(ca) [México] Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que rea lmente está en juego

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Mon Oct 19 16:45:34 CEST 2009


No se trata de hacer una defensa a ultranza de las mafias sindicales que
tanto han dañado al país y a sus trabajadores. Pero tampoco podemos
ignorar hechos que están ahí.

Resultaría muy difícil encontrar entre los mexicanos a usuarios
satisfechos del desempeño de su compañía estatal de servicio de
electricidad. Además de las deficiencias (fluctuaciones de voltaje) y
fallas (apagones constantes) últimamente se han agregado incrementos
desmesurados en las tarifas. No es extraño, entonces, que resulte
relativamente sencillo enardecer la animosidad de los usuarios por medio
de una campaña mediática (propagandística) en contra de sus trabajadores
o, más concretamente, en contra de su dirigencia sindical. Algunos
comentaristas (incluso independientes) celebran que el gobierno haya
decidido, dicen, poner un hasta aquí a uno de los sindicatos más antiguos
(95 años), grandes y poderosos del país.

Durante décadas, los gobiernos (primero priistas y después panistas) han
tolerado e incluso incentivado la conformación de dirigencias sindicales
al servicio de los patrones y del gobierno a cambio de prebendas y nula
fiscalización. El corporativismo mexicano se ha caracterizado por el
intercambio de favores entre cúpulas sindicales y gubernamentales
espurias. Una clase empresarial rapaz y coludida con gobiernos corruptos y
a su servicio son apenas dos de las cuatro patas que sostienen el modelo
mexicano, las otras dos son el sindicalismo a modo y el poder económico
trasnacional.

Sería muy celebrable que uno de los actores en cuestión (en este caso el
gobierno de México) decidiera cambiar dramáticamente este estado de cosas.
No es así, y el cúmulo de hechos que rodean el conflicto hacen poco
creíble la voluntad democratizadora y reformadora del gobierno. Veamos por
qué.

El supuesto origen del conflicto

Una de las prácticas de control del gobierno mexicano sobre los sindicatos
lo constituye la llamada "toma de nota" de sus dirigencias sindicales. Aún
cuando en sus orígenes dicho trámite constituía un simple aviso, al
gobierno, de cambio de dirigencia; con el tiempo se transformó en un
requisito para la transferencia de poder de una dirigencia saliente a una
entrante. Requisito por demás absurdo pues cualquier diferendo en la
elección de nuevas dirigencias sindicales debe ser resuelto al interior de
los propios sindicatos o por instancias establecidas por ley; en este caso
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA). Tan absurda
resulta esta “toma de nota” como requisito para el cambio de dirigencia
que el propio partido actualmente en el poder (PAN) solicitó su
eliminación, como bien nos lo recuerda Arturo Alcalde Justiniani (1):

"El propio Vicente Fox, días antes de su elección, el 7 de junio de 2000,
suscribió públicamente un compromiso ante organizaciones y personalidades
de la sociedad civil, en su octavo y noveno apartado protestó eliminar el
trámite de registro y de la toma de nota ante la autoridad laboral y
establecer el registro público de sindicatos y contratos colectivos".

Ahora, el gobierno del también panista Felipe Calderón utiliza la “toma de
nota” para desconocer la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) aún cuando la autoridad respectiva (JFCyA) no ha
emitido fallo alguno. Casualmente, y de la misma manera que sucedió hace
algunos años con el sindicato del Instituto Mexicano del seguro Social
(IMSS), los medios masivos de comunicación han emprendido una campaña de
linchamiento para justificar la acción del gobierno y para (de)mostrar la
“necesidad” de privatizar los servicios que ofrece esta compañía estatal.

El argumento esgrimido por el actual secretario del trabajo (Javier
Lozano) de que hubo “irregularidades en el proceso de elección” de la
nueva dirigencia del sindicato no suena muy afortunado en boca de un
funcionario de un gobierno cuyas “irregularidades en el proceso de
elección” fueron desestimadas por su principal beneficiario (Felipe
Calderón, su jefe) con altas dosis de cinismo al responder que él había
ganado la elección presidencial “haiga sido como haiga sido”. No es ningún
milagro que hasta hoy (tres años después) el gobierno de facto de Felipe
Calderón no haya exhibido las boletas electorales que supuestamente le
dieron el triunfo. Si las boletas no han sido destruidas todavía es por la
tenacidad de algunos mexicanos que han apelado a organismos
internacionales para su conservación. A nadie escapa que aún cuando ya no
tengan ningún valor jurídico (la elección ya fue convalidada por las
instancias legales) el principal beneficiado de su revisión sería Felipe
Calderón si, como han querido hacernos creer, él hubiera ganado en los
sufragios presidenciales del 2006.

Pero más allá de lo desafortunado del argumento de Lozano o del
reconocimiento del propio PAN de lo inapropiado del “requisito” de la
“toma de nota” por parte del gobierno federal, existen otros hechos que
han sido poco ventilados (o deliberadamente ocultados) y que permiten
comprender de manera más objetiva esta embestida por parte del gobierno de
Calderón al SME.




El verdadero origen del conflicto

Algo que muy pocos mexicanos saben es que con los mismos cables que
reciben el suministro eléctrico podrían recibir servicio telefónico y
trasmisión de imágenes y datos (internet). Desde hace ya varios años la
compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC la paraestatal que proporciona
electricidad a la mayoría del territorio mexicano) ha venido sustituyendo
su cableado por la denominada “fibra óptica”. Actualmente LyFC cuenta con
una red de aproximadamente 1,100 Km concentrada, sobre todo, en la zona
centro (Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Morelos); que es con
mucho la zona de mayor concentración demográfica y de actividad industrial
en el país.

A sabiendas de esto, hace ya algunos meses una empresa privada cuyo origen
es español (WL Comunicaciones) pero cuyos accionistas nacionales
principales son dos exsecretarios de energía (Fernando Canales Clariond y
Ernesto Martens) firmó acuerdos con la paraestatal para hacer uso de dicha
red de fibra óptica. Sin embargo, el contrato colectivo de la paraestatal
señala que “si a una empresa se le concede el usufructo de alguna
infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, el sindicato tendría el
derecho de tener una concesión espejo para dar el mismo servicio.” Así, el
sindicato solicitó ejercer su derecho a brindar servicios de comunicación
a través del tendido eléctrico en un mercado creciente cuyo volumen de
ventas se estima en decenas de miles de millones de pesos. Este, y no
otro, parece ser el motivo de encono de la administración calderonista con
el SME.

Uno de los principales reclamos de la sociedad a Felipe Calderón ha sido
la eliminación de los virtuales monopolios en telefonía (Telmex, de Carlos
Slim) y televisión (Televisa de Azcárraga y TV Aztecas de Salinas). No
obstante, nada ha hecho el actual gobierno para estimular la apertura de
dichos mercados. Al parecer Calderón ha optado por “arbitrar” entre los
poderosos consorcios que patrocinaron su asenso (Telmex y Televisa) no
permitiéndoles invadir el terreno de uno u otro pero garantizándoles sus
respectivos monopolios. Quizá algunos de sus correligionarios y socios
podrían empezar a competir en el jugoso mercado del triple play (voz,
imagen, datos) pero por supuesto no una agrupación de trabajadores y menos
aún de un sindicato que se orienta a la izquierda y que ha manifestado su
simpatía por el líder de oposición más popular del país: Andrés Manuel
López Obrador.

Ahora comienzan a esclarecerse las verdaderas razones del gobierno de
facto para desconocer a la dirigencia sindical del SME. Causaría risa la
pretendida voluntad democratizadora del régimen de Calderón si no fuera
por sus excelentes relaciones con las peores mafias sindicales del país
como la de Elba Esther Gordillo (secretaria perpetua de los trabajadores
de la educación) o la de Carlos Romero Deschamps (líder de los
trabajadores petroleros) a quienes les hace los trámites de "toma de nota"
a pesar de las airadas protestas de sus propios "representados" (2). De
hecho, hace apenas unos días una resolución del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia del Trabajo ordenó a Lozano retirar la "toma de nota" a Romero
Deschamps hasta que se analicen los resultados del proceso en el que se
erigió como ganador (3). Ni Lozano ni Deschamps han dicho nada al
respecto.

La campaña de linchamiento

Como se comentó al principio es imposible avalar el desempeño de la
compañía suministradora de energía eléctrica en México. Sin embargo,
resulta sospechoso que se quiera responsabilizar de su mal desempeño
exclusivamente a sus trabajadores. No se debe olvidar que en los años
recientes el gobierno ha alentado la participación privada en la
generación de electricidad (ahora ya abarca 30% del total) y que, debido a
los cálculos erróneos de la presente administración (como aquel del
crecimiento de 5% anual), se han encarecido los costos y se ha retrasado
la recuperación de la inversión (5 mil millones de dólares). Esto explica
el aumento en las tarifas de la energía eléctrica y nada tiene que ver con
los trabajadores. Pero no solo eso, los recursos del estado hacia la
paraestatal han disminuido año con año y en muchos casos se han
subejercido. El pretendido subsidio a la energía eléctrica se aplica
mayormente a los consumidores industriales y no a las casas habitación.

Como ocurrió con el sindicato de los servicios de salud (IMSS) los medios
de comunicación se escandalizan en coro ante los “indignantes privilegios”
de los trabajadores del SME. No dicen, por ejemplo, que los altos
funcionarios de la empresa paraestatal (no del sindicato) pueden jubilarse
con una renta de 131 mil pesos mensuales después de “laborar” un año y
ocho meses (véase video en referencia 4) a diferencia de un trabajador que
debe "cotizar" 30 años para recibir una pensión irrisoria.

No nos confundamos, no se trata de hacer una defensa a ultranza de las
mafias sindicales que tanto han dañado al país y a sus trabajadores. Pero
tampoco podemos ignorar hechos que están ahí, a pesar de ser ignorados por
los grandes medios de este país. Bien puede ser que en la pasada elección
de dirigencia en el SME haya habido irregularidades pero no es al
secretario del trabajo a quien compete dirimirlas; menos aún actuando con
el doble rasero que hemos evidenciado.

Finalmente, para nadie es un secreto que Calderón tiene como objetivo
privatizar los pocos bienes que le quedan al Estado Mexicano con la
coartada de la supuesta falta de eficiencia. Como en el caso de la empresa
estatal de petróleo (PEMEX) las administraciones neoliberales de las
últimas décadas han tratado a toda costa de estrangularlas para poder
entregarlas al gran capital nacional y extranjero. En el caso de PEMEX
cuentan con el aval de un secretario general (Deschamps) al parecer tan
espurio como el jefe del ejecutivo federal (Calderón).






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