(ca) Chile, periodico-solidaridad: Luchas sociales y derechos territoriales de indígenas en el Norte Grande de Chile: Entre el despojo territorial y la violación de tratados

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Mar Nov 7 07:17:13 CET 2017


Presentamos la lucha que está dando la comunidad indígena de Socoroma en defensa de 
tierras ancestrales. Denuncian al Estado de destinarlas para la instrucción y 
entrenamiento militar. ---- Antropóloga Malva-Marina Pedrero Sanhueza ---- Dr (C) en 
Historia/M Etnohistoria Universidad de Chile ---- Bosco González Jiménez ---- Director 
Centro de estudios Camanchaca ---- La Mancomunidad de Socoroma reúne a las comunidades de 
Zapahuira, Murmuntani y Murmuntani, que históricamente han estado vinculadas por el 
control colectivo de un vasto territorio que se localiza entre las comunas de Arica y 
Putre (Región de Arica y Parinacota), vive actualmente una compleja situación, producto de 
una medida adoptada arbitrariamente por el Estado. En efecto, en medio de un sistemático 
trabajo que han realizado con Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en los últimos 
dos años en función de demarcar y titular a su nombre la totalidad del territorio 
ancestral, se enteraron de que, través del Decreto Exento No 215 de junio del presente 
año, el Ministerio de Bienes Nacionales destinó al ejército para actividades de 
instrucción y entrenamiento militar casi 9.000 hectáreas de las tierras comunitarias, 
trasgrediendo así diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país.

La situación que hoy afecta a la Mancomunidad de Socoroma no es otra cosa que la expresión 
de más de dos décadas de una política de tierras ineficiente, incapaz de resguardar los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, según los estándares 
establecidos en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. No es sino la 
ausencia de una acción coordinada entre dos órganos administrativos del Estado -CONADI y 
Bienes Nacionales- la que ha generado el conflicto actual. En la práctica, con esta medida 
el gobierno prueba una vez más que sigue siendo fiel a la doctrina de "Terras Nullius", a 
través de la cual el Estado ha justificado históricamente el despojo de las comunidades 
indígenas, pero que es inaceptable en una sociedad que se dice democrática; más cuando en 
la etapa temprana de incorporación de estos territorios a la jurisdicción nacional, tras 
la Guerra del Pacífico, los propios tribunales de la república (1893) reconocieron la 
titularidad de los comuneros de Socoroma sobre sus territorios, estableciendo claramente 
cuáles eran sus deslindes. Pese a ello, el fisco, desconociendo esta sentencia, procedió a 
inscribir parte de esas tierras a su nombre en 1935, acto que -a juicio de las autoridades 
regionales- lo faculta para destinarlas actualmente al ejército.
Con el Decreto Exento No 215 se vulnera tanto la legislación nacional como los tratados 
internacionales suscritos por Chile. Al respecto, basta recordar que el Artículo 1 de la 
Ley 19.254 (Ley Indígena), no solo reconoce a los pueblos indígenas existentes en Chile y 
el deber general del Estado de respeto, promoción y protección de su desarrollo; 
establece, además, un principio desatendidos por las políticas públicas: el fundamento 
principal de la existencia de los pueblos indígenas y de sus culturas. De allí que 
cualquier medida que adopte el Estado que afecte a sus tierras, afecta -en última 
instancia- a la existencia misma de estos pueblos. Por ello, el sistema internacional de 
derechos humanos considera que es una obligación estatal ineludible establecer mecanismos 
especiales, adecuados y efectivos para la delimitación, demarcación y titulación de los 
territorios indígenas. Desatender este deber constituye una violación del Artículo 14 del 
Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, los Artículos 26 y 27 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, los Artículos 21, 25, 1 y 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el Artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y el Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.
La cuestión es, entonces, si -ante la ausencia de demarcación y titulación de las tierras 
de la Mancomunidad de Socoroma- puede el Estado destinarlas total o parcialmente a un 
tercero. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos clara al respecto y, en lo medular, establece que en 
estos casos los Estados no deben adoptar medida alguna que "pueda dar lugar a que agentes 
del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la 
existencia, el valor, el uso o goce de los bienes" existentes en las tierras indígenas. 
Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde la perspectiva del derecho internacional, la situación descrita reviste todavía una 
gravedad mayor, ya que la realización de cualquier tipo de actividad militar está 
expresamente prohibida en el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones, a menos "que 
se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan 
solicitado"; considerándose, además, que esta es una de "las normas mínimas para la 
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo"
La Mancomunidad de Socoroma se moviliza para defender sus derechos territoriales
La Mancomunidad se enteró tardíamente de que parte de sus tierras habían sido destinadas a 
actividades militares. El carácter reservado de los acuerdos entre el gobierno y el 
ejército consignados en el Acta Chena IV del 25 de noviembre del 2016, que dieron origen a 
la medida adoptada por el Ministerio de Bienes Nacionales, impidió su acceso oportuno a la 
información. No obstante, en cuanto lo supieron organizaron una profusa agenda de 
negociación política y movilización social denunciando los hechos y demandando al Estado 
la revocación inmediata del Decreto No 215. En este contexto, han requerido el 
pronunciamiento de la Intendencia, la SEREMI de Bienes Nacionales, el Consejo de 
Monumentos Nacionales, las municipalidades de Arica y Putre, el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, la 
Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6° del Convenio No 169 de la 
OIT, entre otras instituciones. Igualmente, han recibido el apoyo del movimiento 
estudiantil, académicos de la Universidad de Tarapacá, del movimiento feminista de la 
Región, de la Asociación de Municipios Rurales y del Colegio e Antropólogos.
A partir del 21 de octubre la Mancomunidad ha realizado múltiples movilizaciones. En esa 
ocasión marcharon hasta el territorio y levantaron una apacheta, retomando así 
simbólicamente la posesión del territorio que se les ha usurpado. A esta actividad se han 
sumado una marcha y velatón simultánea en Arica y en los Altos de Socoroma y una campaña 
de recolección de firmas de apoyo a sus demandas. Una campaña similar, pero en formato 
electrónico, fue iniciada por el Centro de Estudios Camanchaca. Esta reunido 3529 firmas, 
concitando adherencia regional, nacional e internacional.

http://www.periodico-solidaridad.cl/2017/11/02/luchas-sociales-y-derechos-territoriales-de-indigenas-en-el-norte-grande-de-chile-entre-el-despojo-territorial-y-la-violacion-de-tratados-internacionales/


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