(ca) Desde Apoyo Mutuo compartimos el manifiesto por la despenalización del Top Manta.

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Dom Feb 26 08:35:33 CET 2017


Todas somos personas con derecho a la vida y al trabajo. La Ley de Extranjería 
imposibilita ejercer este derecho a nuestras vecinas y vecinos migrantes. Además, la 
penalización de la venta callejera cierra la puerta a la regularización de su situación y 
criminaliza la pobreza. Condena a la exclusión en lugar de darle soluciones. ---- 
Defendemos una democracia social que no establezca muros ni barreras entre personas 
independientemente de su origen, etnia, condición económica, género, edad, orientación 
sexual... https://despenalizamanta.wordpress.com/ ---- Este es un manifiesto dirigido a 
aquellos que creemos que las vidas de todas las personas valen lo mismo. A todas aquellas 
personas que deseamos para los demás lo mismo que deseamos para la gente que amamos. A 
quienes creemos firmemente que el mundo es un recurso que todos sus habitantes deben 
cuidar y disfrutar con las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. A quienes 
pensamos que la globalización es un espacio/tiempo para organizar un reparto cada vez más 
democrático de la riqueza y de la toma de decisiones, en vez de un horizontes a temer y 
destruir hiriéndolo de fronteras, muros, vallas, leyes de extranjería y políticas 
securitarias. A quienes trabajamos para hacer que la seguridad sea cada vez un resultado 
de comunidades humanas más igualitarias y tejedoras de vínculos sociales fuertes, y cada 
vez menos el objetivo de políticas del miedo que dibujan paisajes donde la pluralidad es 
una amenaza, la diversidad un enemigo, la pobreza un delito.

Nosotras y nosotros defendemos, por lo tanto, el derecho a la movilidad de las personas 
que huyen de las guerras o del hambre, de la persecución por razones étnicas, religiosas, 
de identidad o práctica sexual. También los derechos de quienes simplemente se desplazan, 
muchas veces con dolor pero siempre cargados de sueños y aspiraciones, en busca de una 
vida mejor. Estamos empeñadas y empeñados en seguir construyendo sociedades donde nuestras 
amigas, hijos, madres, vecinos y compañeras tengan siempre la oportunidad de acceder a los 
bienes y derechos básicos para llevar adelante proyectos de vida dignos. Sabemos que no 
hablamos en absoluto de utopías, sino de objetivos absolutamente alcanzables.

Concretando estas demandas en el rincón de la tierra donde nos ha tocado vivir, lo que 
pretendemos es ir desmontando piedra a piedra el elevado muro de la vergüenza que hoy 
criminaliza la pobreza en el Estado español. Una de sus piezas más duras se llama Ley de 
Extranjería y entre sus perversos efectos está la condena a vivir sin derechos para miles 
de personas.

Si repudiamos el muro de Trump no podemos permitir que existan muros visibles e invisibles 
que impiden que muchos de nuestros vecinos y vecinas no dispongan de un estatus jurídico 
que les permita acceder, no solo a derechos básicos como la salud o la educación, sino 
simplemente a vivir.

Ante la imposibilidad de obtener un contrato de trabajo -a la situación de falta de empleo 
en general se suma, en el caso de la población migrante, el estatus de irregularidad 
administrativa o de "sin papeles" a causa de la Ley de extranjería-, muchas personas 
inmigrantes han de buscarse la vida, como sabemos, vendiendo en las calles. La venta 
ambulante siempre ha sido una vía de obtención de ingresos para las capas de población más 
empobrecidas. En la Europa de la austeridad y el neoliberalismo, esta es una situación a 
la que se ve abocada un porcentaje de población cada vez mayor. Para los inmigrantes de 
origen subsahariano, muchos de ellos residentes en nuestras ciudades desde hace más de 10 
años, esta ha sido y sigue siendo una vía de salida que les permite ir sobreviviendo. En 
ese sentido, las alternativas son pocas: o son explotados como jornaleros o en el empleo 
doméstico, o venden en la calle. No caben más opciones. Y recordemos, cuando un mantero es 
condenado por vender, esto cierra de facto cualquier posibilidad de regularización futura 
debido al tema de los antecedentes penales. Esto es lo que llamamos criminalización de la 
pobreza.

En el año 2010, gracias a un enorme trabajo de organización y visibilización de la 
problemática por parte de colectivos de manteros de todo el Estado, la venta ambulante o 
"top manta" no se llegó a despenalizar, que era el objetivo buscado, pero sí se introdujo, 
al menos, una tipo muy atenuado. Esto es para determinadas situaciones, como las que nos 
ocupan, la pena pasaba de cárcel a multas y trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta situación se mantuvo hasta el año 2015, momento en el que entró en vigor una de las 
reformas más restrictivas y cuestionadas del Código Penal, que volvió a penalizar con 
penas de prisión esas conductas en su artículo 274.3.

Por todo esto, hoy pedimos que las instituciones vuelvan a reconocer, como lo han venido 
haciendo durante los cinco años anteriores al 2016, que la venta al por menor de productos 
protegidos por las leyes de propiedad industrial e intelectual, no puede ser penalizada 
como delito y afectada por penas de multas y de privación de libertad, porque son medidas:

desproporcionadas, pues conducen a la imposición de una pena que no guarda proporción con 
la gravedad de los hechos (cabría recordar aquí que la legislación española considera una 
mera falta el delito contra la hacienda pública por una cuantía inferior a 120.000 euros)
ilegales, porque contradicen el principio de intervención mínima, esto es, el recurso al 
derecho penal como última ratio. En ese sentido y como se ha señalado, la venta ambulante 
fue despenalizada en el año 2010
inadecuadas, ya que la finalidad de prevención general asociada a las penas no concurre en 
los casos que nos ocupan debido a la inexistencia de políticas que faciliten la 
integración laboral y social de las personas que desarrollan la venta ambulante. Así, 
cuando uno necesita sobrevivir y no tiene otra salida, ni siquiera la cárcel es una 
amenaza disuasoria
injustas y antidemocráticas: porque en ausencia de una política criminal coherente con 
nuestra Constitución, criminalizan la pobreza a través del Código Penal
PEDIMOS, EN DEFINITIVA, LA DESPENALIZACIÓN DEL "TOP MANTA"

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