de los nuevos tiempos engendrados por la licencia". Como el gran 
escritor francés, también los detractores de la revolución social trataron de acabar con 
las vacaciones del género humano e imaginaron en la irreductible voluntad de ser libres de 
sus protagonistas un acceso de demencia que amenazaba con desintegrar la sociedad. 
Contrariamente a lo sucedido en Francia, en el caso español los nuevos tiempos que 
siguieron a la derrota no fueron "engendrados por la licencia", sino por la represión y el 
olvido.
Frank Mintz puso una de las primeras y duraderas piedras en el edificio de la memoria de 
estos hechos y demostró que no había en ellos el menor rastro de extravagancia ni de 
fervor milenario, sino un sentido muy profundo del bien común como principio de la vida 
colectiva. Han pasado cuatro décadas desde la gestación de este libro, pero continúa tan 
vigente como el primer día. Ese es el gran mérito del trabajo de Mintz; posee la cualidad 
de los clásicos: la perdurabilidad.

Michel Suárez

https://www.nodo50.org/tierraylibertad/359articulo6.html


Más información sobre la lista de distribución A-infos-ca