(ca) NOTA DE PRENSA: La universalización de la sanidad que nunca existió por SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad

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Lun Mar 4 08:25:44 CET 2019


El anuncio, tramitación y entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, 
sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, fue anunciado por el Gobierno de 
PSOE como que se recuperaba en el estado español la sanidad universal, en él se venía 
reformar el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud. ---- En este artículo se regula quienes son los Titulares del derecho a 
la protección a la salud y a la atención sanitaria, el  Reconocimiento del derecho a la 
protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos y la 
Protección de la salud y atención sanitaria a las personas extranjeras que encontrándose 
en España no tengan su residencia legal en el territorio español, y liga el derecho a la 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a la residencia en el territorio español.

Pero estos últimos días en los medios de comunicación han salido varias noticias que 
indican que la sanidad universal no es una realidad en el estado español:

- El Gobierno niega la sanidad pública a inmigrantes con papeles enfermos de cáncer, 
Enlace relacionado ElDiario.es del 17/02/2019. En este caso son inmigrantes que residen 
legalmente en el territorio español por reagrupación familiar.

- La Comunidad deja sin atención sanitaria a una mujer embarazada, Enlace relacionado 
Cadenaser.com Radio Madrid del 19/02/2019. Aquí son mujeres embarazadas que no pueden 
acreditar que llevan residiendo tres meses en el estado español.

Ya en noviembre de 2018 (15/11/2018) varios colectivos (Amnistía Internacional, Yo Sí 
Sanidad Universal, Médicos del Mundo y otras organizaciones integradas en la plataforma 
REDER) denunciaron que mientras no se adopte un reglamento que aclare el Real Decreto Ley 
7/2018 el derecho a la salud no estará blindado. Ante ello el Ministerio de Sanidad afirma 
haber enviado instrucciones y recomendaciones a las Comunidades Autónomas, que a día de 
hoy no se encuentran a disposición del público.

Este Real Decreto venía a sustituir al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones, que el PP aprobó para recortar el derecho a la 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, al ligarlo a estar asegurado/a, el 
reconocimiento de este derecho correspondía al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social(INSS), este Real Decreto dejó sin Sanidad Pública a los/las migrantes sin papeles, 
introducía el perverso concepto de estar asegurado/a y dejaba este reconocimiento en manos 
de un organismo que desde hace mucho tiempo dejó de financiar la Asistencia Sanitaria.

Los diferentes Servicios de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas se financian con 
cargo a sus respectivos presupuestos, dicho de otra manera cualquier persona que compre 
desde el pan hasta a un coche, utilice el transporte público, IRPF, etc paga y sostiene 
con sus impuestos el Sistema Nacional de Salud.

Además también sirvió para que aumentara el copago de los productos farmacéuticos, 
haciendo que los/las jubilados/as volvieran a pagar y que las/los paradas/os de larga 
duración, personas que perciban ayudas sociales, que no perciban ninguna ayuda, etc, pero 
que tienen su derecho a estar asegurados/as y/o beneficiarios/as tienen que pagar un 40% 
del Precio de Venta al Público, lo que ha hecho que muchas personas de estos colectivos 
hayan dejado de comprar medicamentos que les han sido prescritos.

El Real Decreto Ley 7/2018 que universalizaba la asistencia sanitaria no ha venido a 
resolver la situación de los migrantes con y sin papeles, ya que liga el reconocimiento al 
derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a la residencia en el 
territorio español tanto sean de nacionalidad española como migrantes, con papeles o sin 
ellos. La residencia en sí parece fácil de demostrar pidiendo un certificado de 
empadronamiento, pero cada vez es mayor el número de personas que viven en habitaciones 
alquiladas, en la calle, etc que no pueden empadronarse y no pueden obtener ningún 
certificado.

A esta dificultad se le añade otra, en el caso de los migrantes sin papeles que debido a 
su viaje y a la forma en que dejaron su territorio de nacimiento, difícilmente disponen de 
algún papel que demuestre tu identidad, por lo que les complica más su derecho a la 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos.

Es necesario habilitar formas que acrediten la residencia de una manera menos complicada: 
el pasaporte si le han puesto la fecha de entrada, un recibo de compra, un billete o 
tarjeta de transporte público, etc. Que hagan más fácil demostrar la residencia.

Y ahora llega el segundo requisito de la residencia, ¿cuánto tiempo hay que residir para 
poder tener derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos? En las 
informaciones publicadas se habla de 3 meses de residencia, que parece ser que es lo que 
se pide en la mayoría de las Comunidades Autónomas, ¿por qué  no más tiempo? ¿por qué no 
menos? Nosotras/os entendemos que las personas que vienen al estado español con la 
intención de quedarse a vivir, deben tener garantizado su derecho a la asistencia 
sanitaria con cargo a fondos públicos, sin esperar a tiempos de residencia. Esto hace que 
a las embarazadas, los/las niños/as y personas que necesitan atención de urgencia, y al 
amparo de los 3 meses de residencia, se les pida el pago de su asistencia sanitaria.

Otro caso parecido es el de las personas ascendientes reagrupadas, padres y madres de 
migrantes que llegan al territorio español, y que a pesar de que los tribunales les han 
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria con cargos a fondos públicos, se les sigue 
denegando este derecho de forma sistemática.

Aunque en el artículo 3 bis, en su apartado 1 establece que "El reconocimiento y control 
del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos 
públicos corresponderá al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la 
colaboración de las entidades y administraciones públicas imprescindibles para comprobar 
la concurrencia de los requisitos a los que se refiere el artículo 3.2, en la forma en que 
se determine reglamentariamente". La realidad es que todas las personas interesadas en 
tramitar su derecho son atendidas, en la mayoría de los casos, en los Centros de Salud, 
por trabajadoras/es, que no han recibido en su inmensa mayoría la formación adecuada, 
recordemos que no hay ningún reglamento, ni instrucciones que lo desarrollen, que a lo 
sumo tienen manuales y/o instrucciones del Servicio de Salud correspondiente y que no 
están muchas veces muy claras, y en base a esas instrucciones toman decisiones de tramitar 
o no el derecho a la asistencia sanitaria con cargos a fondos públicos, cuando se debería 
articular un mecanismo legal para con la mayor brevedad posible, en 2 o 3 días, se les 
conteste con las garantías legales oportunas a su solicitud, por personas con mas 
formación o debidamente autorizadas.

Hay una cosa en este Real Decreto que debe ser eliminada, en el artículo 3 ter, en su 
apartado 3 establece que "Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, 
fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que 
acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial a la que 
se refiere este artículo", el hecho de establecer un documento diferente a la tarjeta 
sanitaria ya establece por sí mismo una discriminación y que puede limitar el derecho a la 
asistencia sanitaria.

Si de verdad el PSOE quiere ser recordado por haber devuelto la SANIDAD UNIVERSAL, tiene que:

- Aprobar el reglamento e instrucciones, que sean lo suficientemente claras para se deje 
de excluir de este derecho a los colectivos antes mencionados.

- Regular un procedimiento administrativo para el reconocimiento a la asistencia sanitaria 
con cargos a fondos públicos, que las decisiones se tomen de forma rápida y ágil y con las 
garantías legales oportunas.

- Que se expida a toda aquella persona que lo solicite un único modelo de tarjeta sanitaria.

- Que toda persona residente en el territorio español autóctona o migrante tenga derecho a 
asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, independiente del tiempo que lleve 
residiendo.

- Debe eliminarse el copago de medicamentos para las/los jubilados/as y para las/los 
paradas/os de larga duración, personas que perciban ayudas sociales, que no perciban 
ninguna ayuda, etc, para que no dejen de comprar los fármacos que les prescriban.

PORQUE NATIVA O EXTRANJERA SOMOS LA MISMA CLASE OBRERA.

POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y VERDADERAMENTE UNIVERSAL.

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