(ca) [Argentina] Prision perpetua a los Asesinos de Dario y Maxi

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Tue Jan 10 21:47:38 CET 2006


       ANRED / LUNES 9 de enero
Pena de prisión perpetua para Fanchiotti y Acosta, autores materiales de
los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki
Fanchiotti y Acosta en la Estación de Avellaneda.
El Tribunal Oral n°7 de Lomas de Zamora sentenció a pena de prisión
perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al ex cabo Alejandro Acosta
por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los dos
piqueteros asesinados durante la represión del 26 de junio de 2002 en la
ciudad de Avellaneda. También se los condenó por tentativa de homicidio
por otros siete heridos de bala de plomo. Vega, Quevedo, de la Fuente,
Sierra y Colman -ex efectivos que actuaron en la masacre, acusados de
encubrimiento agravado- recibieron entre cuatro y dos años de prisión. El
veredicto para Robledo, policía retirado que realizó detenciones, es de 10
meses de prisión en suspenso. Los responsables políticos no fueron
juzgados y, por lo tanto, no tienen condenas.
          Por ANRed - L

  Quiénes son los asesinos, quiénes los encubridores, cuáles son sus condenas

Alfredo Fanchiotti.

 El ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro
Acosta, coautores de doble homicidio agravado por alevosía y siete
tentativas de homicidio: pena de prisión perpetua (25 años).

   Félix Vega -ex comisario mayor-, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente
-ex policías- como autores de encubrimiento agravado: 4 años de
prisión, con cumplimiento efectivo de la misma.

   Gastón Sierra -ex policía- por encubrimiento agravado: 3 años de prisión.

   Lorenzo Colman -ex policía- por encubrimiento agravado: 2 años de prisión.

  Tanto Sierra como Colman no irán a prisión.

   Francisco Celestino Robledo -policía retirado que realizó detenciones-
por usurpación de título y honores (usurpación de autoridad): 10 meses
de prisión en suspenso e inhabilitación por 20 meses para ejercer la
función pública.


Mario de la Fuente.
El 26 de junio de 2002, en una jornada de protesta llevada a cabo por
varias organizaciones de trabajadores desocupados, el corte del Puente
Pueyrredón fue brutalmente reprimido por un operativo del cual
participaron más de 400 efectivos, tanto uniformados como de civil. Fue la
primera vez que actuaron conjuntamente las tres fuerzas federales
(Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) y la Policía bonaerense. Se
convocó además a personal retirado que actuó como paramilitar.

  Maximiliano Kosteki (MTD-Guernica), primero, y Darío Santillán
(MTD-Lanús), después, fueron asesinados por integrantes del grupo de
tareas que dirigió Alfredo Fanchiotti.


Gastón Sierra.
Kosteki fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, sobre la
Avda. Pavón. La lesión en el pecho fue mortal; otros dos perdigones
atravesaron sus piernas. Una vez herido, sus compañeros lo llevaron hasta
la estación de trenes de Avellaneda para pedir una ambulancia. Allí
también estaba Santillán, quien, al advertir que policías entrarían a la
estación, dijo: "Me quedo yo, salgan". La mayoría escapó en el tren. Por
auxiliar a Maxi, por solidaridad, le dispararon a Darío: cinco metros
recorrió desde que se puso de pie y buscó la salida hasta que le dieron la
perdigonada completa de munición de plomo por la espalda.

  Si bien el disparo que mató a Darío fue efectuado por Acosta, tanto él
como Fanchiotti son responsables. Los testimonios, las pericias, las
imágenes televisivas y las fotos así lo demuestran. No se pudo
establecer quién de los dos asesinó a Maxi, ya que en filmaciones y
fotografías aparecen ambos disparando entre 40 y 60 metros de distancia.


Lorenzo Colman (de civil) y Carlos Quevedo.
"El grupo que actuó en la estación (de Avellaneda) al momento del
asesinato de Darío estuvo conformado por el comisario Fanchiotti, el
principal Quevedo, el oficial De la Fuente y los cabos Colman y Acosta.
Junto al parapolicial Robledo y al menos otros dos infantes, se movieron
en forma coordinada desde antes de que se iniciara la represión. El resto
de los policías fueron expresamente contenidos por el oficial De la
Fuente, quien dirigió el cordón de Infantería, y por otro agente apostado
junto a la entrada de la estación, señalando a sus camaradas que volvieran
a la formación.

  "En la estación hubo al menos cinco detonaciones echas con anterioridad
al asesinato de Darío, en los andenes, el patio y el hall de la
estación, en vidrios, puertas y ventanas, de manera tan alevosa como no
lo habían hecho en ningún otro tramo de la represión. Quienes los
efectuaron tenían la intención de que se escucharan las detonaciones y
se generaran corridas y caos. Fanchiotti diría que estos disparos
previos provenían de los piqueteros y eran los causantes de las muertes.


Francisco Robledo, policía retirado.
"Ya mencionamos el papel jugado por el oficial De la Fuente y el infante
que complementó su tarea en la entrada de la estación. El proceder de
Acosta y Fanchiotti, como evidencian las fotografías y testimonios,
consistió en aplicar sobre los manifestantes una particular versión de la
ley de fugas con la que represores y guardiacárceles fraguan
enfrentamientos: alentar una huída para fusilar por la espalda. El
principal Quevedo y el cabo Colman patearon a Darío en el piso cuando
agonizaba y le levantaron las piernas a Maxi para garantizar que se
desangrara. Ambos se preocuparon por encubrir las pruebas que los
incriminaban, recogiendo los cartuchos que dejaron rastros del plomo
utilizado". (Extracto del libro: "Darío y Maxi, dignidad piquetera: los
autores intelectuales y los responsables políticos que no investigó la
justicia")

  El oficial Gastón Sierra y el sargento Félix Leiva estuvieron sobre la
Avda. Mitre, en donde también hubo heridos por bala de plomo.

  Si bien es evidente que actuó otro grupo de tareas (ya que hubo más de
60 heridos por bala de plomo), la fiscalía se limitó sobre estos casos
puntuales.

  A quiénes no se juzgó

  Desde la primera audiencia, el Dr. Claudio Pandolfi (ver referencia al
final la nota) planteó la acusación jurídica hacia los responsables de
la Masacre de Avellaneda:

  "Alfredo Luis Fanchiotti y Alejandro Gabriel Acosta (...) implementaron
de manera coordinada y siguiendo un designio común un plan que tenía
como objeto disparar con sus escopetas, previamente cargadas con
cartuchos con postas de plomo, contra los manifestantes con el fin de
dar muerte a un número indeterminado de ellos (...) Carlos Quevedo,
Lorenzo Colman, Mario de la Fuente, Gastón Sierra, Félix Vega y
Francisco Robledo (...) cabe decir que esta parte apunta a probar sin
lugar a dudas que en los hechos de autos desplegaron conductas activas y
omisivas con el objetivo de prestar a los coautores (Fanchiotti y
Acosta) ayuda anterior, contemporánea y posterior en el desarrollo del
designio común antes señalado, por lo que acreditaremos la participación
secundaria de los mencionados en las tentativas de homicidio (...)
Preciso es ver los sucesos en su totalidad desarrollando ampliamente el
antes, el durante y el después del 26 de junio de 2002. Esto significa
que para entender mejor
 las conductas de los aquí imputados es necesario analizar la
responsabilidad de sus superiores jerárquicos y de los funcionarios
políticos en lo sucedido".




  Sin embargo, ningún funcionario fue juzgado, a pesar de que las órdenes
de reprimir provinieron del poder político. Ni Eduardo Duhalde (ex
presidente), ni Juan José Álvarez (ex secretario de seguridad), ni
Alfredo Atanasoff (ex Jefe de Gabinete), ni Felipe Solá (Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires), ni Jorge Vanossi (ex ministro de
Justicia), ni Luis Genoud (ex Ministro de Seguridad y Justicia de la
provincia de Buenos Aires), ni Jorge Matzkin (ex Ministro del Interior)
son juzgados. Así como tampoco el ex jefe de la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE), Carlos Soria, y su segundo, Oscar
Rodríguez.

  Los abogados querellantes exigieron que las desgrabaciones de los
funcionarios políticos que prestaron declaración durante este juicio
sean remitidas al Tribunal Federal n°4. Esta causa (n°14215) fue
iniciada por la madre de Kosteki y está referida a la responsabilidad de
los funcionarios que tenían cargos en el momento de la masacre. Este
pedido fue aceptado por el Juzgado.

  Por otra parte, heridos, familiares y abogados querellantes sostienen
que Félix Vega no puede ser juzgado por encubrimiento: como jefe del
operativo tiene responsabilidad por las muertes. De este modo, exigen un
nuevo juicio bajo la acusación de homicidio y lesiones.


Carlos Leiva, de civil.
El jefe de la superintendencia, Edgardo Beltracchi, al dar las órdenes a
las fuerzas policiales "también debe ser investigado".

  El accionar del Sargento Carlos Leiva, quien disparó balas de plomo, no
está siendo juzgado porque se mantuvo prófugo de la justicia hasta
después de que esta causa fue elevada. Leiva tendrá así un juicio por
separado.

  Cabe destacar que los policías bonaerenses Nestór Benedettis, Rubén
Callejas, Rubén Artaza, Guillermo Paggi, Osvaldo Ostrovski, Juan Puntano
y Roberto Bais, acusados por el delito de falso testimonio, continúan
prestando servicio.

  Otra causa abierta es la que originó el ataque al local de Izquierda
Unida en Avellaneda.


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           DARÍO Y MAXI: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE


Darío y Maxi el 26 de junio de 2002 (Foto: Argentina Arde)



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  ANEXO:

  En esta instancia, que se inició el 17 de mayo de 2004, se juzgó los
homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y las agresiones
con balas de plomo de Aurora Cividino, Sebastián Conti, Sebastián Russo,
Walter Medina, Silvina Rodríguez Barracha y Miguel Ángel Paniagua.

   El Tribunal Oral Nº 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora
(Camino Negro y Av. Larroque) estuvo integrado por los jueces Roberto
Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán.

   El fiscal encargado de la acusación durante el juicio fue el Dr.
Bernardo Schell.

   El ex-comisario Inspector Alfredo Fanchiotti fue defendido por el Dr.
Amilcar Chiodo; los ex-policías De la Fuente, Sierra y Robledo, por el
Dr. Javier Raidan; el ex cabo Acosta por el Dr, Vaca Paunero.

   La Dra. Claudia Brancamonte (Asociación Profesionales en Lucha - APEL)
fue la abogada de la Familia Kosteki y de Miguel Ángel Paniagua.

   Los doctores Mariano Bergés e Ignacio Irigaray representaron a la
Familia Santillán.

   El Dr. Rodolfo Yanzón (Liga Argentina por los Derechos del Hombre -
LADH) fue el abogado de Aurora Cividino.

   El Dr. Claudio Pandolfi (Alerta Argentina), la Dra. Sofía Caravelos
(Colectivo de Investigación y Acción Jurídica - CIAJ), el Dr. Rodrigo
Borda y el Dr. Gerardo Fernández (Centro de Estudios Legales y Sociales
- CELS) representaron a Sebastián Conti, Sebastián Russo, Walter Medina
y Silvina Rodríguez Barracha.


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