(ca) Ruptura Colectiva (RC): Cuando la acción directa es la única esperanza

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Mie Abr 4 07:17:13 CEST 2018


La Recacha ---- Cada vez me cuesta más confiar en la política institucional. Cada vez me 
cuesta más creer que los partidos políticos (buena parte de ellos nido de auténticos 
vividores de lo público) tienen entre sus prioridades la construcción de una sociedad más 
justa, el fin de los abusos del poder, el bienestar de las capas de población más 
desfavorecidas. ---- Y sí, soy consciente de que el discurso de «todos los políticos son 
iguales» es peligroso y, probablemente, injusto. Pero es que la realidad es tozuda, y, 
aunque haya políticos honestos, personas que no pretenden medrar ni hacer del politiqueo 
un medio de vida, sino que realmente creen que desde el institucionalismo se pueden (y 
deben) solucionar los problemas de la gente con verdaderos problemas, la observación y la 
experiencia me dicen que el reformismo es tan exasperantemente lento que para poner 
remedio a situaciones de emergencia lo único que vale es la acción directa.

Sí, esa que el sistema, con el asentimiento de la gente de orden (de la ideología que 
sea), nos vende como inadmisible, pues atenta contra el estado de derecho y toda esa 
palabrería que sólo hace que proteger a quienes llevan siglos pisoteando a su conveniencia 
el tal estado de derecho.

Acción directa. La ciudadanía marcando el paso, asumiendo la supuesta responsabilidad de 
las instituciones que, sepultadas bajo toneladas de burocracia e intereses oligárquicos, 
han dimitido de sus funciones.

Os voy a hablar de dos ejemplos que, desde mi punto de vista, corroboran este 
planteamiento. Y gracias a que existen, estos y otros, porque sólo así se explica que no 
haya saltado ya todo por los aires.

Uno es mucho más conocido que el otro; de hecho, es tan conocido que se ha convertido en 
un verdadero quebradero de cabeza para la maquinaria burocrática e institucional europea. 
Se trata de la labor humanitaria que lleva a cabo la ONG catalana Proactiva Open Arms 
salvando vidas en el Mediterráneo. Lo que empezó siendo la actuación casi desesperada de 
unos pocos voluntarios espoleados por las imágenes de sufrimiento de quienes intentaban 
alcanzar las costas griegas huyendo del horror de la guerra, se ha transformado en una 
organización reconocida en todo el continente, que cuenta con el apoyo económico y la 
simpatía de miles de personas.

Que una pequeña entidad surgida de la buena voluntad de ciudadanos anónimos esté haciendo 
más por salvar vidas que una macroorganización supraestatal como la Unión Europea, para la 
cual esos seres humanos desesperados no son más que un engorro, y, sobre todo, que esté 
logrando un nivel de repercusión social y mediática tan alto, es una bofetada tan bestial 
al sistema que no pueden más que buscar la manera de inhabilitarla.

Hace unos días, después de salvar de morir ahogadas a más de doscientas personas que huían 
de quién sabe qué horrores, el barco de Proactiva Open Arms fue retenido en un puerto 
italiano, y su tripulación acusada de promover la inmigración clandestina, una táctica que 
ya han padecido otras organizaciones, el objetivo de la cual, resulta obvio, es impedir 
que continúen rescatando a personas en el Mediterráneo.

La UE pretende, como hizo con el acuerdo con el gobierno fascista de Turquía (que en estos 
momentos está masacrando a la población civil kurda en el norte de Siria), despachar por 
la puerta de atrás el asunto de los exiliados que se lanzan al mar con la esperanza de 
arribar a Italia. Pretende que el trabajo sucio lo haga Libia, un estado fallido donde 
operan a sus anchas las mafias esclavistas. La mayoría de esas personas huyen de Libia, 
prefieren arriesgarse a morir ahogadas antes que regresar a ese infierno para los derechos 
humanos.

En cualquier caso, Proactiva Open Arms ha logrado tal grado de prestigio social y cuenta 
con tanto apoyo (incluso institucional, por parte de ayuntamientos y gobiernos 
autonómicos), que si no puede continuar su labor con el barco retenido, lo hará con otros. 
No le van a faltar ni aportaciones económicas ni voluntarios.

Eso sí, su actuación no es más que un parche; necesario, que debería sacar los colores a 
muchos, pero un parche al fin y al cabo, pues el verdadero drama es que miles de personas 
se arrojen al Mediterráneo cada año ante la indiferencia de quienes, en buena medida, son 
responsables de las causas que los llevan a arriesgar sus vidas agarrándose a un hilo de 
esperanza casi invisible.

Esperanza. Bonita palabra, tan necesaria en esta época aciaga en que, si uno levanta la 
vista, resulta tan difícil tenerla. Comunidad La Esperanza se llama la protagonista del 
segundo ejemplo del que quería hablaros, mucho menos conocido y mucho más modesto, pero 
igualmente incómodo para el institucionalismo, y necesario.

Se trata de la comunidad de vecinos autogestionada más numerosa de España. Más de 
doscientas personas que protegen su dignidad ocupando cuatro bloques de viviendas 
abandonados que pertenecen a la SAREB (el banco «malo» que creó el gobierno español para 
asumir el agujero negro de la burbuja inmobiliaria, consecuencia de la codicia de las 
entidades financieras, pero que asumimos todos como buenos ciudadanos), ubicados en el 
municipio grancanario de Guía.

Mujeres víctimas de la violencia machista, con hijos, personas enfermas, parados de larga 
duración, víctimas de desahucios, madres solteras, indigentes, migrantes dan vida a La 
Esperanza y La Esperanza les da la vida, una vida de la que son responsables, que 
construyen con su esfuerzo, en los límites del sistema, apoyándose unos en otros y, 
probablemente, recibiendo poca comprensión por parte de la ciudadanía «normal».

Aunque la comunidad existe desde hace cinco años, yo la acabo de descubrir gracias a las 
redes sociales, a una de las cuentas de Twitter más activas, constructivas y edificantes 
que se pueden encontrar, la de la Federación de Anarquistas Gran Canaria (FAGC). La FAGC 
es el germen de La Esperanza y del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, aplicaciones 
prácticas y útiles del anarquismo, ese concepto que provoca tantos sarpullidos y que, por 
tanto, se han encargado de envenenar para que genere rechazo incluso entre quienes 
deberían abrazarlo como única salida en una sociedad que condena a la miseria, el 
desencanto y la inacción a tantísimas personas.

Para profundizar en la FAGC y en sus iniciativas os recomiendo vivamente la entrevista que 
La Directa publicó hace un par de semanas con uno de sus portavoces, Ruymán Rodríguez (que 
contribuí a traducir al castellano), así como a seguir muy de cerca el proyecto de la 
productora independiente InèrciaDocs para la realización del documental Precaristas, sobre 
la lucha por el acceso a la vivienda que lleva a cabo el Sindicato de Inquilinos. Lo van a 
producir mediante crowdfunding, y lo doy por hecho porque ya han conseguido el dinero 
necesario gracias a la aportación de más de un centenar de mecenas (podéis contribuir en 
Verkami).

Obviamente, las experiencias exitosas de anarquismo no son una buena noticia para el 
sistema (ni aunque sus protagonistas ni siquiera se planteen que son anarquistas), así que 
el institucionalismo pondrá todas las trabas que haga falta para lograr que fracasen. Es 
el caso de La Esperanza, y es lo que me ha decidido a dedicarles este modesto espacio.

Hace una semana, Unelco, la filial canaria de Endesa, les cortó la luz. Sí, claro, estaban 
enganchados ilegalmente, aunque la comunidad haya insistido en que los den de alta y hayan 
hecho múltiples gestiones ante las administraciones, sin éxito, para regularizar su 
situación. Al institucionalismo no le importa que allí vivan niños, ancianos o enfermos. 
Lo que importa es que no cumplen las normas, no son el modelo de vecinos que conviene y, 
por tanto, mejor que se larguen. Y si para lograrlo los tienen que dejar sin luz y agua 
(las viviendas se abastecen mediante bombeo eléctrico), pues se hace.

Lo que pasa es que cuando a uno ya no le queda más que la dignidad, no pierde nada por 
defenderla, y esa gente, que llegó a La Esperanza desesperanzada y quizás desesperada, 
ahora tiene algo muy importante por lo que luchar: no sólo su dignidad, sino ese hogar que 
lo es gracias a su propio esfuerzo. Esa gente fue rechazada por un sistema que ahora les 
dice que sólo se puede vivir dentro de sus márgenes. Resulta tan absurdo que no puedo más 
que apoyar su lucha.

En las Islas Canarias hay 138.000 casas vacías y se producen quince desahucios diarios. 
Los cuatro bloques que ocupa La Esperanza los dejaron a medio acabar cuando la vivienda 
dejó de ser un negocio rentable, y, sin embargo, alguna ley ridícula protege que una 
propiedad que debería servir para cubrir una necesidad social permanezca deshabitada. Los 
ladrillos por delante de las personas. Y cuántos potenciales usuarios de iniciativas como 
La Esperanza aplauden que sea así...

De frenopático.

Mucha fuerza, compañeras.

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