(ca) cgt catalunya Boletín Informativo 155. La reversión de la gestión de los servicios públicos en la Administración Pública.

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Sab Abr 28 10:07:31 CEST 2018


INTRODUCCIÓN. ---- Al VI Congreso Extraordinario de la CGT en Iruña se acordó elaborar por 
parte del Gabinete Jurídico Confederal un informe jurídico sobre las diferentes formas de 
internalización de los Servicios Públicos, indicando las diversas fórmulas legales para la 
subrogación y los mecanismos posibles para garantizar la estabilidad de las personas 
trabajadoras de las Contratos en las diferentes formas de revertir los servicios. ---- El 
objetivo del presente informe es dar cumplimiento a lo acordado en el Congreso, indicando 
las fórmulas legales de posibles subrogaciones, analizando jurídicamente estos procesos y 
detectando los obstáculos y / o problemas que se puede encontrar la acción sindical a la 
hora de abordarlos. Son procesos que se han venido a denominar coloquialmente procesos de 
"remunicipalización", debido a que se están produciendo fundamentalmente en el ámbito 
municipal.

Es por ello que haremos especial énfasis en el ámbito municipal, si bien, el análisis 
jurídico del presente informe es en principio general para todas las Administraciones 
Públicas, con los matices que en su caso se expondrán.

En la CGT, desde siempre, se ha apostado por el Público, por Común.

Trabajamos en la LÓGICA DEL PÚBLICO, porque su objetivo es la satisfacción de necesidades 
sociales y éstas son universales, nos afectan a todos y todas a lo largo de nuestra vida. 
No son objetivos económicos, sino que son sociales:

  Se busca la protección social en situaciones de necesidad: desempleo, pensiones, 
vivienda, educación, salud, hábitat, dependencia, etc. y redistribuye la riqueza que entre 
todos y todas creamos, para que todas las personas tengan acceso a derechos esenciales 
para una vida digna de manera igualitaria.

  No debe existir un interés privado, particular, sino colectivo, para que todas las 
personas tenemos las mismas necesidades y nadie debe lucrarse o apropiarse de manera 
egoísta y por interés particular, más que otras.

  Las prestaciones públicas son cubiertas con los recursos que producimos entre todos y 
todas a través de los impuestos, de las rentas. Todos y todas debemos contribuir, quien 
más gana más debe aportar. La sociedad debe ejercitar la solidaridad.

  La gestión de estos servicios públicos no se regirá por el principio de rentabilidad 
económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir necesidades 
sociales.

Los procesos de privatizaciones, eufemísticamente calificados como externalizaciones, 
iniciados en España principalmente desde principios de los años 90, ha significado el 
poner en manos de empresas privadas la gestión de servicios esenciales como la salud, la 
educación, los servicios sociales , limpieza, agua, etc. Es por ello que los procesos de 
reversión de la gestión de servicios públicos suponen una oportunidad no sólo de parar las 
privatizaciones sino de revertir el modelo. Son ya muchos los informes nacionales ya nivel 
europeo que demuestran que la gestión pública es más eficiente para las arcas públicas que 
la gestión privada.

La Reforma del artículo 135 de la Constitución y sus posteriores leyes de desarrollo (Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la denominada 
Ley Montoro de la Reforma del Régimen Local), vienen a determinar el sentido ultraliberal 
sobre la desposesión de lo público.

Además, a niveles tanto nacionales como de manera global, con incidencia especial en la 
UE, los poderes económicos y financieros continúan haciendo presión a los poderes 
públicos, con el objetivo de profundizar los procesos de privatización y hacerlos 
irreversibles, como por ejemplo las más que preocupantes negociaciones mantenidas por la 
UE con terceros países sobre acuerdos transatlánticos y transnacionales (Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la Inversión - Ttipia, Acuerdo en Comercio de Servicios- 
TISA y el Tratado sobre el Libre Comercio entre la UE y Canadá CETA ), en los que se están 
incluyendo cláusulas de obligado cumplimiento por los Estados miembros de la UE, cuyo 
objetivo es la privatización de los servicios públicos y frenar cualquier intento de 
vuelta a la Administración de los servicios ya externalizados.

El Público es "aquello" que no debe ser mercantilizado y su gestión se realiza desde el 
Estado en todas sus estructuras, la central, las autonómicas, las regionales, las 
municipales, y empresas "públicas", bajo cualquiera de las modalidades existentes en 
nuestro sistema jurídico normativo.

La gestión del Público no puede basarse en criterios de rentabilidad mercantil, sino en el 
principio de suficiencia (siempre existirán recursos para que los servicios públicos 
lleguen de manera universal a toda la población) y en el principio de eficiencia, es 
decir, su gestión debe ser eficiente sin incurrir en un "mal negocio", pues de lo 
contrario se estaría violando el principio de suficiencia.

La gestión se encarga a "técnicos" en toda la cadena organizativa, y la propiedad es 
"publica". La participación de los sujetos activos (las personas trabajadoras) y los 
sujetos pasivos (los beneficiarios de estos servicios públicos), carecen en la inmensa 
mayoría del "poder de decisión" en cuanto a su financiación (políticas fiscales) y en 
cuanto a la eficiencia , es decir, no existe participación directa en la gestión por los 
verdaderos sujetos.

Por eso los procesos de reversión de los servicios públicos son una oportunidad para 
comenzar a transformar el modelo imperante.

Nos vamos a encontrar con dos ejes principales en estos procesos, el primero es el 
principio de estabilidad en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de las 
empresas privadas que están gestionando el servicio, y el segundo eje es la garantía 
democrática de igualdad de todos los ciudadanos (art. 23.2 y 103 de la Constitución y art. 
55 del EBEP), de acceso al empleo público, que tiene una serie de requisitos 
constitucionales (igualdad, mérito, capacidad y publicidad) que como sindicato no podremos 
obviar en los procesos de reversión.

En este contexto debemos prestar especial atención a los problemas que nos podemos 
encontrar en el camino para así ser más efectivos en la acción sindical y social.

La reversión de la gestión de los servicios públicos plantea varios tipos de problemas: 
los laborales por un lado y los políticos-sociales, que tienen una naturaleza 
administrativa y presupuestaria, por el otro. Un tercer problema serio y de vez 
significado como los anteriores en este proceso de lucha por la reversión, son las 
resistencias políticas de los "nuevos gestores y gestoras de los denominados gobiernos del 
cambio (municipales y autonómicos)".

Sus posiciones respecto a la desprivatización y / o reversión, partiendo de que 
teóricamente están "en contra de las privatizaciones", s'apalanquen en las trabas 
existentes en los procesos de remunicipalización (burocracia técnica) de los servicios y, 
especialmente, en el énfasis que le ponen a los impedimentos legales, así como en las 
posibles demandas por las supuestas compensaciones de las empresas a las que se les 
"rescataría" el servicio externalizado.

Lo anterior, que está sucediendo con demasiada frecuencia, especialmente a los grandes 
Ayuntamientos, no hace sino mostrar la ausencia de una voluntad política firme (asumir 
riesgos) de poner todo su empeño y la fuerza de la ciudadanía (trabajadores y 
trabajadoras, vecinos y vecinas) buscar salidas a una situación insostenible y claramente 
contraria al interés general.

La tipología de los problemas, especialmente en el laboral, es compleja y resulta difícil 
establecer soluciones seguras y categóricas por la diversidad de las normas que entran en 
juego, muchas de ellas no laborales.

Este informe intenta dar algunas claves generales, pero debemos tener en cuenta que cada 
situación puede ser diferente y debe hacerse un tratamiento particularizado.

Por razones obvias nos ocuparemos fundamentalmente de los problemas laborales ya que son 
los que como sindicato tenemos que abordar, aunque no podemos desconocer los otros 
problemas de naturaleza no laboral.

Debemos tener como proyección en nuestro horizonte de intervención para la recuperación 
del Público, que no sólo se trata de re-municipalizar, sino que también se trata de hacer 
público aspectos y espacios que hoy son privados, pero por justicia social y garantía de 
la igualdad en el acceso a estos espacios, deberían ser públicos.

Posibilidad que tiene también una base legal, como por ejemplo la Ley Básica del Régimen 
Local y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RD de 17 de Junio de 
1955) y, además, el propio marco legal vigente, que nos dota de argumentos porque 
consideramos que la remunicipalización (por ejemplo), es una obligación.

>>> Tiene el boletín en el pdf adjunto o en el enlace 
http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/BI-155.pdf

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12816#.Wt4ggZ99LCI


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