(ca) cgt catalunya: Un curso para olvidar - Artículo d'Emili Cortavitarte

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Lun Ago 13 07:54:01 CEST 2018


«La persecución de docentes intenta conseguir un determinado relato de la situación, hacer 
tambalear la escuela pública y censurar la capacidad de reflexión y análisis crítico» ---- 
El curso 2017-2018 ha sido oscuro o con muchos claroscuros. No desde el punto de vista de 
las actividades y las relaciones educativas y afectivas entre alumnado, docentes y 
familias, pero sí en sus aspectos más institucionales. Y digámoslo claro: estas colisiones 
y desacuerdos se han producido tanto con España como con la Generalitat. A continuación, 
las que en mi opinión han sido más duras y significativas. ---- 1. Las denuncias por 
adoctrinamiento. Por un lado, la voluntad de tergiversar los hechos del 1 de octubre y, 
por otro, la de evidenciar el discurso del adoctrinamiento independentista del alumnado 
catalán confluyeron para abrir 135 expedientes que implicaban 500 docentes, según el 
delegación del Gobierno. De estos casos, llegaron a los tribunales y los medios de 
comunicación los de la Seo de Urgel y Sant Andreu de la Barca.

En este último caso, las denuncias procedían de familias de miembros de la Guardia Civil, 
que acusaban ocho docentes del Instituto El Palau de haber menospreciado y criticado sus 
hijas e hijos en presencia del resto de alumnos. Estas denuncias no se vehicular 
directamente al profesorado supuestamente involucrado, ni la dirección del centro, ni a la 
inspección educativa.

La persecución de estas docentes en determinados medios (dando nombres, publicando fotos, 
especulando con sus perfiles en las redes ...), desde el PP y Cs y desde las instituciones 
del Estado, ha supuesto una auténtica pesadilla para a estas personas -han pedido traslado 
de centro y ha introducido la idea -muy cercana a la ley mordassa- que determinadas 
situaciones no se comentan ni se ponen a discusión con el alumnado, aunque lo pidan. Se 
trata, pues, de conseguir un determinado relato de la situación, desmontar o hacer 
tambalear la escuela pública y censurar la capacidad de reflexión y de análisis crítico 
que toda educación transformadora debe comportar.

Las respuestas de la comunidad educativa han sido concentraciones ante las delegaciones 
del Gobierno, un acto en San Andrés de la Barca bajo el lema Educando en libertad el 3 de 
junio y una manifestación en Barcelona el 10 de junio, además de miles de fotografías 
solidarias publicadas en las redes acompañadas de la frase «Yo también soy docente de El 
Palau».

2. La aplicación del artículo 155. Aparte de usurpar el autogobierno y de destituciones y 
nombramientos, la medida más significativa -y, sin embargo, no la más comentada y 
criticada- ha sido la renovación de los conciertos educativos los centros privados.
Es evidente que la convulsión política, la represión y la aplicación del 155 (dos 
responsables de la conselleria y pocos meses de gestión) han complicado mucho la tarea de 
la Generalidad en materia educativa. Pero no es menos cierto que, en este aspecto, como en 
otros, hay voluntad y criterios para sacar adelante políticas educativas que se alejen de 
los modelos neoliberales (enmarcados por la LEC, la LOMCE y el plan Bolonia) y que 
fomenten un modelo educativo firmemente anclado en la red pública con un proyecto claro 
hacia una educación compensadora, de calidad y crítica.

Sin embargo, lo que nos encontramos no va en esta línea. Se han mantenido las medidas 
neoliberales de principios de la década (gobierno Mas). La desinversión -por el que la LEC 
es de obligado cumplimiento y desarrollo, excepto en el gasto del 6% del PIB a partir de 
2018? - afecta gravemente la calidad de la educación pública en temas como sustituciones 
desde el primer día, refuerzos y desdoblamientos, creación de nuevos centros públicos en 
vez de barracones, gastos de funcionamiento de los centros, formación a docentes (un 65% 
menos respecto a 2011), recuperación salarial (de los recortes más duros en comparación 
con otros territorios) y de condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores (no 
reducción de una segunda hora lectiva y carácter lectivo de las dos horas de reducción de 
los y las mayores de 55 años),

3. La selección a dedo del personal docente y la pérdida de democracia en los centros 
públicos. La aplicación del decreto de plantillas y direcciones de la LEC se ha continuado 
profundizando, y el departamento ha permitido y fomentado el número de puestos de trabajo 
elegidos bajo criterios de las direcciones de los centros, mediante las plazas con perfil 
y las adjudicadas por entrevistas que afectan cualquier puesto de trabajo de los centros 
de máxima complejidad, y los de matemáticas y lenguas catalana y castellana de secundaria.

La línea entre los criterios pedagógicos y los criterios personales es muy difusa (como 
conocen todas las personas que han sido sometidas a situaciones similares). Si a esto le 
añadimos la absoluta discrecionalidad que se concede a las direcciones y el corto espacio 
en los procesos -que, además, coinciden con el final de curso y el inicio de las 
vacaciones-, nos encontramos con cientos de casos de docentes interinas afectadas por 
decisiones que no son consultadas ni discutidas en ciclos, claustros o consejos escolares.

La aplicación, de manera cada vez más generalizada, de estos criterios de selección de 
personal, al gusto neoliberal y gerencial, está suponiendo una grave alteración de la 
democracia en los centros públicos, no sólo en cuanto al personal docente, sino también 
hacia las familias. Está creando un ambiente de trabajo y de convivencia de fuerte 
disciplina y falta de crítica y participación voluntaria. En definitiva, de clientelismo. 
Las discrepancias y las propuestas alternativas totalmente constructivas pueden ser 
motivos de no reclamación para el curso siguiente.

4. Conciertos educativos (especialmente con centros discriminadores). La renovación de los 
conciertos se hizo en la etapa del 155; sin embargo, ya pesar de algunas promesas, nada 
parece indicar que se tomen medidas, ni siquiera cosméticas.

Hace poco, una denuncia de CGT Enseñanza a la Inspección de Trabajo supuso una sanción de 
50.002 € en la escuela Viaró por discriminación por razón de sexo y vulneración del 
derecho a la igualdad de las mujeres en la contratación del profesorado. Los 16 centros 
vinculados al Opus continúan recibiendo subvenciones por valor de 30 millones de euros.

* Emili Cortavitarte es militante de CGT Enseñanza. Artículo publicado en el diario Jornada
https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180804/un-curs-oblidar#.W2XL724CEow.twitter

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article12909#.W2yXr99fjCI


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