(ca) anarkismo.net: Reflexiones sobre medio siglo de lucha guerrillera en Colombia by José Antonio Gutiérrez D.

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Thu Jan 14 16:45:38 CET 2016


Este artículo apareció originalmente en la revista CEPA (año IX, Vol. II, No.19 
–Agosto/Diciembre 2014) y fue escrito entre abril y junio de 2014 cuando se conmemoraba el 
medio siglo de vida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 
Pueblo (FARC-EP). El objetivo de este artículo no era ni hacer una historia exhaustiva de 
este movimiento insurgente, ni una apología, ni una exposición sistemática de la ideología 
y la práctica del movimiento guerrillero. El objetivo, en realidad, era mucho más simple: 
demostrar que la resistencia no ha sido estéril ni en vano. Quería salir al paso a una 
determinada línea argumentativa en un sector liberal y socialdemócrata de la izquierda que 
plantea, de manera simplista, que la lucha armada, en el mejor de los casos, ‘no ha 
servido para nada’ o, en el peor de los casos, ha sido el principal factor del 
estancamiento de la izquierda colombiana –a esto último lo he llamado la tesis de la 
“guerrilla-tapón”, que bloquea el aparentemente “inevitable” cauce de la izquierda legal 
al poder–.

Ambas tesis parten de la discutible base de que la resistencia armada fue sencillamente 
una opción que se asumió dogmáticamente en medio de un abanico de oportunidades que la 
izquierda tenía a mediados del siglo XX. En este sentido la gran responsable de la 
violencia en Colombia sería, en realidad, el movimiento guerrillero y no el Estado. De 
esta manera, estas reflexiones deben ser entendidas como una contraparte de una polémica 
previa,¿Qué paz para Colombia?, escrito con un amigo y colaborador que prefirió usar el 
seudónimo de Uriel Gutiérrez.

Creo que es importante volver a rescatar el significado de la resistencia armada en la 
historia reciente colombiana de una visión condenatoria a priori, precisamente, porque esa 
visión sirve para que el Estado oculte su responsabilidad histórica fundamental ante los 
horrores experimentados en más de medio siglo de violencia “desde arriba”, y en 
consecuencia, se diluya en el imaginario público la urgencia de reformas estructurales 
para garantizar una superación a las causas que están en la raíz de este ciclo del 
conflicto social y armado. De paso se quiere endilgar toda responsabilidad a la 
insurgencia, como ya se está viendo en la elaboración del discurso post-conflicto –que 
pudo ser ensayado con ocasión del sincero acto de perdón del comandante de las FARC-EP 
Pastor Alape en la comunidad de Bojayá–, donde la reconciliación pasa porque la sociedad 
“perdone” a la insurgencia, precisamente, por el acto de rebelión, no por hechos 
puntuales. La reconciliación de la oligarquía consiste en que el hijo descarriado vuelve a 
casa, el padre sacrifica un cordero, y todos felices en la finca. William Ospina lo 
señalaba en un artículo con su prosa fina y a la vez desgarradora: “la astuta dirigencia 
de este país una vez más logra su propósito de mostrar al mundo los responsables de la 
violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, 
en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser 
inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban 
siendo los que absuelven y los que perdonan” [1].

Dentro de esta estrategia de amnesia histórica es fundamental quitar cualquier piso de 
legitimidad al accionar de la insurgencia. Ahí es donde el discurso de que la resistencia 
de décadas fue en vano juega un rol clave pues resta todo sentido a más de medio siglo de 
lucha insurgente. Dice el sociólogo Charles Tilly que “el hecho trágico y fundamental, es 
sencillo: la coerción funciona; aquellos que aplican una fuerza considerable en contra de 
sus semejantes obtienen obediencia, y gracias a esa obediencia obtienen múltiples 
ventajas, dinero, bienes, deferencia, acceso a placeres que le son negados a las personas 
que tienen menos poder” [2]. El consenso que se ha generado en ciertos círculos y el 
proceso de recomposición gradual de la hegemonía del Estado colombiano, es indisociable 
del terror paramilitar, del desplazamiento masivo, de los falsos positivos, de las 
desapariciones en masa de activistas sociales, en fin, de todo el repertorio de violencia 
física y estructural a disposición del Estado colombiano y fortalecido por el Plan 
Colombia. El consenso en importantes sectores sociales, que incluye a importantes sectores 
de izquierda o “progresistas”, de que la resistencia armada ha sido inútil o una anomalía 
histórica, es el resultado de esa coerción. Aunque nos encante la idea de pensar que 
vivimos en un mundo de leyes, de estado de derecho, de derechos inalienables que portamos 
todos por igual desde que nacemos, la verdad es que todo esto es una ficción: en el mundo 
real, la fuerza siempre antecede a la razón. Las ideas dominantes lo son porque reflejan 
el dominio de la clase en el poder, no por sus cualidades intrínsecas.

Mi intención con este ensayo era demostrar que Tilly tiene razón, pero que su argumento es 
incompleto. Así como la coerción de los poderosos funciona, también funciona la 
resistencia de los de abajo [3]. La acción colectiva, la resistencia, en todas sus 
vertientes y expresiones, que incluyen la lucha armada, pero que no se agotan ni mucho 
menos en ella, también han sido creadoras de realidad. Debido a la asimetría de las partes 
en conflicto, las FARC-EP han tenido un rol limitado, muy limitado, en la dirección de los 
eventos que han dado forma a Colombia en las últimas décadas. Pero su sola existencia, ha 
puesto un cierto límite al poder absoluto que la oligarquía colombiana habría tenido de 
otra manera. La resistencia ha tenido un impacto enorme en ciertos derechos conquistados y 
en ciertos beneficios que hoy se dan por sentado. Si bien ese impacto ha sido, como es 
apenas lógico, más fuerte en las zonas rurales donde la influencia insurgente ha sido 
mucho mayor, incluso hegemónica en algunos casos, la impronta de las reformas que han sido 
sacadas mediante la resistencia al establecimiento se ha hecho sentir en todo el país.

El tono es polémico y lo prefiero así: hay veces, cuando el contradictor exagera, en que 
la mesura no es aconsejable. Insisto, este ensayo no pretende ser un balance completo, ni 
una exposición exhaustiva de los objetivos de la insurgencia, ni un análisis crítico de lo 
coherente o no que han sido, ni una historia de éstas. Tampoco pretendo acá defender tal o 
cual acción, o forma de acción, ni una determinada estrategia o falta de ella, ni defender 
los avances o los silencios en el proceso de paz en La Habana. Mucho menos pretendo 
defender todo lo que la insurgencia ha hecho o dejado de hacer. El objetivo, como lo he 
dicho, es mucho más humilde, pero a la vez más apremiante. Es hacer un ejercicio de 
memoria histórica y echar por suelo la tesis reaccionaria que se ha incrustado aún en 
sectores de izquierda, de que medio siglo de luchas ha sido en vano. Es demostrar que la 
resistencia, nos guste o no, ha sido un motor de la historia colombiana y que ha dado 
frutos para algunos de los sectores más oprimidos, explotados y marginalizados del país. 
Ahora que estamos prontos a presenciar el cierre de un ciclo histórico para Colombia, la 
historia y las ciencias sociales nos pueden servir de brújula para ver por dónde seguir 
transitando en la larga marcha hacia una sociedad emancipada.

José Antonio Gutiérrez D.
8 de Enero 2016
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Cartel del Frente 60 "Jaime Pardo Leal" de las FARC-EP, zona rural de Argelia, Cauca 
(Fotografía de José Antonio Gutiérrez D.)

Reflexiones sobre medio siglo de lucha guerrillera en Colombia

Se cumplen, oficialmente, 50 años de vida de las FARC-EP y del ELN, aunque la historia es 
más vieja –las primeras autodefensas comunistas, embriones de las FARC-EP, se habrían 
formado en 1949 ante la violencia conservadora que se disparó con el ascenso de Ospina en 
1946–. ¿Cuál es el significado de estos cincuenta años de lucha guerrillera? La mayoría de 
los medios oficiales mantienen un silencio sepulcral ante este significativo hecho; 
algunos han hecho especiales sobre el 50º aniversario de las FARC-EP, en los que la 
mayoría de los análisis son bastante mediocres. ¿Cómo explicar la persistencia del 
movimiento insurgente en un país que frecuentemente se describe (por algunos opinólogos de 
oficio) como un país conservador y de derechas? En Colombia se ha intentado manufacturar 
un “consenso” derechista mediante la supresión violenta para la cual se han utilizado con 
todas sus fuerzas los aparatos ideológicos y represivos del Estado, amén de los tentáculos 
paramilitares del Estado profundo. Baste ver cómo, después de decenas de miles de muertos, 
han logrado “derechizar” a la brava algunas regiones tradicionalmente izquierdistas como 
Urabá y el Magdalena Medio, donde hoy reina la apatía y el clientelismo, más que una 
genuina convicción de “derechas”.

Una mirada superficial podría concluir, rápidamente, que este medio siglo de guerra no ha 
servido para nada. Sin embargo el movimiento guerrillero es uno de los factores políticos 
más importantes de la realidad nacional y representa un acumulado histórico y de 
experiencias ineludible en la historia de las luchas populares en Colombia. El movimiento 
guerrillero ha sido y es aún multifacético, polivalente, significando diferentes cosas en 
diferentes contextos, teniendo en ciertas regiones una gran fuerza, pero con obvias 
limitaciones, propias del carácter contradictorio y fragmentado del espacio 
político-social colombiano.

Aunque hablar del movimiento guerrillero colombiano es casi imposible por su 
extraordinaria diversidad, me centraré en las FARC-EP, el grupo insurgente con mayor 
arraigo en el campesinado. Cuando diga insurgencia o movimiento guerrillero me estaré 
refiriendo fundamentalmente a ellos. Desde luego que las FARC-EP no agotan el movimiento 
guerrillero colombiano. No es mi intención, por cierto, desconocer la importancia 
histórica que otros grupos guerrilleros han tenido, cada cual expresión de algún sector 
social o de algún grupo específico de reivindicaciones. Pero son las FARC-EP las que 
plantean el puente más firme para explicar la continuidad desde la Violencia hasta llegar 
al conflicto social y armado de nuestros días. Ellas no se implantaron mediante el 
foquismo, sino que surgieron orgánicamente de la resistencia al despojo y de las 
autodefensas campesinas. Nunca tuvieron que buscar su identidad en un deambular 
interminable, sin mapa, por la selva. Su naturaleza, en palabras de Francisco Gutiérrez 
Sanín, une la biografía con la historia, las mil y una humillaciones y agresiones 
experimentadas a diario por el campesino con la historia de la Violencia. Actuales 
agravios, como las fumigaciones en el Putumayo, se hermanan con Marquetalia en un relato 
unificador que le da sentido, historia y proyección, “articulando la experiencia personal 
en un marco explicativo más amplio, basado en el destino colectivo” [4]. A la vez son el 
grupo más demonizado y menos comprendido para la “opinión pública” (ie, clases medias 
urbanas), quizás precisamente, por haber sido la guerrilla más “exitosa”.

Obstáculos para una apreciación objetiva de la insurgencia

No es fácil evaluar objetivamente la contribución del movimiento guerrillero en Colombia. 
Cualquier intento serio de abordar este fenómeno se enfrenta al macartismo dominante, 
cuando no a la criminalización directa si se consultan las fuentes o se entrevista a los 
propios actor insurgentes. Las experiencias de Francisco Toloza y Miguel Ángel Beltrán son 
prueba fehaciente de ello. Las dificultades también se deben a una serie de prejuicios y 
distorsiones derivados de la escasez de información disponible de primera mano. La inmensa 
mayoría de la información disponible sobre el movimiento insurgente está tomada de fuentes 
oficiales o de organizaciones de caridad u ONGs, con las cuales las comunidades tienen una 
relación de dependencia, por lo cual dirán lo que la cooperación europea o norteamericana 
quieren que diga en sus informes. Muchas veces estos testimonios deben ser entendidos más 
como estrategias discursivas de supervivencia que como recuentos fiables de la realidad 
del conflicto.

Algunos prejuicios que se derivan de las “anteojeras” con que las que se analiza la 
realidad colombiana, fueron resumidos por William Ramírez Tobón:

Tirofijo era para la derecha burguesa un depredador rural al servicio del totalitarismo 
soviético, para buena parte de la extrema izquierda un revisionista del canon 
revolucionario y, para mí, un tosco campesino a quien alguien le había metido en el morral 
un breve manual marxista. [5]

A lo que habría que agregarles quienes, con gran dosis de elitismo, hoy confunden 
guerrilla con crimen organizado. Natalia Herrera, de la Fundación Ideas para la Paz, en un 
exabrupto nada académico y bastante frívolo, afirma que las FARC-EP “no son más que una 
congregación de criminales” [6]. Afirmación que por cierto no sustenta en datos, ni mucho 
menos entrega una definición conceptual de lo que entiende por “criminales”. Son las 
“verdades” auto-evidentes del paradigma conservador dentro del cual se analiza el 
conflicto cuyo valor explicativo es nulo. Con las FARC-EP entre la “intelectualidad” 
colombiana ocurre lo mismo de lo que se quejaba Bruce Cummings sobre la representación 
maniquea de países del “eje del mal” en los medios de Estados Unidos “es como una pizarra 
en blanco (…) donde lo que sea que uno escriba en ella tiene credibilidad –siempre y 
cuando sea negativo–” [7].

La exitosa campaña del gobierno colombiano por vaciar de contenido político a la 
insurgencia y mostrarla cómo una agrupación de delincuentes no es nueva –ya en la década 
de 1950 a los guerrilleros se les llamaba bandoleros– y ha ido de la mano, en lo jurídico, 
del progresivo desmonte del delito político y su equiparación a la delincuencia común. El 
cuento chino de la “narco-guerrilla”, creación original de Lewis Tamb, embajador de EEUU 
en 1984, se machacó hasta la saciedad por parte de los medios y la oficialidad del 
ejército, deseosa de recuperar las banderas de la moralidad. Pero la propia 
intelectualidad tuvo, al finalizar la década de 1990, fundamentos teóricos para dar un 
barniz “científico” a la propaganda del régimen, cuando pusieron en boga las teorías de la 
“rebelión por codicia”, desarrollada por un analista del Banco Mundial, Paul Collier, 
según la cual, después de la Guerra Fría ninguna rebelión puede tener sustento ideológico 
ni puede explicarse por agravios u opresión. Vistas las rebeliones en el espejo del Nuevo 
Orden Mundial, ahora todo sería debido a la cochina codicia. Todo se reduce, según un 
modelo utilitarista, al comportamiento predador de los rebeldes que buscan el saqueo y el 
enriquecimiento privado [8]. Se confunde así de manera deliberada la necesidad de captar 
fondos para financiar la rebelión, con una rebelión sólo para captar fondos. Esta “teoría 
económica del conflicto” ha sido cuestionada por su superficialidad, por la confusión 
deliberada de medios y fines, inconsistencias conceptuales, por la falta de análisis de 
contexto y la utilización de analogías inadecuadas, pero en Colombia es aceptada de manera 
axiomática por un número significativo de científicos sociales. Teoría que constituye, en 
el horizonte ideológico de la oligarquía colombiana, una continuidad entre el campesino 
salvaje y patirrajado con el guerrillero depredador que se comporta como un carnívoro 
amenazante, en “guerra contra la sociedad”, citando a Daniel Pécaut. De más está decir que 
la supuesta falta de ideología del movimiento guerrillero no se aplica cuando 
rutinariamente se arrestan personas acusadas de ser “ideólogos” de la “subversión”.

Así se ha ido reduciendo en el discurso público, y progresivamente en el académico, los 
márgenes de lo aceptable en los paradigmas para entender el conflicto colombiano. Para ser 
“serios” hay que aceptar sin cuestionamientos ni críticas las “verdades incuestionables” 
sobre la insurgencia, que son moneda corriente aun cuando haya escasa evidencia que las 
sustente o no haya suficientes esfuerzos críticos para falsearlas. Curiosamente un 
investigador de la derecha uribista, Alfredo Rangel, ha escrito en el pasado que el 
movimiento guerrillero “utiliza medios bandoleriles, pero sus objetivos son políticos, no 
de enriquecimiento personal. El hecho de que la guerrilla trafique con droga [9] no la 
convierte en una mafia (…) las guerrillas de Mao Zedong en China también traficaron con 
opio para financiarse.” [10]

Una robusta crítica a esta visión de la insurgencia como mero crimen organizado fue 
realizada por Francisco Gutiérrez Sanín, quien decía de la insurgencia que:

Sus miles de miembros (…) no reciben pago y participan en un conflicto con una gran 
probabilidad de morir o recibir una incapacidad permanente. No se benefician del saqueo, 
enriquecerse no es una perspectiva realista, y esto es de conocimiento común. (…) Viven 
sin ingresos extraordinarios (ni ordinarios, de hecho) (…) A pesar de esto los miembros de 
las Farc generalmente pelean con gran brío. Hay excepciones, pero como regla general en 
combate exhiben tanto destreza como motivación contra oponentes dotados de mejores medios 
técnicos. Cuando están a la defensiva no desfallecen y su tasa de deserción es baja. (…) 
los individuos tienen pocos incentivos económicos para unirse a la organización y jugarse 
la vida por ella (…) Un trabajo en las Farc no sustituye un empleo legal (…) y tampoco es 
un sustituto para actividades ilegales menos riesgosas y/o con más recompensas económicas 
(…) las Farc ofrecen lo mínimo y exigen lo máximo; sin embargo, son los campeones no sólo 
en términos de crecimiento sino también de supervivencia (…) contrariamente a lo que 
sucede con soldados codiciosos, los miembros de las Farc pelean y se defienden bien. [11]

Desde luego que hay excepciones a esta tendencia a ver a la insurgencia a través de las 
anteojeras del “investigador serio”, como el trabajo de investigación que en la 
Universidad Nacional ha conducido Carlos Medina Gallego o el trabajo desarrollado por 
Alfredo Molano, o hitos en la investigación como “El Orden de la Guerra” de Juan Guillermo 
Ferro y Graciela Uribe (CEJA, 2002) o “Colonización, Coca y Guerrilla” de Jaime Jaramillo, 
Leonidas Mora y Fernando Cubides (Alianza, 1989), por nombrar a algunos de los 
investigadores más destacados, los cuales sí se fundamentan en investigaciones en terreno, 
en un conocimiento exhaustivo de la problemática y en la capacidad de analizar 
críticamente la realidad y los discursos sobre ella.

Un último problema de fondo es que las FARC-EP, como una organización en lo fundamental 
campesina, no han sido del interés de intelectuales que buscan disquisiciones teóricas. 
Resulta sorprendente que en uno de los mejores libros que existen sobre las FARC-EP, “El 
Orden de la Guerra”, escrito con numerosos testimonios y evidencia recogidos de primera 
mano durante los diálogos del Caguán, se diga que “Las FARC se definen como marxistas 
leninistas (…) Pero se muestran poco interesadas en los desarrollos de esta ideología (…) 
[y] de las discusiones más recientes del marxismo occidental desarrolladas en América 
Latina (por ejemplo, las corrientes neogramscianas)” [12]. Una frase como esta es la 
prueba más fehaciente del cortocircuito comunicativo entre la insurgencia y los 
intelectuales colombianos.

Campesinado, rebelión y auto-defensa

Aquella vez, durante los diálogos del Caguán, cuando Tirofijo protestó por los cinco 
marranos y las cuatro gallinas que el gobierno le había arrebatado cuando lo de 
Marquetalia, toda la prensa se mofó del rústico patirrajado y se comprobó este 
cortocircuito con la “intelectualidad”. En esas sencillas palabras, empero, hay más de 
verdad sobre el conflicto que en los miles de folios escritos por opinólogos de retorcida 
prosa greco-caldense. Esta anécdota sirve para ilustrar perfectamente el hecho de que, 
precisamente, la insurgencia se ha encargado de sacar a la luz pública toda esa serie de 
agravios y pesares de los de abajo, de esas personas irrelevantes para quienes han comido 
siempre a plato lleno.

Es muy frecuente que personas de clase media urbana, que nunca han tenido contacto de 
ninguna clase con el movimiento insurgente, pregunten ¿qué ha hecho la guerrilla por el 
pueblo colombiano? Hay que entender, para responder a esta pregunta, que las FARC-EP no 
son el gobierno, aunque estos críticos les exijan cosas que su gobierno no ha tenido 
voluntad política de hacer. Lo que el movimiento guerrillero “ha hecho” por el pueblo 
colombiano, entonces, no puede ser entendido desde la perspectiva del Estado de bienestar 
ni de dádivas clientelistas. Debe ser entendido, además, desde el punto de vista de la 
base social del proyecto insurgente, que es, en lo fundamental, el colono, el pequeño 
campesino y los comuneros. El principal significado de la insurgencia ha sido el de dotar 
de un sentido de dignidad y de un norte político a un sector importante del campesinado 
marginalizado. Ante todo, la existencia de la insurgencia, fiel a su origen en las 
autodefensas campesinas de los ’40 ha sido la de garantizar la existencia misma del 
pequeño campesino en amplias zonas del país y a frenar el ritmo del despojo violento. Un 
informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, al referirse al despojo en el Guaviare, concluye:

“El representante a la Cámara Ignacio Antonio Javela adquirió 1.250 hectáreas de tierras a 
los campesinos de esa región, pero otros comienzan a desplazarse ante amenazas e 
intimidaciones. Mientras grupos ilegales rearmados han comenzado a posicionarse sobre toda 
la denominada Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión contra algunas 
comunidades campesinas. Las FARC, por su parte, han prohibido a los campesinos vender sus 
predios y han manifestado que defenderán la zona de otros grupos armados ilegales. 
Tácitamente se trata de desplazar para concentrar la propiedad de la tierra. Las compras 
masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a desplazamientos gota a 
gota en esta región. Paradójicamente el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos 
es un grupo armado ilegal –las FARC–y no el Estado.” [13]

Desde el punto de vista de su ideología de autodefensa y desde el punto de vista de ese 
campesinado, la insurgencia ha cumplido [14]. Pero tampoco la insurgencia se ha limitado a 
la mera supervivencia. Si la cuestión campesina hoy se encuentra en el centro del debate 
nacional, en gran medida es porque la insurgencia ha planteado una y otra vez este tema. 
Las negociaciones de La Habana no son el único factor, pero sí uno de los más importantes 
para generar el clima de movilización y debate nacional que facilitaron la explosión del 
campesinado en el Paro Agrario de 2013. Lo cual demuestra que los rasgos decisivos de la 
identidad fariana siguen siendo su identidad campesina y la ligazón a la tierra. La 
rebelión ha superado los límites de la auto-defensa –sin negarla– impulsada por los mismos 
cambios en la estructura socio-económica que se vienen desarrollando desde el aperturismo 
económico de los ’90, acelerado por las locomotoras del desarrollo santista. El 
campesinado hoy no es solamente un resabio de un modo arcaico de existencia: es un límite 
a la expansión del Plan de Desarrollo Nacional depredador y extractivista, a la vez que la 
base de un proyecto social fundado en el respeto a la biodiversidad, la soberanía 
alimentaria, al medio ambiente, un modelo de organización comunitaria, desde abajo, de 
democracia participativa y directa, que empalma con la figura constitucional de las Zonas 
de Reserva Campesinas. Todo lo cual conlleva a un profundo replanteamiento del modelo 
actualmente imperante en Colombia. No es correcta la visión reduccionista de la 
insurgencia presente en la tesis de Ramírez Tobón de la “colonización armada”, para quien 
las FARC-EP no buscarían la toma del poder y la sustitución del capitalismo por el 
socialismo, sino que serían “unos humildes y tenaces individuos empeñados en (…) la 
conservación de su reducida pero precisa definición existencial en términos de seguridad, 
tierra y aperos de labranza”, esto con el fin de “recomponer en otras tierras las 
condiciones de pequeña propiedad descompuestas en sus lugares de origen” [15]. Esto sería 
desconocer la propia evolución ideológica de la organización, sus propias argumentaciones 
y proyecto político de cara al país, las condiciones concretas en las cuales se desarrolla 
ese proyecto, así como sus esfuerzos por conectarse con otros sectores de la población 
colombiana más allá del campesinado.

Orden e insurgencia

Es indudable que son las comunidades rurales de diversos puntos del país donde el 
movimiento guerrillero ha tenido su más fuerte arraigo. En muchas de estas comunidades las 
FARC-EP han sido ante todo las garantes del orden social. Hasta ahí la tesis de Ramírez 
Tobón sobre la colonización armada es válida. Pero no lo es si nos quedamos sólo hasta ese 
punto, pues no se busca tan sólo reproducir esas condiciones de pequeña propiedad 
arcaicas, sino que se busca, efectivamente, el establecimiento de un orden social nuevo, 
con nuevas dinámicas de poder, en condiciones precarias y de atraso social abismales. La 
estrategia revolucionaria de las FARC-EP se ha basado en la construcción de poder local, 
dando un nuevo carácter a relaciones sociales pre-existentes y creando otras nuevas según 
las circunstancias [16]. Desde una perspectiva dogmática y abstracta que mire 
mecánicamente la ecuación “fuerzas productivas/ relaciones sociales de producción” 
efectivamente las FARC-EP no han desarrollado el “socialismo”, según el recetario de los 
clásicos, en las comunidades donde ha tenido influencia… ¡ni tampoco ha tenido las 
condiciones materiales para hacerlo! Pero si vemos el problema desde la dialéctica de la 
lucha de clases, a las claras se revela la inadecuación del análisis que insiste en que 
las demandas de la insurgencia son posibles de absorber por el capitalismo sin traumas. No 
existe un capitalismo en abstracto, sino que el sistema adquiere matices particulares en 
cada país o región, dependiendo de una serie de factores. El hecho objetivo es que el 
capitalismo realmente existente en Colombia ha sido incapaz de absorber hasta ahora las 
demandas de las FARC-EP, lo que no puede explicarse solamente por la tozudez de la oligarquía.

La dialéctica del cambio social depende no de las categorías de análisis en abstracto sino 
desde las condiciones concretas en que se desarrolla la lucha de clases. Es decir algo que 
en Dinamarca pueda resultar hasta conservador (por ejemplo, la educación gratuita), en un 
país con las contradicciones de Colombia, puede resultar revolucionario. Una reforma 
socialdemócrata en Escandinavia puede desatar una revolución en nuestros trópicos, no 
solamente por la cantidad de cambios estructurales que la susodicha reforma requiere, sino 
además por el impacto que ésta tiene en el equilibrio siempre precario de la estructura de 
clases colombianas. Esto y no otra cosa es lo que explica que se lleven 80 años de derrame 
de sangre por una dichosa reforma agraria en Colombia.

Y sin embargo en numerosas comunidades ha habido reforma agraria realizada muchas veces 
por la insurgencia, que ha permitido la persistencia del pequeño campesinado en los llanos 
y en Tolima, por ejemplo. No solamente la insurgencia ha garantizado que el campesino 
conserve su tierra, sino que además ha garantizado la viabilidad de las comunidades al 
dotarlas de ciertos elementos de orden mediante los “manuales de convivencia” que son la 
ley en muchos territorios. Las FARC-EP han sido las que ha funcionado como agencia para la 
distribución de tierras, sirven de jueces y árbitros en diversas disputas, han definido 
criterios de propiedad y un marco jurídico para las comunidades (lo cual han hecho muchas 
veces basados en las propias concepciones de las comunidades) [17], han regulado la 
explotación de recursos, determinado el valor de la mano de obra y controlado precios. Por 
ejemplo en zonas de cultivo de coca han regulado la cantidad de hectáreas que pueden 
dedicarse al cultivo ilícito y cuántas deben dedicarse al pan coger. Organizan junto a las 
comunidades labores y obras públicas, cobran impuestos que se utilizan para la guerra y 
para las obras comunitarias, y a veces proveen servicios médicos. Es decir en muchas 
comunidades rurales de Colombia las FARC-EP realizan labores que son propias de un 
gobierno, en medio del rigor de la guerra, de la precariedad de recursos y desde una 
lógica de participación y empoderamiento de la comunidad. Mientras ciertos autores hablan 
de un orden frágil en constante negociación [18], precisamente esta negociación garantiza 
el arraigo y la persistencia que este orden tiene en ciertas zonas del país. Pues no se 
trata de una imposición arbitraria, sino de un proceso de diálogo permanente con las 
comunidades; diálogo en el cual las normas, instituciones y conductas se desarrollan de 
manera flexible, adaptándose a la idiosincrasia de cada lugar. En este diálogo, por 
cierto, está presente la dimensión afectiva: no es casual que en las comunidades se les 
llame, muchas veces, sencillamente “los muchachos”, pues los unen lazos de sangre y 
afectivos a sus comunidades. Sin embargo, esta dimensión afectiva no desplaza la dimensión 
eminentemente política y moderna de este diálogo. La ley del monte se respeta siempre y 
cuando sea vista como racional por la comunidad, como una buena ley que la beneficia, que 
es justa –si no es así, la insurgencia no tiene posibilidad de echar raíces en una 
comunidad por la mera fuerza de las armas–. Alfredo Molano sintetiza este punto: “El 
colono se niega a aceptar (…) el despojo y en esa negación se gesta su reacción contra las 
instituciones y los hombres que la gobiernan. Por esta razón los colonos aceptan, acatan y 
defienden a la guerrilla, porque para ellos la acción guerrillera es, simplemente, una 
acción justiciera. Nada más.” [19]

Proyecto de izquierda e insurgencia

Pese a esta fuerte base social en el campesinado, sería incorrecto plantear que las 
FARC-EP son, sencillamente, campesinistas. Desde la séptima conferencia guerrillera en 
1982 las FARC-EP han venido tomando en cuenta la situación de las ciudades, donde han 
visto “atisbos revolucionarios” abiertos por el paro cívico de 1977. Esta orientación, así 
como la negociación política abierta con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), 
son claves para entender el desarrollo de una línea política propia por parte de las 
FARC-EP desarrollada a partir de la herencia ideológica del Partido Comunista Colombiano. 
Pero la posibilidad de presentar ante la sociedad su programa, así como las interacciones 
con amplios sectores sociales durante la experiencia de la Unión Patriótica, llevó a que 
las FARC-EP no solamente valoraran con ojos nuevos el problema de lo urbano, sino que se 
nutrieran, en este intercambio con la sociedad, de esta problemática. Sin embargo el 
acceso a los sectores urbanos no ha sido nada fácil. Manuel Marulanda describía como el 
peor enemigo del movimiento guerrillero al “aislamiento de esta lucha (…) entre ustedes, 
los de la ciudad, y nosotros los que hemos estado enmontados, hay de por medio una gran 
montaña” [20]. Pese a estas dificultades algunos de los cambios más fundamentales en la 
política colombiana durante la segunda parte del siglo XX hasta la fecha han ocurrido por 
influencia del movimiento guerrillero. Una de estas transformaciones, de profundo impacto, 
fue la elección directa de alcaldes –durante las negociaciones con Belisario Betancur 
(1986) las FARC-EP plantearon la necesidad de elegir directamente, por voto popular, a los 
alcaldes y promovieron que el 40% de los ingresos públicos se devolvieran a las 
municipalidades–. La propuesta iba acompañada de fortalecer mecanismos de democracia 
directa, como la revocatoria de mandatarios, consulta popular y referéndums. Es así como 
desde 1988 los alcaldes son elegidos por voto popular y desde 1991 lo mismo ocurre con los 
gobernadores. Hasta ese entonces los alcaldes eran designados por el gobernador del 
departamento, y éste era designado por el presidente. Es en este contexto que se crea la 
Unión Patriótica, cuyo brillante desempeño en las elecciones a nivel local, produjo una 
reacción histérica en la oligarquía, que se alió con sectores mafiosos en una alianza que 
perdura hasta nuestros días, ahogando en sangre esta experiencia de democratización del país.

Aunque se reclama frecuentemente que con esta medida las mafias locales pasaron en muchos 
casos a controlar el Estado a nivel local, mediante el clientelismo, la corrupción y las 
alianzas non-sanctas, lo cierto es que el clientelismo no surgió en 1988 sino que está en 
los orígenes mismos de la violencia política. La parapolítica no fue resultado de las 
elecciones directas, sino del proceso de paramilitarización del Estado en medio de la 
crisis de hegemonía sin precedente que se vive desde mediados de la década de 1980. Es 
irrisorio suponer que los personajes designados a dedo por los presidentes anteriormente 
eran ángeles caídos del cielo. Imaginemos si Uribe Vélez hubiera podido designar alcaldes 
y gobernadores: la parapolítica se habría desarrollado de manera exponencial. Las 
elecciones populares han creado un espacio mínimo acechado por el paramilitarismo, para la 
existencia de experiencias de gobierno local de oposición a un Estado central hermético. 
Y, lo que es más importante, mecanismos como la consulta popular, los referéndums o las 
revocatorias de mandato han sido utilizados de manera ingeniosa por el pueblo para 
plantear su oposición a las políticas oficiales, como lo demostró el municipio de Piedras 
en Tolima al rechazar la megaminería mediante consulta popular. Desde luego el Estado 
central puede ignorar estas consultas, como lo hizo en este caso, y ha desnaturalizado 
estos mecanismos de participación popular haciéndolos cada vez más difíciles de 
implementar (mediante una serie de decretos), pero sin lugar a dudas esta medida ha puesto 
un cierto freno al centralismo destructivo que ha corroído la mayor parte de la historia 
republicana colombiana.

La misma constitución de 1991, que santificó el modelo aperturista económico de las 
últimas décadas pero que también está imbuida de un espíritu garantista de los derechos 
civiles, si bien no deriva directamente de las propuestas de las guerrillas que siguieron 
alzadas en armas (ELN y FARC-EP), también es fruto de la presión guerrillera a través de 
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que agrupó a todos los movimientos insurgentes a 
finales de la década de 1980. Sin la fuerza de estas dos guerrillas es impensable que las 
propuestas liberales-radicales y garantistas del M-19 (secundadas por una colección de 
movimientos guerrilleros menores, con poca capacidad militar y de negociación), hubieran 
podido llegar a entrar en la Carta Magna. No está de más recordar que temas como la 
autonomía indígena fueron conquistas hechas con las armas en la mano, aunque muchos de 
esos dirigentes hoy no se quieran acordar de esto.

No cabe ninguna duda que el movimiento insurgente ha sido depositario de una larga 
tradición de luchas y de resistencias (sintetizadas en las propuestas mínimas de La Habana 
sobre los diversos puntos agendados) que hay que tener en cuenta para abordar seriamente 
el desarrollo de un proyecto de izquierda para Colombia. Sin embargo hay quienes denuncian 
a la insurgencia como el factor clave que explica la debilidad en el desarrollo de la 
izquierda legal. Esta tesis ha sido defendida de manera vehemente por Eduardo Pizarro 
Leongómez (hermano del guerrillero desmovilizado del M-19 Carlos Pizarro, asesinado en la 
campaña presidencial de 1990), en numerosos trabajos, aún desde antes de haber terminado 
en las toldas uribistas-santistas, y de ella se han hecho eco en el sector llamado 
“progresista”. Esta explicación se abstrae de dar cuenta de los niveles de represión y del 
exterminio físico de la izquierda desde 1980, del contexto generalizado de macartismo y 
persecución política, como si esos factores no tuvieran nada que ver con la debilidad de 
la izquierda legal (esto sin contar sus limitaciones propias como el excesivo 
burocratismo, las alianzas erráticas, su desconexión de las luchas de base, etc.).

Uno podría dar vuelta al argumento y preguntarse si no ha sido acaso la debilidad endógena 
de la izquierda legal, urbana, la que ha prolongado el conflicto por su incapacidad de 
forzar al establecimiento a las concesiones necesarias para superarlo. O bien que el 
debilitamiento y cierre progresivo de espacios a la izquierda legal ha sido un factor que 
ha contribuido a fortalecer el proyecto insurgente. Esta tesis de la “guerrilla obstáculo” 
no valora, por una parte la capacidad de la insurgencia para plantear ante el debate 
nacional temas que la izquierda legal no ha sido capaz de plantear. Tampoco valora que la 
insurgencia ha sido capaz de generar espacios desde los cuales el pueblo ha podido hablar 
y dar su opinión, esté o no de acuerdo con ella: pocas veces se han dado en la política 
nacional espacios democráticos de la envergadura de las audiencias públicas en el Caguán o 
de los foros sobre las distintas problemáticas en el actual proceso de paz, con todas las 
limitaciones que hayan podido tener. Y tampoco valora el hecho de que en muchos 
territorios la presión armada de la insurgencia de hecho incrementa el margen de maniobra 
de los movimientos sociales y su poder de negociación, aun cuando estos movimientos no 
necesariamente tengan lazos orgánicos con la insurgencia [21].

Gústele a quien le guste, en sus propios términos, la insurgencia ha sido más exitosa que 
toda la izquierda legal junta.

Medio siglo largo y lo que queda en el camino


En este análisis he obviado casi por completo los aspectos específicamente militares de la 
evolución de medio siglo de las FARC-EP. Este aspecto ameritaría un tratado en derecho 
propio y, sin embargo, no es ni lo decisivo ni lo más importante en este medio siglo de 
historia. Más allá de la fuerza variable de las armas, de la transformación de 
auto-defensas en guerrillas móviles, el impacto del Nuevo Modo de Operar, el repliegue 
táctico del Plan Colombia y el actual impulso con nuevos bríos de la lucha guerrillera con 
la re-estructuración propiciada por la comandancia de Alfonso Cano, que hoy ha demostrado 
dar los golpes más duros al ejército estatal en una guerra “invisible” de desgaste, el 
movimiento guerrillero sigue siendo un fenómeno fundamentalmente político y es en este 
aspecto en el cual quise concentrar mis esfuerzos. Claro lo militar y lo político no 
pueden ser divorciados del todo; las negociaciones son prueba de los límites de la 
estrategia militarista del Estado y son una demanda histórica de la insurgencia, 
conquistada por la fuerza de las armas, pero también por la fuerza de una movilización 
popular coincidente con la insurgencia en el punto de la solución política al conflicto 
social y armado. La instalación de una mesa de negociaciones es, pese a lo que digan los 
sectarios, en sí misma una victoria popular.

Tras medio siglo de lucha guerrillera las FARC-EP, nos sintamos o no cercanos a ésta, es 
un factor fundamental en la política nacional, y un proyecto político de izquierda no 
puede desarrollarse mediante maniqueísmos y señalamientos, desconociendo la contribución 
histórica que desde las filas insurgentes se ha generado tanto en el plano de las 
propuestas políticas de país, como en el plano de la experiencia acumulada en la práctica 
de creación de poder local como estrategia de disputa a la hegemonía burguesa. Hoy 
Colombia cruza una encrucijada en la cual se articulan las negociaciones en La Habana con 
las movilizaciones populares crecientes en las calles. Superar la barbarie de medio siglo 
dependerá, en gran medida, de la capacidad que los sectores populares tengan de 
identificar ese espacio en el cual puedan unirse las aspiraciones populares con su propia 
capacidad de lucha, donde lo que definirá no será lo militar.

José Antonio Gutiérrez D.
4 de Junio, 2014


[1] William Ospina, “Los Invisibles”, El Espectador, 26 de Septiembre, 2015.
[2] Charles Tilly, “Coercion, Capital and European States. AD. 990-1992”, Blackwell 
(Oxford), 2002, p.70. Traducción del autor de este ensayo.
[3] En honor a la verdad, más adelante en este mismo libro, Tilly explora también el rol 
que han tenido los movimientos de resistencia en contra del poder en la creación del 
sistema de derechos sociales y humanos, de la creación de sistemas de control del poder, 
en el desarrollo de la democracia, etc. Sin embargo, su posición fundamental es que a lo 
más pueden jugar un rol moderador, pero no un rol creador. Es precisamente en este punto 
en donde los revolucionarios se dividen de los reformistas, no en si es necesario hacer 
reformas o no, asunto en el que todos están de acuerdo.
[4] “Criminal Rebels? A Discussion of War and Criminality from the Colombian Experience”, 
p.18, 2003 (London School of Economics)
[5] “Estado, Violencia y Democracia”, 1990, p.10 (Ed. Tercer Mundo/IEPRI)
[6] Natalia Herrera y Douglas Porch, ‘”Like going to a Fiesta” –the Role of Female 
Fighters in Colombia’s FARC-EP’, Small Wars & Insurgencies, 19(4): 609-634, 2008
[7] “North Korea, Another Country”, 2004, p.50 (The New Press)
[8] Ver por ejemplo, Paul Collier, ‘Rebellion as a Quasi-Criminal Activity’, Journal of 
Conflict Resolution, 44(6):839-853, 2000. Ver también Paul Collier & Anke Hoeffler, ‘Greed 
and Grievance in Civil War’, 1999 
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450...-2355
[9] Hecho cuestionable, pero que se repite con frecuencia, ya que escasamente las FARC-EP 
llegan más allá del gramaje e impuesto sobre las transacciones en sus territorios.
[10] “Los límites de la extradición”, El Tiempo, 31 de Diciembre, 2004.
[11] “Criminales y rebeldes: una discusión de la economía política del conflicto armado 
desde el caso colombiano”, Estudios Políticos, 24: enero-junio 2004
[12] p.168.
[13] “La Guerra contra y de las FARC”, en “Revista Arcanos”, Número 15, Abril del 2010, p.9.
[14] Lo que no significa que haya podido erradicar el despojo, acelerado con la 
unificación y cualificación del aparato paramilitar desde mediados de la década de 1980
[15] Ramírez Tobón, op.cit., p.10
[16] Lo cual ya es reconocido por Eduardo Pizarro Leongómez, “Las FARC, de la Autodefensa 
a la Combinación de Todas las Formas de Lucha, 1949-1966”, 1991 (Tercer Mundo)
[17] Ver por ejemplo los trabajos de Mario Aguilera P. “Justicia Guerrillera y Población 
Civil: 1964-1999”, Bulletin de l’Institut Francais d’Études Andines, 29(3): 435-461, 2000, 
y Nicolás Espinosa “Entre la Justicia Guerrillera y la Justicia Campesina ¿Un Nuevo Modelo 
de Justicia Comunitaria?”, Revista Colombiana de Sociología, 20:117-145, 2003, el cual 
analiza La Macarena en El Meta, para demostrar que el modelo de justicia comunitario se 
base en la interacción de la tradición con la “ley del monte”. Ver también de Espinosa “El 
justo comunitario, las leyes y la justicia en una región con fuerte presencia del 
conflicto armado. Etnografía del pluralismo jurídico en la Sierra de La Macarena”, Diálogo 
de Derecho y Política (U. de A.), 3, 2010.
[18] Marco Palacios “Violencia Pública en Colombia 1958-2010”, 2012 (Fondo de Cultura 
Económica)
[19] Ponencia presentada al 46 Congreso Internacional de Americanistas, Julio 4-8 de 1988, 
Ámsterdam, Holanda. Tomado de la publicación Reencuentro Ideas No.5, Junio 2012, Bogotá, 
Colombia.
[20] Arturo Alape, “Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo”, 
p.19, 1989 (Planeta)
[21] Ver María Teresa Uribe “Nación, Ciudadano y Soberano”, 2001, pp.262-263 (Corporación 
Región) Add Your Comments >>

http://www.anarkismo.net/article/28975



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