(ca) Democracia económica: Ideas para avanzar by Apoyo Mutuo

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Sat Apr 9 07:51:26 CEST 2016


Las líneas principales de un programa de avance a una democracia plena desde el punto de 
vista económico, desarrollando el programa general de Apoyo Mutuo, deberían ser las 
siguientes: ---- 1.- Propiedad colectiva de los medios de producción, distribución e 
inversión, así como de los recursos naturales de los diferentes territorios del país. ---- 
- Colectivización de las tierras que no puedan ser trabajadas por la familia propietaria. 
Estas tierras pasarán a formar la columna vertebral de la propiedad colectiva en el campo, 
y serán gestionadas por los propios trabajadores y trabajadoras. ---- -Colectivización de 
las empresas industriales y de servicios, de las entidades financieras (bancos, cajas), 
así como de los sectores estratégicos y los relacionados con las necesidades básicas de la 
población. Socialización de su gestión, con representación directa de los trabajadores y 
los consumidores, bajo la supervisión de los órganos políticos democráticos. Respeto de 
las empresas individuales, familiares o cooperativas que quieran mantenerse al margen del 
trabajo colectivo.

-Socialización de las viviendas de los multipropietarios y el Estado y conformación de un 
parque colectivo de edificios con ellas bajo alquiler social. El alquiler será sustituido 
por el usufructo vitalicio y la gestión será entregada a los organismos políticos 
democráticos, permitiendo la permuta de viviendas temporal o definitiva entre los habitantes.

2.- Planificación económica y reparto del trabajo de manera que se aseguren los derechos 
de todas las personas.

a) Los principales objetivos de política económica y, por extensión, de la intervención en 
la planificación económica, serán:

* Reparto del trabajo productivo. Pleno empleo, siendo la comunidad la empleadora de 
último recurso para quien no tenga empleo con impulso del Empleo Garantizado. Reparto del 
trabajo reproductivo y de cuidados. Cobertura social del trabajo reproductivo y de 
cuidados que no asuman las personas y familias.

* Producción y servicios dirigidos a las necesidades sociales y no al beneficio, lucro o 
usura. Atención prioritaria a las necesidades de la población y prohibición de la usura. 
Producción socialmente útil eliminando actividades nocivas y despilfarradoras de recursos, 
en detrimento del consumo antisocial e innecesario de productos contaminantes o que 
necesitan para su generación insumos provenientes del exterior que hayan sido producidos 
en condiciones de explotación. Aplicación de criterios ecológicos sobre toda actividad 
económica, buscando la soberanía alimentaria y energética.

* Distribución de la renta y riqueza generada de forma igualitaria asegurando ingresos 
mínimos para la cobertura de todas las necesidades básicas a personas y familias. Los 
ingresos derivados del empleo y los precios formaran parte de los planes de producción y 
consumo.Se establecerá una ligazón de la moneda a la riqueza producida en la economía.

* Servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, transporte colectivo, justicia, 
pensiones, cuidados y otras ayudas) gestionados colectivamente, gratuitos y de calidad.

*Política de favorecimiento de la industria y los servicios locales, comarcales y de lo 
cercano y lo sostenible ecológica y socialmente. Controles de capitales y soberanía 
monetaria, alimentaria, industrial y energética (sobre la base de las energías 
renovables). Apertura a la creación de zonas económicas transnacionales, en función de que 
el modelo externo con el que se pacta sea compatible con el paradigma de democracia 
económica y socialismo autogestionario, así como con la sostenibilidad ambiental global.

* Fomento de las actividades económicas autogestionarias ligadas con los cuidados, lo 
relacional-afectivo y lo cultural.

b) Constitución de instrumentos y órganos de planificación económica en diferentes niveles:

* Lo esencial de la vida económica se planificará de manera participativa con la 
intervención de los Consejos de Trabajadores y de los Consejos de Usuarios concernidos. Se 
crearán también dichos Consejos de las Federaciones Industriales que territorialmente 
tendrán un control colectivo del comercio exterior. Dicha planificación económica 
comportará la elaboración participativa de planes de producción y consumo anuales en los 
diferentes niveles territoriales, y planes económicos plurianuales para la inversión y la 
planificación del modelo de desarrollo económico a largo plazo. Se permitirán formas de 
mercado sin uso de trabajo asalariado en el comercio de proximidad, así como la pequeña 
empresa o la explotación agraria familiar.

* Los organismos políticos democráticos sustituirán al Estado en todos sus niveles y en 
todas sus competencias, coordinando las funciones de los consejos previamente mencionados. 
Esto implica lógicamente el abandono de todas las estructuras internacionales no 
compatibles con este planteamiento e implicación en unas relaciones internacionales 
multilaterales que apoyen dichos objetivos economicos y sociales.

* Se crearán o adaptarán los organismos estadísticos y de análisis económico existente 
para los objetivos e instrumentos reseñados, empezando por disponer de un censo económico 
completo de inventarios, capacidad productiva instalada, situación industrial y comercial 
de la economía, puesto que las bases de una buena política económica, es la existencia de 
una buena estadística, hoy principalmente en manos de la clase capitalista.

Cambio de paradigma: transición a la democracia económica

La transformación social necesaria para poner en marcha una economía enteramente volcada 
en un este paradigma de socialismo y democracia económica precisa de un proceso de 
afianzamiento y desarrollo que implica varias etapas, temporalmente delimitadas. La 
construcción de una nueva sociedad y una nueva economía necesita de un desarrollo gradual, 
y al tiempo afianzado en momentos de ruptura revolucionaria del orden precedente.

Se trata de un proceso de transición que empieza por avances sociales y económicos que 
empoderen a las fuerzas que los obtienen, y a las clases implicadas en la lucha por su 
consecución. Estos avances van desplegando sus efectos, variando el status quo anterior, 
reforzando las posturas democráticas, y acumulando las fuerzas necesarias que deberán 
expresarse con plena amplitud en los momentos de quiebra revolucionaria abierta, en los 
que los procesos de avance se acelerarán y el movimiento popular deberá demostrar plena 
audacia y capacidad de acción, también teórica y analítica.

Esta visión dinámica del proceso de construcción de una sociedad transformada, frente a 
las conceptualizaciones puramente estáticas que dibujan el escenario deseado, pero se 
niegan a imaginar y desentrañar como alcanzarlo desde la situación actual, empieza por la 
delimitación de unas líneas de actuación para el ahora.

A este respecto, es necesario dotarse de análisis y propuestas que en el corto plazo 
orienten una acción autónoma del poder económico e institucional. Esto pasa por la 
definición de una agenda de prioridades que trasciendan los ciclos políticos y 
parlamentarios, así como los fenómenos mediáticos. En el plano económico, es necesario 
pues un planteamiento de superación de la lógica capitalista neoliberal, pero también de 
la keynesiana cómo forma de regulación y estabilización capitalista. Para ello es 
necesario ir construyendo desde abajo la intervención en los principales organismos de la 
estructura económica, así como en los instrumentos y orientación de las políticas económicas.

Estas reivindicaciones mínimas de avance se delinean entorno a la idea de que puedan, 
realmente, reforzar la posición de la clase trabajadora y las mayorías sociales, variando 
el status quo actualmente existente, totalmente desfavorable para ella, y permitiendo y 
popularizando las experiencias de autogestión y auto-organización factibles en esta 
primera fase. Algunas de ellas podrían ser las siguientes, indicadas sin pretensiones de 
exhaustividad:

1.- Vivienda y necesidades básicas.

Es necesaria una política de vivienda enteramente diferente, que pasa por la expropiación 
sin indemnización de los inmuebles vacíos, su conversión en parque público y su reparto 
como primera vivienda entre la población comenzando por las familias más golpeadas por la 
pobreza, en régimen de usufructo, así como el fomento de la vivienda cooperativa 
(estableciendo mecanismos de control que impidan que constructores pirata se camuflen de 
supuestas cooperativas para llevar a cabo actividades inmobiliarias). También debe 
gravarse con impuestos específicos a los multipropietarios. Así mismo, teniendo en cuenta 
el extraordinario negocio que ha supuesto durante décadas la industria inmobiliaria, es 
necesario desmercantilizarlo. Para ello, defendemos la cancelación de la deuda hipotecaria 
a los habitantes de la vivienda cuando haya sido pagado el coste de construcción de la 
misma. Además, tanto las cuotas hipotecarias como de alquileres no deben superar nunca el 
30% de los ingresos de los y las habitantes.

-Los suministros básicos para la habitabilidad (calefacción, luz, agua...) deben ser 
prestados de manera pública, así como gratuita hasta el nivel mínimo para una vida digna. 
El acceso a estos suministros debe ser complementado por una renta básica universal, en 
especie o monetaria, que asegure esa misma vida digna en todos los aspectos.

-Medidas tendentes a la configuración de las bases legales y prácticas para el inicio de 
la democratización de la propiedad pública, estableciendo mecanismos de participación 
activa en lo público para los trabajadores de los servicios concernidos, los usuarios y 
organismos locales comunales de nueva creación, basados en la democracia directa y 
asamblearia y con competencias en ampliación constante y recursos procedentes de los 
impuestos progresivos devengados en su territorio , así como de un Fondo Interterritorial 
de Compensación y Solidaridad que garantice el trasvase de recursos de las zonas y barrios 
ricos a los espacios obreros y degradados. Esto implica la nacionalización (en cualquier 
nivel) de los servicios públicos privatizados en las últimas décadas de hegemonía 
neoliberal, manteniendo el empleo y gestionándolos de la manera ya indicada, así como la 
de otros servicios que no hayan sido nunca públicos, comenzando por los más estratégicos.

2.- Relaciones laborales y control sindical económico

-Eliminación de las subvenciones a las empresas capitalistas, organizaciones empresariales 
y sindicales.

-Nuevo modelo de negociación colectiva basado en las asambleas de trabajadores y la 
presencia de los sindicatos con implantación real en las empresas, en la primacía del 
convenio de ámbito superior (que sólo podrá ser mejorado por el inferior, pero nunca 
empeorado), en la legalización de los convenios por lugar de trabajo o cadena de valor 
(aunque implique a empresas de distintos sectores o ámbitos geográficos) y a nivel de 
grupo de empresas.

-Promoción de la negociación colectiva de empresa a empresa, de forma que se pueda 
construir la negociación colectiva sectorial o territorial desde la fuerza de las 
empresas, incentivando así que las empresas que tengan plantillas organizadas sean las 
primeras en conquistar mejoras, generando un efecto llamada.

-Legalización de la huelga de solidaridad, intermitente, rotatoria, escalonada y 
estratégica. Eliminación total de los servicios mínimos que no sean relacionados con la 
vida (emergencias, urgencias sanitarias, etc.). Prohibición de cualquier estrategia 
empresarial de vulneración y reducción de los efectos económicos de la huelga. Eliminación 
del código penal de artículos que criminalizan la huelga y la acción sindical.

-Ampliación de derechos de información, consulta y control sindical económico de las 
empresas industriales, de servicios y de las entidades financieras (bancos, cajas), 
mediante el acceso trimestral, con capacidad de inspección directa en cualquier momento, 
por parte de todas las organizaciones sindicales a la documentación productiva y plan de 
producción, control administrativo de los ingresos y gastos en efectivo (libro de caja) o 
por medio de bancos, acceso a los libros contables y documentación que sustenta las 
partidas contables, así como a toda la demás documentación contractual, económica, fiscal 
y laboral, de género, ecológica y de salud laboral generada por las empresas.

-Control sindical del fraude económico, fiscal y a la seguridad social en las empresas 
industriales, de servicios y de las entidades financieras (bancos, cajas). Control 
sindical de la producción, distribución salarios-beneficios, precios, inversión y cambio 
tecnológico por acabar determinando estos parámetros el nivel de producción y empleo. La 
patronal tiene en la propiedad su fuente de legitimación y control legal de los medios de 
producción, sin embargo esto se concreta además con la apropiación de un conjunto de 
poderes inmateriales (técnicas, culturas, información, etc.) que no pueden ser 
socializados mecánicamente y requieren de un proceso social de aprendizaje en las empresas.

-Establecer la contratación indefinida como única. Prohibición de la subcontratación y las 
ETTs. Control sindical de las contrataciones. Impulso de bolsas de empleo en los 
sindicatos y apoyo con las asambleas de parados/as.

-Establecimiento de incrementos salariales por encima de la productividad y los precios, 
para recuperar los salarios perdidos por la crisis. Incrementos de forma lineal con mayor 
cuantía para los bajos salarios para reducir el abanico salarial hasta la igualación de 
salarios para todas las categorías. Establecimiento de salarios máximos en relación al 
salario mínimo para facilitar esa transición y disponer de recursos financieros para el 
incremento del empleo y la parte salarial de la economía con el subsiguiente reparto de la 
riqueza.

-Reducción de jornada laboral sin reducción salarial y reparto del empleo, para reducir el 
desempleo orientándose hacia el pleno empleo. Prohibición de horas extraordinarias. 
Inclusión del tiempo de transporte desde el hogar al puesto de trabajo dentro de la 
jornada laboral, y plus por uso de transporte público para todas las plantillas. 
Eliminación de cargos directivos y de supervisión, repartiendo las funciones para 
incrementar empleo productivo.

-Permiso laboral retribuido de tres años de duración, a repartir equitativamente entre la 
unidad familiar, en caso de adopción o nacimiento.

-Imposibilidad de descuelgue de convenio colectivo (reducción de salario, aumento de 
jornada, etc) sin acuerdo con la parte social, y solamente siempre que exista causa 
económica y productiva suficiente para ello y no se deba a descapitalización y fraude 
económico.

-Control sindical con consulta previa a cualquier despido objetivo o disciplinario. El 
despido declarado improcedente por los tribunales conllevará readmisión obligatoria en el 
centro de trabajo.

-Prohibición de despidos forzados en procesos de reestructuración empresarial o en las 
administraciones públicas, siendo solamente posible el ajuste “por arriba” y frente al 
capital, así como implementando alternativas de menor a mayor impacto -movilidades y 
recolocaciones, reducción salarial, suspensión de contratos- y centradas en el reparto 
defensivo del empleo, siempre que exista causa económica y productiva proporcionada para 
ello y no se deba a descapitalización y fraude económico.

-Impulso de la recuperación y cooperativización autogestionada de empresas en crisis que 
se insertarán en el tejido de economía social del territorio.

-Fomento del servicio de inspección de trabajo y adopción de la normativa más exigente a 
nivel global en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.

3.- Distribución, política monetaria, política fiscal y finanzas.

- Control de precios, productos y servicios. La inflación es provocada siempre por los 
empresarios que cargan sobre los precios cualquier mejora económica de los trabajadores y 
trabajadoras o se aprovechan de su posición de poder de capitalismo con tendencia 
monopolista contra las mayorías sociales. Por lo tanto se proponen dos medidas 
complementarias al respecto. Por un lado el control directo de los precios vía sindicatos 
y organizaciones sociales de los productos básicos (cesta básica de alimentación, 
vivienda, energía y transporte) para que no superen en su conjunto por persona y mes un 
porcentaje del salario mínimo. Asimismo se establecerá un lábel social o sello de calidad, 
solo asignable a productos que tengan precios asequibles en esa cesta básica, que no 
contengan elementos nocivos o de mala calidad para quienes los consuman y que sean 
elaborados por trabajadoras que disfruten de todos sus derechos laborales para lo habrá 
contacto con los sindicatos presentes en las empresas. Se promoverá el boicot de aquellos 
productos o servicios que no tengan ese lábel social.

- Recuperación de la soberanía monetaria y la política monetaria. Salida ordenada del euro 
en conjunto con otros países impulsando relaciones económicas internacionales 
multilaterales encaminadas a la democracia económica. Control social de los bancos 
centrales y de las decisiones de política monetaria dirigidas al desarrollo económico, 
generación de empleo y bienestar social.

-Control social amplio de las fuentes de ingresos y gastos presupuestarios de las 
administraciones. Es necesaria la participación social en las decisiones de política 
presupuestaria. Medidas tendentes a encarar el problema de la deuda, que ha alcanzado a 
ser central en nuestra sociedad, y a impedir la transformación del capitalismo en un 
régimen renovado de servidumbre por deudas. Al no reconocer el régimen político español 
como legítimo, planteamos la auditoria social de todas las deudas y el impago unilateral 
de intereses y deuda, así como de las cantidades adeudadas por los trabajadores y 
trabajadoras en relación con el uso de servicios esenciales.

-Ingresos públicos. Eliminación del IRPF en la nueva escala salarial, que elimina la 
remuneración de la clase coordinadora camuflada como salario: el trabajo, al que ya se le 
elimina la plusvalía, no debe ser gravado; incremento del IVA para los artículos de lujo y 
eliminación a los de primera necesidad. Incremento del Impuesto de Sociedades y 
eliminación de todas las deducciones fiscales. Introducir impuestos a las importaciones. 
Creación o incremento radical de los impuestos vinculados a la propiedad capitalista, el 
patrimonio personal y la herencia, aumentando globalmente las tasas impositivas y los 
ingresos. Control y eliminación de los paraísos fiscales. Ilegalización de las SICAV 
(sociedades de inversión de capital variable, en las cuales están puestos los grandes 
capitales españoles) y SCIMI (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario). El capital invertido en ellas pasaría, sin indemnización alguna para sus 
antiguos propietarios, a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar los 
subsidios de desempleo, pensiones y demás políticas sociales. Incremento del control del 
fraude fiscal con plena información empresarial y de las administraciones públicas a la 
sociedad. Incremento de recursos para la inspección de hacienda para las grandes empresas.

-Gasto público. Reducir y eliminar los gastos públicos injustificados para las necesidades 
sociales. Incremento del gasto social en sanidad, educación y políticas sociales a niveles 
que permitan eliminar las situaciones de pobreza y exclusión. Permitir el acceso social a 
una plena información de empresas publicas y administraciones, con la documentación de las 
transacciones y contratos firmados.

4.- Desarrollo económico.

Es necesario un cambio de modelo productivo y de consumo, que por una parte eleve la 
autonomia y soberania económica, alimentaria, industrial y energética, mientras que 
permita reequilibrar las estructuras productivas rechazando patrones de especialización 
impuestos por la Unión Europea. Caminar hacia un control social de las inversiones es una 
de las claves, para ello, en el corto plazo es preciso:

- Movilización forzosa del capital, obligando a la inversión o reinversión en la creación de

sectores productivos necesarios para la población. Control social de las inversiones para 
incluir los márgenes ecológicos. Creación de fondos de inversión social controlados por 
las organizaciones sindicales, sociales y cooperativas depositados en cooperativas de 
finanzas, para destinar una parte de los excedentes empresariales a la inversión en la 
comunidad dónde estén establecidas dichas empresas para promover la inversión localizada, 
con la logica de oponerse a la distribución de beneficios a accionistas capitalistas o al 
capital financiero por medio de intereses.

- Inversión en agricultura ecológica, ciertos sectores manufactureros y energéticos cómo 
las energías limpias. Incremento de la inversión en industria y agricultura que estos 
sectores recuperen peso y se pueda tener una estructura productiva más equilibrada y menos 
dependiente del exterior. Política de sustitución de importaciones por producción asentada 
en el territorio. Incremento de la inversión en transporte colectivo, educación, sanidad y 
protección social. Reducción de los sectores asociados con lo militar.

- Oposición a privatizaciones y externalizaciones. Reabsorción de lo privatizado con una 
progresiva democratización de la administración de lo público. Implicación del movimiento 
sindical, colectivos de usuarios de lo público y consejos municipales de la población, en 
general. Ampliación de los servicios públicos. La ampliación de los servicios debe ir en 
línea con la construcción de una economía socializada que satisfaga las necesidades 
básicas de las personas. Además deberán conectar paulatinamente con los proyectos 
autogestionarios actuales y futuros que intentan cubrir las necesidades básicas sin pasar 
por los cauces del Estado.

Conclusiones

Todas estas líneas de actuación en lo inmediato se corresponden con reivindicaciones 
levantadas por los movimientos populares de nuestros días y de nuestro pasado. Sus 
defensores y defensoras deberán, en todo caso, insertarse en los movimientos y estar 
atentos a sus necesidades y posibilidades, así como a sus innovaciones y desarrollos 
teóricos y prácticos, para adoptar y hacer suyas las reivindicaciones populares y de los 
movimientos sociales que abran espacios para la transición a la democracia económica que 
estamos propugnando. Eso implica que las reivindicaciones para el ahora deben ser 
entendidas de una manera dinámica y no dogmática, partiendo de la base que conforman un 
armazón para el fortalecimiento del poder popular, de manera que este pueda plantearse el 
avance hacia las posiciones del programa. No se trata de reivindicaciones que puedan ser 
fácilmente asimilables por el sistema sino precisamente que debiliten su fuerza y lo hagan 
insostenible, además de otorgar poder a las clases oprimidas para que puedan seguir 
avanzando. Tampoco se trata, de fines en sí mismos ni de dogmas teóricos, sino de 
aproximaciones a la necesidad de un proceso de refuerzo del poder popular y la democracia 
de base que permitan generar la infraestructura (de conocimientos, de militancia, de 
experiencia, de recursos, etc.) y el proceso pedagógico necesarios para la 
autoorganización social más allá de la lógica económica capitalista y las estructuras 
políticas autoritarias.

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